lunes 10 de diciembre
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Castigan al alcalde en un cepo por hacer mal su trabajo

En la mayoría de los países, la única forma de castigar a políticos y funcionarios por no hacer su trabajo en forma adecuada es no votarlos en las próximas elecciones, pero en Bolivia tienen algo original llamado “justicia social”.


La gente de San Buenaventura, un pequeño pueblo en el norte de Bolivia, recientemente hizo buen uso de su derecho constitucional a la justicia social al poner a su alcalde, Javier Delgado, en un cepo durante una hora, para hacerle saber que no están satisfechos con sus servicios.

Las fotos del alcalde deshonrado sentado en el suelo con una pierna atrapada en el dispositivo de contención medieval, mientras estaba rodeado de gente enojada se viralizaron rápidamente en las redes sociales y sitios de noticias.

El 25 de febrero, el alcalde Javier Delgado debía inaugurar un puente construido con fondos estatales y municipales, pero cuando llegó al sitio, se sorprendió al saber que la multitud que lo esperaba no estaba allí para asistir al evento, sino para enseñarle una lección. Sin siquiera molestarse en explicar por qué lo castigaban, simplemente agarraron a Delgado y lo pusieron en el cepo de madera.

“Ni siquiera me dieron la oportunidad de averiguar por qué me estaban sometiendo a este castigo, pero no opuse resistencia porque sabía que existía el riesgo de que las cosas se complicaran aún más”, dijo el alcalde. “Más tarde, me dieron la oportunidad de explicar y luego me pidieron disculpas, ya que vieron que habían sido manipulados y desinformados por esta gente”.

Por “esta gente”, Delgado se refiere a sus adversarios políticos y empresarios locales que intentan socavar el trabajo que ha realizado en más de dos años de servicio a la comunidad. Afirma que estas personas están compradas por los transportistas fluviales y las compañías madereras, cuyos intereses se han visto afectados por algunas de sus políticas.

Sin embargo, Daniel Salvador, oriundo de San Buenaventura, dijo que el alcalde Delgado había sido castigado por no cumplir sus compromisos con la comunidad local, mentirles y no convertirlos en su prioridad cuando solicitan audiencia.

Para empeorar las cosas, esta era en realidad la tercera vez que el alcalde Javier Delgado probó la justicia social durante su mandato de dos años y medio. La primera vez, lo pusieron en el cepo solo unos meses después de asumir el cargo, mientras que la segunda vez, los miembros de la comunidad se hicieron cargo de su oficina y lo mantuvieron alejado durante dos meses. Temiendo por su vida, huyó a un pueblo vecino, hasta que una comisión de autoridades indígenas puso fin al conflicto.

“Soy una de las pocas personas en todo el país que han sido sometidas a estos castigos tradicionales”, se quejó Delgado.

Al igual que muchas otras comunidades indígenas en Bolivia, la gente de San Buenaventura se gobierna de acuerdo con tres principios básicos:  “ama qhuilla, ama llulla, ama suwa (no seas perezoso, no seas mentiroso, no seas ladrón)”  y recurren a la justicia social cada vez que alguien infringe alguno de ellos. La justicia social ha sido incluida en la constitución del país en 2009, aunque solo es aceptable en el caso de delitos menores, como la invasión de propiedad privada o el robo de ganado. Los crímenes graves todavía tienen que ser referidos a los tribunales.

 

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