El sueño de llevar la capital del país a las puertas de la Patagonia es una de las medidas más recordadas del gobierno de Raúl Alfonsín. La iniciativa, impulsada a mediados de 1986, buscaba descentralizar el poder político y separarlo del poder económico, como una forma de implementar la fundación de una Segunda República más federal. Pese a que el proyecto se diluyó hace años, la ley que le dio origen aún está vigente, a la espera de su reglamentación.
El 27 de mayo de 1987 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.512, en la que se declaraba al Distrito Federal de Viedma-Carmen de Patagones (que incluía, además, a la ciudad de Guardia Mitre) como “la nueva Capital Federal de Argentina”. También establecía que las legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Río Negro debían ceder un total de 490 mil hectáreas para establecer allí el nuevo distrito.
Dos meses después de la sanción, el presidente radical creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital-Empresa del Estado (Entecap), a través del decreto 1156. Su principal objetivo era organizar la parte técnica y de infraestructura para concretar el traspaso de la capital.
Sin embargo, uno de los sueños de Alfonsín cayó en el olvido en poco tiempo. Luego de entregar su mandato por la crisis económica y política que atravesaba el país, el proyecto fue anulado por Carlos Menem. Este decidió disolver el Entecap mediante el decreto 1256, liquidando todos sus bienes y propiedades en la zona del distrito. Si bien hay algunos sectores que sostienen que aquella decisión se debió a una cuestión económica, otros la vinculan con la influencia de los sectores liberales -fervientes opositores al traslado-, y hasta con la presión de los medios de comunicación porteños.
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