lunes 17 de diciembre
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“Narcolandia”, de Virginia Messi y Juan Manuel Bordón

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En “Narcolandia: por qué Argentina se convirtió en el paraíso de traficantes colombianos”, Virginia Messi y Juan Manuel Bordón documentan la historia de los carteles de Colombia y cómo penetraron nuestro país durante la última década: las vendetas, los beneficios migratorios, la facilidad para lavar dinero, la vida de lujo, el puerto de salida de la droga hacia Europa, el espionaje y la disputa de poder detrás del negocio. Enemigos sangrientos compartiendo asados en la cárcel, cocaína en muebles de estilo, ex fiscales convertidos en caros abogados defensores, gloria y descenso de equipos de fútbol y funcionarios sospechados de complicidad con delincuentes internacionales.

El viernes 18 de octubre de 2013, nueve días antes de unas elecciones parlamentarias que para muchos eran el termómetro para las presidenciales de 2015, el intendente Sergio Massa presentó a un socio inesperado. El ex jefe de la Policía colombiana Óscar Naranjo, protagonista central de la cacería de los grandes carteles de Colombia y del proceso de desmovilización paramilitar, se reunió con el candidato a diputado en la Municipalidad de Tigre. El general retirado, que por entonces asesoraba al gobierno de México, fue presentado como “el hombre que venció al narcotráfico en Colombia”. El encuentro duró tres horas y se hizo a puertas cerradas, pero el equipo de campaña del Frente Renovador se encargó de difundir los elogios que Naranjo le había hecho a Massa y fotos de la reunión.

El aval y las fotografías con personajes de alto perfil son una vieja treta de campaña, pero que viniera de un policía colombiano convirtió ese encuentro en un episodio singular dentro de la política argentina. Esa clase de apoyo podía parecer irrelevante unos meses antes, pero no para octubre de 2013. El contrabando de cocaína y la pista de los narcos colombianos ya habían entrado de lleno en la campaña y en la agenda política.

La batalla en torno al narcotráfico comenzó a caldearse a fines de 2012, durante la sesión del 31 de octubre de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se debatía la propuesta oficialista del voto a los 16 años. Esa tarde, la diputada Elisa Carrió subió la tensión preguntando qué se les iba a ofrecer a los chicos de las escuelas a cambio de votos: “¿Dinero, acaso drogas?”. Sin embargo, fue una intervención que llegó poco antes de la medianoche la que hizo saltar la térmica.

Tras recordar el arresto de Hugo Tognoli, el ex jefe de la Policía santafesina acusado de encubrir narcos, el diputado kirchnerista Andrés Cuervo Larroque se puso irónico: “He leído sobre socialismo científico, he leído sobre socialismo real, nunca escuché en la historia de ninguna parte del mundo hablar del narcosocialismo. Es una pena”.

La chicana provocó un escándalo que terminó con los socialistas y sus aliados abandonando el recinto. No sería el último cruce picante en torno a este tema. En rigor, la primera decisión oficial de peso respecto al crecimiento de las redes internacionales de narcotráfico ocurrió a fines de 2011, con el envío de personal y equipamiento militar a la frontera norte del país para evitar la entrada de vuelos clandestinos. El plan, que estará vigente al menos hasta fines de 2014, se bautizó como Operativo Escudo Norte.

En lo que respecta a bandas colombianas, las piezas del tablero político de alto nivel recién entraron en juego en 2013. En julio de ese año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Colombia para hacer la primera visita oficial de un presidente argentino en más de una década. Era una devolución de gentilezas hacia el presidente Juan Manuel Santos, que había descongelado las relaciones bilaterales con una visita en agosto de 2011, pero también más que eso. En ese viaje se firmaron cinco acuerdos y dos de ellos tenían que ver con el problema narco. “Los tratados firmados sobre trata de personas y extradición son sumamente importantes” para “la lucha contra la trata de personas, el crimen organizado y el narcotráfico”, explicó la presidenta desde Bogotá.

Entre tanto, lejos del protocolo de las visitas presidenciales, en la Argentina la pista colombiana era la pirotecnia que marcaba el inicio de la campaña legislativa.

El todavía intendente de Tigre, Sergio Massa, había lanzado su candidatura a diputado el 7 de julio con un fuerte énfasis en la lucha contra el crimen y apenas diez días después el principal vocero del gobierno nacional en temas de seguridad le marcó la cancha. “En Tigre están los mayores narcotraficantes del mundo.

Una cosa es la publicidad y otra cosa son los hechos reales. No es un dato menor: en Nordelta atrapamos a la mayor cantidad de narcotraficantes, los más requeridos en el mundo”, sostuvo Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, en una entrevista radial. La respuesta inmediata corrió por cuenta de Felipe Solá, uno de los candidatos de Massa, que cruzó a Berni diciendo que “a ese comentario intencionado habría que responderle que los narcos entran por las fronteras, que son de competencia nacional”. Unos días más tarde, el martes 23 de julio, Massa redobló la apuesta. Presentó un escrito ante la Justicia Federal de San Isidro para que se investigue la supuesta presencia narco en Nordelta “y metan presos a uno, diez o cien narcos. A todos los que corresponda”.

La frase resultó profética. El 28 de octubre de 2013, horas después de las elecciones en las que Massa se impuso al candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires, se dio inicio al operativo antinarcóticos Fondo Blanco. Tras detener a cuatro personas e incautar 113 kilos de cocaína ocultos en una camioneta estacionada en el centro porteño, hubo varios allanamientos complementarios para detener al brazo financiero de la banda: todos eran colombianos y estaban radicados en distintos barrios de la zona norte, entre ellos el complejo Nordelta.

Los otros conflictos

Por esos días, al gobierno se le abrieron al menos dos nuevos frentes en el tema narcotráfico que no tenían que ver con las disputas por una banca. El 24 de octubre de 2013, los jueces federales de Salta y Jujuy le escribieron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia declarando un estado de emergencia. Entre otras cosas, hablaban de cárceles y juzgados colapsados como consecuencia de un aumento del 84% en causas por estupefacientes entre 2005 y 2012. También advertían sobre el “crecimiento preocupante” del tráfico y la “instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en esa clase de ilicitudes y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera” norte argentina.

El reclamo fue recogido por la Corte Suprema, que el 12 de noviembre les pidió a los ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, así como al Consejo de la Magistratura, que “arbitren de modo urgente” una serie de medidas reclamadas por los magistrados. La corte también recordó que un par de semanas antes había remitido un pedido similar “sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta”.

La reacción del gobierno estuvo otra vez a cargo de Berni, que les pidió autocrítica a la Justicia y a la oposición. Tras recordar los casos de connivencia con el narcotráfico en las filas de la Policía de Santa Fe y Córdoba,103 dijo que él mismo se había reunido con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, para pedirle más presupuesto y nombramientos en los juzgados federales de Tucumán, Jujuy y Salta. “Solamente estando en el lugar se puede comprender la situación y aportar soluciones viables para agilizar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Cuando invito [a jueces], inclusive a la Corte la he invitado a trabajar con nosotros en la frontera, muchos no quieren porque les dan miedo las víboras, las arañas o les molesta el calor”, comentó Berni por la radio.

La polémica con la corte llegaba pocos días después de la publicación de un duro documento firmado por un centenar de obispos. El texto planteaba un tema espinoso como las conexiones políticas y judiciales de los narcotraficantes establecidos en la Argentina, aunque se aseguraba de poner las sospechas en boca de otros. “La sociedad a menudo sospecha —escribieron los obispos en un documento titulado El drama de la droga y el narcotráfico— que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos.”

En el marco de una sucesión sin candidatos firmes para la presidencia, las brechas en torno al tema narco se abrieron incluso dentro del oficialismo. La más notoria ocurrió en febrero de 2014, a partir de unas declaraciones del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que aseguró que “Argentina era un país de tránsito [de droga] y ahora es un país de consumo y lo más grave, también es de elaboración”. Un par de días después, Berni salió a desmentirlo. No sólo dijo que “en la Argentina no se produce droga”, también remarcó que en sus conversaciones con el ministro, este jamás le había dicho tal cosa.

Otro dirigente del Frente para la Victoria que se apartó de la línea oficial en materia antinarcóticos fue el gobernador Daniel Scioli, que un mes antes de aquel cruce había declarado que quizá había que considerar la participación del Ejército en ciertas tareas antinarcóticos. La opción de militarizar la lucha contra el narcotráfico, tanto antes como después de esas declaraciones, ha sido desestimada de forma categórica desde el kirchnerismo.

El gobernador bonaerense, en cierta medida, ya era un reincidente en opiniones polémicas. Unos meses antes había planteado que la ley de derribo de vuelos ilegales era “un debate que hay que dar”. Curiosamente, esa postura lo acercaba a Sergio Massa, el hombre cuyas opiniones en materia de drogas habían sido duramente criticadas a lo largo de la campaña legislativa que en 2013 los tuvo en veredas opuestas.

Plegarias atendidas

El Operativo Fondo Blanco, que llegó horas después de esos comicios legislativos, giró en gran parte sobre las actividades de lavado de dinero del narcotráfico. Y puntualmente en torno de una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, a la que iban diariamente la inmensa mayoría de los implicados. Durante los allanamientos del 28 de octubre, la Policía secuestró una curiosa carta que el pastor colombiano David Andrés Acevedo Muñoz, uno de los detenidos, le habría enviado a uno de sus superiores en Colombia contándole la pelea política argentina.

En ese documento de Word encontrado en la computadora de su casa, Acevedo Muñoz cuenta que en algún momento de 2013, ya en plena campaña, lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter. El hombre le avisó “que había recibido un llamado muy importante” y que se tenían “que reunir con él urgentemente”. En ese encuentro, dice la carta, el arquitecto le contó al pastor que “lo había llamado el alcalde de Tigre [para] decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento” por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yépez Gaviria, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo.

Siempre de acuerdo con el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. El mail luego incluye una nueva referencia a Massa: dice que el alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era “que él está disputando con la presidenta y ella quiere opacar la campaña de este alcalde ya que ella dice que en Tigre alberga a los narcotraficantes”.

Las detenciones en Nordelta finalmente no jugaron en la campaña de 2013, ya que se produjeron inmediatamente después de las elecciones. Pero sí reforzaron la hipótesis de que ese country de Tigre, territorio del principal opositor al gobierno, se había convertido en un fortín de narcos.

Como nunca antes, 2013 fue el año en que el narcotráfico se metió en la agenda política. El aluvión de narcos colombianos a la Argentina les dio material de artillería a todas las partes en pugna. En tiempos de campaña presidencial, son inciertas las bajas que pueda haber en esta guerra.

Narcolandia
Publicada por: Sudamericana
Fecha de publicación: 04/15/2014
Edición: Primera Edición
ISBN: 9789500747547
Disponible en:Libro de bolsillo

 

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