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miércoles 25 de noviembre de 2020
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Propiedad de la propiedad

El escándalo por la toma de un campo de la familia Etchevehere por parte de la hija del clan, Dolores, y un grupo de militantes que responden a Juan Grabois con la intención de poner en marcha el denominado “proyecto Artigas” y el violento desalojo del predio de Guernica, ocupado por cientos de bonaerenses pobres, le sirvieron a los sectores más reaccionarios de la sociedad para agitar el fantasma de la “revolución comunista” y expresar con claridad que no están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios.

El desalojo del campo de una de las familias más poderosas del país concluyó a modo de sainete. Todas las partes en pugna, en cierto modo, se beneficiaron con el desenlace. El costo político lo pagó en soledad el gobierno de Alberto Fernández. Un poco por la cercanía de Grabois y otro tanto por la insólita presencia en la toma de una funcionaria nacional. Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, encontró la plataforma ideal para su proyección política. Hasta la tranquera de la estancia Casa Nueva peregrinaron Patricia Bullrich y gran parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC). Seguramente Luis Miguel será el año próximo candidato a legislador por Entre Ríos. Dolores, a pesar del revés judicial, logró visibilizar la pelea familiar y exponer el maltrato al que la sometieron históricamente sus hermanos. Grabois logró difundir su proyecto de entrega de tierras y vivienda popular. Idea que elogió el Presidente Fernández después de condenar expresamente las tomas en una entrevista radial.

El desalojo del predio de Guernica terminó de manera violenta y aquí también los costos políticos los pagó el oficialismo, en este caso, provincial. A pesar de una negociación de tres meses y de haber logrado que gran parte de las familias aceptaran un plan de reubicación, los sectores vinculados a la militancia barrial y de izquierda –un cuarto de los ocupantes– con apoyo de sus organizaciones decidieron resistir. Las topadoras, las casillas incendiadas y las balas de goma generaron imágenes de espanto y duras críticas de organismos de derechos humanos y del progresismo, incluso peronista. El operativo lo encabezó Sergio Berni, el ministro de Seguridad provincial –de línea directa con la vice presidenta Cristina Kirchner– quien volvió a lucir en los medios su discurso blindado. El Ministro publicó un video sobre la planificación del operativo en las redes sociales que haría empalidecer a Bolsonaro. Otros miembros del gabinete provincial responsabilizaron a la justicia por no darles más tiempo para seguir negociando.

La justicia merece una mención especial, casi siempre termina resolviendo en pos de consolidar el statu quo. Aquí los títulos de propiedad son de dudosa calidad. Mario Santucho (Revista Crisis) reveló que el predio ocupado en Guernica es de una empresa que se llama El Bellaco SA (sic) y que lo posee desde julio de 1983. La firma se constituyó un mes antes de la compra del lugar y quien fue su presidente, hasta el día de su muerte en 2013, era un funcionario de la dictadura militar. “Bellaco quería desplegar un fastuoso emprendimiento inmobiliario, con barrios privados, clubes exclusivos, canchas de golf y lagunas artificiales, pero habían dejado de pagar los impuestos inmobiliarios en 2018 y registraba deudas ante (ARBA) por casi un millón de pesos”. Parece que los ilegales no sólo eran “los invasores”.

A pesar de la insistencia en equipararlos, la diferencia entre los dos conflictos por la tierra es evidente. Una pelea intrafamiliar, por el control de una Estancia, utilizada por emergentes de ambos lados de la Grieta política; frente a una situación de ocupación masiva como producto de la crisis profunda que afecta a miles de personas en el conurbano. Algunos de los ocupantes relataron que perdieron trabajos y changas en los últimos meses y se quedaron sin posibilidad de pagar las viviendas o habitaciones que alquilaban. Los testimonios de algunas mamás con hijos chicos fueron desgarradores. Por la noche, cuando Guernica parecía un campo de batalla arrasado, un hombre fue sorprendido por una cámara del noticiero de Telefé. Cargaba un enorme madera sobre sus hombros. Ante la consulta del cronista, sinceró su angustia: “vine a buscar las maderas, son lo único que tengo”.

En el cierre de la semana, el reaparecido Mauricio Macri no quiso perderse la oportunidad de volver a subir al escenario mediático. Respondió en un hilo de Twitter a la carta de su archirrival Cristina Fernández. La vicepresidenta había propiciado públicamente un acuerdo con amplios sectores políticos y sociales para tratar de solucionar el problema de la economía bimonetaria. “Ratifico la voluntad de JxC y mía –escribió el ex presidente– de sentarnos con otras fuerzas en una mesa pública de diálogo que siga las siguientes condiciones: la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”.

La inclusión de “la propiedad privada” en ese texto es insólita. Es evidente que nunca estuvo amenazada por este gobierno, pero el latiguillo sacudido hasta el cansancio por los grandes medios de comunicación se extiende como una lluvia persistente en las cabezas de los desprevenidos y los menos preparados educativamente. “Se viene el chavismo”, “Son los zurdos que quieren expropiar todo”, “preparan la reforma agraria”, “te pueden sacar tu casa”, etc. Los argumentos son insostenibles pero taquilleros en la clase media, aseguran. “La propiedad es inviolable”, recitan como si fuese un dogma de fe. Curioso, se trata de un concepto que hace décadas han relativizado, desde la Iglesia Católica hasta los más lúcidos juristas. La propiedad es un concepto que tiene límites y puede estar en función social.

En Argentina viven 3,5 millones de personas que no tienen casa.
Un cuarenta por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.
Seis de cada diez niños menores de 14 años es pobre.
Y encima la pandemia.
Y luego la mayor crisis económica de la historia del capitalismo.
Debatir sobre la propiedad privada y también sobre la distribución de la riqueza, más que una decisión ideológica es un imperativo moral.
Los dueños de casi todo tienen que comprender que no se puede construir una sociedad pacífica y justa sin tender una mano a los dueños de nada.