En las últimas décadas, los saqueos se han convertido en episodios recurrentes de la sociedad argentina, que reaparecen cada fin de año en forma de amenaza, expectativa o posibilidad latente. Pocos hechos son más emblemáticos de las crisis terminales del país que los sucesos de 1989 y 2001, a tal punto que la imagen cristalizada de los saqueos, mezcla de desesperación y violencia, quedó asociada casi exclusivamente a estos dos momentos.
Sin embargo, como sostienen los autores de este libro, esa práctica reconoce una historia mucho más larga que merece ser contada, porque, en su excepcionalidad, en su capacidad para irrumpir en el espacio público y subvertir el orden, saca a la luz las tensiones irresueltas que atraviesan los períodos de normalidad.
Así, los saqueos tuvieron un rol protagónico durante las guerras de la Independencia y los conflictos armados del siglo XIX –como el masivo pillaje a las tiendas de Buenos Aires que siguió a la batalla de Caseros, protagonizado no por el ejército vencedor, sino por las propias tropas porteñas derrotadas–. Resurgieron en la forma de violencia política vindicativa e iconoclasta con el ascenso y la caída de los dos grandes movimientos populares de comienzos y mediados del siglo XX, el yrigoyenismo y el peronismo –las pertenencias del líder radical, desparramadas en la vereda de su casa desvalijada y saqueada, fue la foto de los vencedores–. Y volvieron a aflorar, esta vez como revueltas de subsistencia y asaltos masivos a comercios, a raíz del empobrecimiento de vastos sectores de la población desde finales de la década de 1980.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
8- La violencia anunciada
El ruido de las ollas vacías en 2001
Mónica Gordillo
Con distintas denominaciones –“crisis”, “estallido”, “rebelión”, “insurrección de masas”, “argentinazo” o simplemente “diciembre”–, los acontecimientos de finales de 2001 pasaron a la historia asociados a metáforas fundamentales: “Que se vayan todos” y “Piquete y cacerola: / la lucha es una sola”. Más allá de su efímera confluencia, esas imágenes aludían a los principales repertorios de acción con los que el sentido común asoció aquellas jornadas al recordarlas, sobre todo porque los términos involucrados se refieren a formas de protesta que habrían tenido el efecto de provocar la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Sin embargo, como destaqué en otra oportunidad, las jornadas de diciembre también fueron escenario de otras formas de acción colectiva no siempre recordadas, como la de las reuniones de ciudadanos en las plazas. Este era el caso de las demandas de alimentos que, por lo general, desembocaron en saqueos en las principales ciudades del país. Dichas demandas, como las de las vecinas de los barrios que protestaban contra el “corralito”, parecían compartir similar percepción de despojo aunque, en el primer caso, aparecían como el profundo sonido del vacío.
Pero ni las cacerolas ni las otras expresiones de protesta anudadas en diciembre pueden leerse con un sentido unívoco, salvo el de constituir distintas formas de ejercicio ciudadano frente a injusticias varias afirmadas en los años previos y que encontraron en el escenario crítico de 2001 el detonante y la oportunidad de enlazarse en una trama de sentidos, diversos y polifónicos pero, al parecer, con un destinatario común: los poderes nacionales y locales. En efecto, si bien algunas acciones no se concentraron en las plazas –símbolos de la manifestación ciudadana–, sino en espacios marginales y en acciones que parecían adoptar sus formas más primitivas y elementales, también había cuestionamientos a un orden político que parecía haber tocado fondo.
Así, las acciones de diciembre deben entenderse como parte de una movilización social y política en la que los participantes pusieron en juego distintas formas de ser y de representarse a sí mismos como miembros de una comunidad que les otorgaba derechos, más allá de que la letra de la ley los designara como tales. Intentaremos demostrar que también en los actores que intervinieron en espacios marginales de la política estaba presente la demanda al Estado de algún tipo de reparación, al sentirse afectados por un bien perdido o reivindicar la integración en la comunidad política, en cuanto consideraban que habían quedado o podían quedar fuera de la frontera que la demarcaba. A la vez procuraremos no perder de vista las relaciones con las otras formas de acción colectiva que se desarrollaron en ese entonces y que ayudaron a construir un horizonte de sentido.
Para comenzar, es necesario señalar que las acciones que analizaremos registran como antecedentes los saqueos producidos en los meses de mayo y julio de 1989 y, aunque con menor intensidad, en febrero de 1990. En otro trabajo, inscribimos esas acciones de finales de los años ochenta dentro de un marco de análisis más general, que buscaba explicar los cambios producidos en la movilización de las clases populares en relación con las profundas transformaciones operadas en el modelo de integración social consolidado en el pasado. En simultáneo, reflexionaba acerca de un sentido doble de lo ocurrido: como continuidad de una peculiar politicidad que buscaba expresarse en el espacio público, pero también como la instauración de una ruptura con relación a las demandas y los repertorios de acción anteriores. Ese sentido de novedad también es destacado por Serulnikov. Dialogaremos con sus observaciones para analizar tanto los elementos de continuidad como las transformaciones en el contexto general, en las identidades populares y en las formas de violencia colectiva que sellaron la suerte del primer gobierno de la reconstrucción democrática y aquellas que, doce años después, pusieron fin a la presidencia de De la Rúa. De allí que este capítulo deba leerse como en un juego de espejos con los saqueos de 1989.
Sin embargo, como hemos anticipado, una primera diferencia fundamental con lo sucedido en 1989 es que la “crisis” de 2001 fue escenario también de otras formas de acción colectiva. Aunque los saqueos produjeron la mayor cantidad de muertes, su impacto simbólico y sobre la memoria colectiva fue menor que el de las otras expresiones. De allí que sea conveniente considerar sumariamente algunas de las interpretaciones sobre lo acontecido para ponderar el papel desempeñado en ellas por los saqueos. Una cuestión inicial es reconocer lo mucho que ya se escribió sobre el tema y sobre la conflictividad social que se produjo en la última década del siglo XX. Nuestra propia reflexión sobre la temática es deudora de ese trabajo previo y, en particular, del realizado en equipo, por lo que sólo nos limitaremos a señalar algunas interpretaciones que ayuden a situar el recorte escogido aquí y a ubicar aquellos saqueos dentro de procesos de más larga duración.
Buena parte de los análisis realizados casi en simultáneo con los acontecimientos resaltaba la novedad de lo ocurrido. Para muchos, diciembre de 2001 marcaba el inicio de un ciclo de movilización en el que la acción directa, la autoorganización y la democracia de base instauraban una nueva ciudadanía e institucionalidad. En el ámbito académico de entonces, esa percepción de novedad era, en parte, resultado de cierta tendencia a especializar el análisis separando la dimensión política de la social, o concentrando como objeto de la primera sólo los problemas relacionados con la gobernabilidad. Ello implicó descuidar el proceso histórico de constitución de una conflictividad social en ascenso, cuyos actores protagonizarían luego los hechos que analizaremos. Esa mirada histórica sólo más tarde fue encarada de manera sistemática. Una excepción a esas primeras interpretaciones fue el exhaustivo relato “en caliente” –como el propio autor advirtió– hecho por Raúl Fradkin de los hechos previos al 19 y 20 de diciembre, preocupado por colocar lo ocurrido dentro de una experiencia y tradición históricas, siguiendo las mejores enseñanzas de la historia social. Sin embargo, si bien analítico, ese trabajo sólo planteó líneas para un enfoque y una reconstrucción histórica necesarios y de alcance más amplio.
Esa perspectiva histórica está presente también en el trabajo de Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo, aunque estrictamente se concentren en el análisis del ciclo de movilización que va del 12 al 20 de diciembre y ofrezcan algunas claves de interpretación. Para ellos, se produjo entonces una superación de todas las formas de rebelión propias de los doce años posteriores a la revuelta de 1989, y los episodios de 2001 constituyeron el punto de llegada de una etapa iniciada con el motín de Santiago del Estero en diciembre de 1993, cuando −desde su perspectiva− se gestó una fuerza social.7 Reconocen siete momentos:
- las manifestaciones callejeras dispersas;
2. la huelga general que articula la rebelión;
3. la lucha por reivindicaciones inmediatas (con cortes y manifestaciones callejeras) y saqueos;
4. la lucha económico-práctica de los asalariados que deviene en combates callejeros;
5. los saqueos que se convierten en revuelta con elementos de motín;
6. la manifestación de masas pacífica: el cacerolazo, y
7. el combate de masas en el centro de Buenos Aires: la insurrección espontánea.
Pese a lo discutible de la segmentación y de sus conclusiones, Iñigo y Cotarelo aportan información relevante y muestran a la vez la diversidad de actores y demandas que se entremezclaron en diciembre de 2001.
El equipo dirigido por Federico Schuster brinda un aporte similar, que cuestiona la novedad de lo ocurrido al considerar que, dado el nivel creciente (en cantidad, fuerza y organización) de las protestas que venían produciéndose en la Argentina desde mediados de los años noventa, promediando 2001 las condiciones sociales, económicas y políticas podían producir acontecimientos como los del “argentinazo”. Sin embargo, a la vez señalan la necesidad de diferenciar los actores y algunos ejes o dimensiones principales de su accionar. Sí destacan como novedad la organización y movilización de los sectores medios urbanos y la articulación con desocupados y piqueteros, aunque estos últimos ya se expresaban con anterioridad.
Ahora bien, ¿cómo han explicado estos trabajos (y otros relevantes) los saqueos de aquel año? Para Iñigo Carrera y Cotarelo se inscriben como luchas por reivindicaciones inmediatas, como la más inconsciente forma de protesta en la que prevalece el elemento espontáneo: lo característico es la dispersión de las acciones y los choques entre particulares, que no llegan a focalizarse sobre las instituciones del gobierno o del Estado. Marcan una diferencia con el motín, en el cual se sumaría el elemento de odio; este incidió en el quinto momento –hacia el 18 y el 19 de diciembre–, cuando los pobres, principales protagonistas, llegaron a la forma más alta de su rebelión, la revuelta. Consideran este momento como la insurrección de los hambrientos. Sin especificar qué cambia entre los primeros saqueos y los segundos, ni qué produciría el odio en los últimos, predomina la idea de cierta apoliticidad, como respuesta elemental, casi mecánica y ahistórica a una necesidad básica.
La interpretación sobre la preeminencia de un comportamiento heterónomo está también presente en la visión del equipo de Schuster, quien señala que los saqueos no responden a la misma lógica que las protestas de los “caceroleros” o de los desocupados. Si bien oponen reparos a la hipótesis de la movilización clientelar, sobre todo debido a la generalización y amplitud del fenómeno, dudan de que hubieran podido producirse, al menos en el Gran Buenos Aires (GBA), por fuera de los canales clientelares del justicialismo y de la policía bonaerense.
El trabajo más completo sobre los saqueos de 2001 es el de Javier Auyero, quien sostiene un enfoque similar.13 Si bien su explicación propone encarar de forma relacional la violencia colectiva con el trabajo teórico de Charles Tilly14 como referencia, desde nuestra perspectiva adjudica un lugar demasiado destacado a los activistas o agentes de violencia por sobre las iniciativas de los actores que se percibían como afectados. Sin embargo, más allá de lo que Auyero considera como un uso clientelar de las “relaciones clandestinas”, muestra la necesidad de considerar redes cotidianas entre actores disímiles que se pondrían al servicio de acciones extraordinarias, como precisamente ocurrió en el contexto de 2001. Dentro de lo que denomina “zona gris” las divisiones y límites entre los insurgentes, agentes del Estado (como la policía) y activistas de los partidos políticos se desdibujarían en cuanto a sus posiciones frente a la violencia, ya que podrían aceptarla e incluso fomentarla como parte de la “normalidad” política.
También la interpretación de Jorge Ossona apunta en esa dirección en su análisis sobre los saqueos ocurridos en Lanús y en Villa Fiorito el 19 y 20 de diciembre, que –a la par de las ocupaciones de tierras que se produjeron a comienzos de los ochenta– considera parte de las nuevas modalidades de protesta que se construyeron entre los sectores populares empobrecidos desde la recuperación democrática en 1983. Otorga un papel fundamental a los punteros relacionados con los peronismos municipales y también a las prácticas delictivas que se fundaban sobre beneficios recíprocos: se intercambiaba impunidad por retribuciones.
Desde otra perspectiva, que igualmente remite a las características de los sectores populares luego de la recuperación democrática, los aportes de Denis Merklen son relevantes por destacar la conformación de una nueva politicidad y de un nuevo repertorio de confrontación entre las clases populares durante la década de 1980, la cual se caracterizaría por la movilización de base territorial, con la acción directa como elemento común más allá de los diferentes formatos utilizados. Este autor reconoce como primeras expresiones las ocupaciones ilegales de tierras en el sur del GBA hacia 1981, cuando habrían empezado a conformarse nuevos actores e instituciones. Según Merklen, esa politicidad busca adaptarse a los nuevos tiempos con la generación de otros aliados y espacios.
Un elemento importante en la generación de violencia es la división discursiva entre un nosotros afectado y un ellos causante de un daño. En ese esquema, la tarea de los emprendedores políticos es fundamental en las actividades de conexión, coordinación y representación, pero sobre un terreno donde previamente se ha generado la percepción de negociaciones rotas y se ha activado la representación de injusticia.
Por eso, conviene ver las acciones por demanda de alimentos y la violencia generada en los saqueos como acciones políticas contenciosas, que buscan expresarse en las calles y en los barrios (canales diferentes de los de la política usual). De este modo, los saqueos de 2001 habrían adquirido la forma de violencia colectiva en los términos planteados por Tilly. Este autor plantea a su vez que los tipos de violencia colectiva se relacionan con las características de los regímenes políticos, que varían de acuerdo con la capacidad de sus gobiernos para controlar a sus poblaciones y con el nivel de democracia existente. Ha observado que, en los regímenes democráticos cuya legitimidad no está en entredicho, queda mucho menos espacio para las acciones contenciosas; en cambio, en los regímenes democráticos con capacidad baja o deslegitimados, estas se despliegan más y pueden terminar de manera violenta, dado que, sin posibilidades de defender sus derechos y hacer cumplir las obligaciones del Estado, muchos actores intentan salvaguardar sus intereses por sus propios medios, lo que puede generar escaladas de violencia a partir de reivindicaciones inicialmente no violentas. Desde mi punto de vista, y por las consideraciones que señalaré posteriormente, esas eran las características que presentaba el gobierno a fines de 2001.
A mediados de los años noventa ganaban visibilidad diferentes crisis regionales y se intensificaban las protestas por los costos sociales de las reformas que desde 1989 aplicaba el gobierno de Carlos Menem. Eso contribuyó a articular un sentido público que comenzó a cuestionar algunos puntos del modelo y a reivindicar la atención de los problemas derivados de la falta de trabajo, salud y educación. Lo anterior logró expresarse políticamente y en 1999 posibilitó el triunfo de la Alianza por el Trabajo, la Salud y la Educación (en adelante, la Alianza) en las elecciones presidenciales. Pero la legitimidad de su gobierno comenzó a fisurarse muy pronto, en especial cuando en octubre de 2000 la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez dividió al bloque político oficialista. Las condiciones variaron, no sólo por haberse roto el lazo inicial de representación, sino también porque el gobierno de De la Rúa se encerró en sí mismo y dio un giro conservador que rompió los apoyos que le quedaban.
Las consecuencias de la larga década menemista: algunos datos de final de siglo
Como se mostró en el capítulo 6 de este libro sobre los saqueos de 1989, los años ochenta colocaron en el espacio público un fenómeno nuevo, el del descenso social: la cuestión del empobrecimiento o de los nuevos pobres que, a diferencia de los pobres estructurales, habían tenido una experiencia previa de integración y de satisfacción de sus necesidades básicas. Es necesario preguntarse entonces qué tendencias siguieron los principales indicadores sociales a partir de ese momento, qué procesos críticos lograron revertirse y cuáles, en cambio, se profundizaron a partir de aquellos sucesos.
En este sentido, vale la pena retomar algunos de los resultados de las acciones de 1989 ya señalados: en junio de aquel año, la Legislatura de Buenos Aires sancionó nuevos gravámenes que dotarían al tesoro con recursos para financiar los gastos sociales de manera estable; en los barrios carenciados se crearon centenares de comedores populares y escolares, se comenzó a distribuir bolsas de alimentos en todas las intendencias del Conurbano y se agregó un subsidio especial a cada una de ellas conforme a la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas.
Sin embargo, esas medidas, que aparecieron como paliativos circunstanciales, se incorporaron como parte de la subsistencia de los nuevos sectores populares, al no revertirse de forma plena la situación que las había generado.
Si se comparan los índices de pobreza de América Latina y la Argentina a comienzos de la década de 1990, se constata que la situación del país se asemejaba a la de la región, con 38,5% y 41,4%, respectivamente. Luego de una importante caída en los primeros años de aplicación del Plan de Convertibilidad, se observa un fuerte crecimiento de la pobreza hacia el final de la década, que llega en 2002 al 52,6%, muy por encima del 38,4% correspondiente a América Latina. La misma tendencia se observa con relación a la indigencia que, en 1990, alcanzaba en el país el 10%, mientras que en la región era del 15,3%, para representar en 2002 el 24,9% y el 13,5%.26 Resulta sugerente la apreciación de Javier Lindenboim en el sentido de que esa situación parecía un “regreso a principios de los [años] cuarenta”.
Por lo demás, resulta muy interesante el estudio realizado por Patricia Aguirre sobre el impacto del ajuste en la “comensalidad” (las formas de comer), que muestra una polarización entre la “comida de pobres y comida de ricos”, de características inéditas: apareció el sobrepeso y la obesidad en la pobreza, el “hambre oculta” asociada a comer mucho, pero alimentos nutricionalmente poco densos.
Los datos anteriores muestran que los efectos de las políticas macroeconómicas impactaron especialmente en los pobres por ingresos o nuevos pobres, es decir, se acentuó el empobrecimiento de quienes alguna vez estuvieron integrados a la sociedad y a la relación salarial fordista.
La politicidad “marginal”: el trabajo y la subsistencia como derechos
Como hemos mostrado en trabajos anteriores, desde la segunda mitad de la década de 1990, el corte de ruta o “piquete” y la demanda de trabajo fueron articulando un nuevo repertorio e identidad, la de “piquetero”, como sinónimo de “desocupado”, así como una forma de respuesta frente a esa figura por parte del Estado: el otorgamiento de planes de trabajo precario y asistencia alimentaria. En cuanto a la politicidad que se construyó en torno a ello, la movilización piquetera afirmó el derecho a la subsistencia como cuestión que debían atender los gobiernos.
Esa necesidad de protección estatal a los sectores vulnerables remontaba a la tradición ya consolidada con el primer peronismo; sin embargo, en los años de reconstrucción democrática tras la última dictadura militar, también fue acompañada por una serie de acciones comunitarias: organización de asociaciones cooperativas, de fomento, clubes barriales, roperos y comedores, entre otras. Así se enfrentaban los problemas derivados de las limitaciones gubernamentales para atender la pobreza que, como señalamos, había crecido de manera exponencial. Ello creó experiencias de socialización en el espacio territorial que fueron trastocadas en los años noventa, cuando comenzó a exigirse de los demandantes la justificación de sus reclamos en términos de carencias individuales, fundamentados a su vez de manera eficaz para ser sometidos a las reglas de juego impuestas por la competencia de proyectos focalizados. Fue entonces necesario comenzar a desarrollar nuevos aprendizajes, ya sea con la elaboración y justificación de un proyecto a través de alguna ONG, ante una instancia gubernamental, o por la contundencia de un corte de ruta. En ese sentido, a fines de los años ochenta, a partir de las primeras fisuras de ese Estado garantista y proveedor, los sectores populares debieron emprender un aprendizaje acelerado de organización, coordinación, petición y gestión de la ayuda social, que se fue internalizando como una verdadera poliactividad indispensable para la subsistencia.
Como otro rasgo del comportamiento de los sectores pobres urbanos se sumó lo que Merklen denominó “lógica del cazador”, un tipo de socialización y sociabilidad atentas a la “oportunidad” de obtener una presa. Este sentido táctico de la oportunidad ayuda a comprender los comportamientos ante la crisis en 2001, ya que los dos tipos de experiencia –la de demandar y la de “cazar”− se habrían anudado en los reclamos por alimentos y en los saqueos.
A su vez, la política de la Alianza en materia de gestión de los planes asistenciales habría fortalecido de manera indirecta la organización en el territorio, descentralizando su asignación desde los municipios o redes de punteros hacia las organizaciones; eso aumentó la movilización y acción directa de estas últimas. Varios trabajos han señalado la masividad de las movilizaciones de los desocupados –que participaban de forma voluntaria o como parte del “trabajo” que debían realizar para conseguir sus demandas–, pero también el rol protagónico que en ellas comenzaron a cumplir las mujeres y los niños. Con esas características, así como con la especialización en un tipo de demanda, se vinculó también la incorporación sistemática de los cortes en el espacio público, sobre todo de rutas del GBA, en especial a partir de los producidos en el distrito de La Matanza, donde sobresalió la figura del dirigente social Luis D’Elía, quien realizó su primer corte con trascendencia el 28 de junio de 2000. Algunos dirigentes interpretan que a partir de entonces comenzó una escalada ofensiva, como fueron los cortes que tuvieron lugar durante noviembre y diciembre de 2000 en La Matanza, que sumaron más de veinte días. Hacia ese año, entre las organizaciones más importantes que realizaban trabajo territorial estaban la Corriente Clasista y Combativa (CCC) –constituida en 1994 como una acción del Partido Comunista Revolucionario (PCR) para incorporar a quienes no estaban representados en los sindicatos o en otra estructura tradicional–; en la zona de La Matanza, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) –constituida en julio de 1998 a partir de la cooperativa Unión, Solidaridad y Organización (USO), organizada por D’Elía y ligada a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)–; y Barrios de Pie –inicialmente como parte del trabajo de la CTA en los barrios y en conexión directa con la agrupación Patria Libre, que se había conformado en 1987–. En 2000 se formó el Polo Obrero, como una iniciativa del Partido Obrero (PO), sucesor del Polo Clasista constituido en 1999.
Lo anterior es relevante para considerar las actividades de los sectores más desprotegidos de la sociedad, para mostrar las continuidades observables y comprender su intensificación en 2001, hasta ocupar el primer lugar dentro de las formas de protesta. A los reclamos de los desocupados se suman las solicitudes de alimentos; las acciones de estos dos tipos representan el 41,7% de las registradas en el segundo semestre de ese año en todo el país. Es notoria su dispersión geográfica, ya que se extendieron por catorce provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego.
Las primeras medidas desarrolladas en 2001 fueron organizadas por la CCC el 3 de enero, tanto en Jujuy como en Buenos Aires, y consistieron en cortes de rutas y calles con barricadas; en el primer caso, como Desocupados de Jujuy frente a la Gerencia de Empleo de la Nación para solicitar puestos de trabajo y, en el segundo, para reclamar planes y alimentos.33 A la vez, el Movimiento de Desocupados, La Voz del Pueblo en Belén (Catamarca) y el Grupo de Mujeres Desempleadas en Cutral Co (Neuquén) produjeron cortes de ruta para pedir empleo y planes. Los intentos de distintas agrupaciones confluyeron el 21 de febrero en una marcha que nucleó a diez mil personas en el Conurbano bonaerense para reclamar por diez mil planes Trabajar que debían ser garantizados por un convenio entre el gobierno nacional, el provincial y el municipio de La Matanza. La organizaban D’Elía (FTV), Carlos “el Perro” Santillán (CCC) y Víctor De Gennaro (CTA). Luego de un nuevo corte de ruta por dieciséis días y de la Marcha Contra el Hambre, por Pan y Trabajo, convocada por el Movimiento de Jubilados de Raúl Castells para el día 18 de mayo, el convenio fue firmado el 22 de ese mes para la entrega de 7500 planes. Esta modalidad de compromiso, asumida como un acuerdo, implicaba mucho más que una simple promesa: hablaba de derechos y obligaciones, por parte del gobierno nacional, que debían ser cumplidos.
Durante marzo también se habían registrado cortes en la ruta nacional 11 en Chaco, organizados por el Movimiento de Desocupados de General San Martín, que solicitaba tanto planes como la expropiación de tierras para viviendas de familias sin techo.
La acción de la CCC en Jujuy fue intensa en junio: comenzó el 2 con la instalación de una carpa por cuatro días frente a la Gerencia de Empleo de la Nación, medida que fue interrumpida por el desalojo por parte de la policía. También en Corrientes hubo concentraciones similares; en esa ocasión, con motivo de un acto de lanzamiento de programas sociales en Resistencia, al que asistió De la Rúa. A su vez el Centro de Desocupados de Córdoba produjo un corte en la ruta 5, en el acceso sur a la ciudad de Córdoba, para pedir cuatrocientas raciones de comida. Pero el saldo más trágico durante aquel mes de junio se registró en Salta, durante un corte en las adyacencias de la planta petrolera de Refinor, cerca de General Mosconi, que fue objeto de una violenta represión por parte de la gendarmería: dos muertos, treinta y nueve heridos y más de cincuenta detenidos.
Con motivo de los anuncios de ajuste del Estado, realizados en julio, el 23 hubo una asamblea piquetera en Buenos Aires para coordinar una acción en el país entero, que incluiría cortes de ruta en cuarenta ciudades. Esta acción fue organizada por la FTV, la CCC y el Polo Obrero con la adhesión de la CTA y el ARI (Afirmación para una República Igualitaria), entre otros.41 El 7 de agosto, los cortes se realizaron con éxito.42 Sin embargo, cuando el 4 de septiembre, de acuerdo con lo previsto, se realizó la segunda asamblea piquetera, se observaron diferencias entre el eje de la FTV y la CCC y las otras organizaciones de desocupados que sostenían mayor autonomía del gobierno y programas de autogestión.
Luego de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del 14 de octubre y de los anuncios de noviembre, se reiniciaron los cortes de ruta de los desocupados para solicitar planes laborales y la entrega de bolsones con alimentos, en especial en Chaco, Corrientes, Jujuy y Buenos Aires, particularmente en La Matanza, organizados por la Asamblea Nacional de Piqueteros y la CCC.
Incumplimiento, humillación, desesperación: los acuerdos rotos
Ante la recién mencionada derrota electoral, algunos sectores de la Alianza acusaron el golpe. Por ejemplo, en Rosario se rompió el acuerdo electoral con el Partido Socialista Popular (PSP), a cargo de la intendencia, y las direcciones de la UCR y del Frepaso elaboraron un documento conjunto que Raúl Alfonsín entregó a De la Rúa el 25 de octubre, en el cual solicitaban un cambio de rumbo:
El mensaje de las urnas fue inequívoco del fin de una etapa basada en el estancamiento económico, un elevado desempleo, la inseguridad personal, la destrucción de la clase media y la pauperización de los sectores laborales.
Para entonces ya había renunciado el ministro de Desarrollo Social Juan Pablo Cafiero, último referente del Frepaso en el gobierno, al no aceptar recortes en esa cartera. Pero el gobierno de De la Rúa permanecía impasible ante estos movimientos y, por el contrario, ratificaba a Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Los gobernadores, en especial los del PJ, utilizaron todos sus recursos políticos para obtener fondos que paliaran las graves situaciones provinciales.
En efecto, el atraso e incumplimiento en el traspaso de fondos a las provincias para el pago de los planes Trabajar se convirtió en motivo de conflicto permanente, lo que afectó a los sectores más desprotegidos. En 2001, el recurrente atraso en el pago y la suspensión de beneficiarios incrementaron la conflictividad en las provincias más desfavorecidas.
A modo de ejemplo de lo que se repetía en casi todas las provincias para fines de 2001 basta considerar los cortes que desde los primeros días de octubre efectuaban desocupados de veintiún barrios en San Salvador de Jujuy, sobre la ruta 66, y también en la ruta nacional 34, en Libertador San Martín. Los había incitado el atraso en el pago de los planes de julio, agosto y septiembre. Los manifestantes señalaban que habían encarado sin éxito tratativas con un funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación que estaba en la provincia, por lo que funcionarios provinciales viajarían a Buenos Aires. La falta de remisión de fondos afectaba también a los docentes estatales que se sumaron a los cortes en Perico, San Pedro y La Quiaca para reclamar el pago de sus sueldos. La situación se prolongó, ya con el reclamo de los haberes de septiembre y de la renovación de los planes caídos desde el 15 de octubre, mostrando además su adhesión a lo resuelto por la segunda asamblea piquetera realizada en La Matanza, que había repudiado los ajustes del gobierno. La respuesta del gobierno nacional fue la reducción de la partida para los planes en más de trece millones de pesos, lo que obligó a suspender programas provinciales ya en marcha.
La percepción de incumplimiento o de acuerdos rotos por parte del gobierno nacional creció a lo largo de noviembre; en ese sentido son elocuentes las declaraciones del gobernador Fellner con respecto a los desembolsos tanto en efectivo como en lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales), que circulaban como cuasimoneda paralela, al no querer el gobierno emitir para no tocar la Convertibilidad:
Ni el jueves ni el viernes entró un solo peso de coparticipación a ninguna provincia argentina. Han sido congelados los fondos por parte del gobierno nacional y esto no lo vamos a permitir porque a pocos días de haber suscripto el acuerdo ya pretenden violarlo a través de estas disposiciones como esto de la restricción de la coparticipación federal.
A inicios de diciembre todavía no habían llegado los fondos para pagar los sueldos de octubre. El ministro de Hacienda provincial procuraba dar un mensaje tranquilizador sobre la continuación de los vales alimentarios destinados a los agentes estatales, a pesar de que algunos comerciantes no los aceptaran. A la vez alertaba sobre las prioridades del gobierno nacional: las remesas quedaban trabadas por las operaciones del canje de la deuda y la auditoría que llevaban adelante los inspectores del FMI.
De este modo, la conflictividad social ya presente en el momento de las elecciones de octubre continuó en ascenso al no ponerse de manifiesto un cambio de rumbo. En Mar del Plata, por ejemplo, continuaron los conflictos en algunas actividades que tenían mucha visibilidad pública porque afectaban industrias tradicionales, como la de la pesca o las relacionadas con el turismo, tal el caso de los clásicos alfajores. En los primeros días de noviembre, la CGT regional había declarado el estado de alerta, movilización y sesión permanente de sus cuerpos orgánicos ante la “dramática realidad laboral que se vive en la ciudad”, y reclamado al municipio medidas urgentes para paliar la situación de miles de familias sin ingresos así como la continuidad del Consejo de Concertación Económica y Social. La central lanzó un documento titulado “Mar del Plata está al borde del abismo”, en el que destacaba que la pérdida de fuentes laborales era “de diez a quince por día” y agregaba:
Falta una política social articulada; lo demuestran los catorce millones de pobres en el país, en medio de desocupados que no cobran sus planes de trabajo, cae la ayuda y están en crisis los grupos familiares acosados por la falta de medios básicos para la subsistencia como los alimentos, la salud y la vivienda.
Según un periódico, el 40% de los niños marplatenses eran pobres estructurales y el 12%, indigentes; veinte mil padecían graves deficiencias alimentarias, y el 26% de los hogares era comandado por mujeres, debido a la caída del empleo en la ciudad.55 La gravedad de la situación quedaba de manifiesto en las demandas de quienes nuevamente cortaron varios accesos a la ciudad a mediados de noviembre
para repudiar los ajustes permanentes y la humillación nacional a que nos lleva este gobierno, […] como todo el país salimos a la calle para protestar ante quienes quieren eliminar los planes de trabajo y muchas de las asignaciones familiares.56
Realmente estamos desesperados. […] Queremos que nos paguen el 100%, sea en pesos o en patacones, pero necesitamos que se haga en término: no podemos pagar el alquiler, servicios, etc.
En diciembre se catalizó el descontento, al acentuarse el sentimiento de injusticia, la constatación de acuerdos no cumplidos y la creencia de que el disgusto popular podía valerse de la acción [agency] para cambiar el rumbo de las cosas.
El contexto de conflictividad general se presentó como una importante oportunidad política para el vertiginoso crecimiento y la visibilidad pública del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), reagrupamiento de distintas fuerzas progresistas que surgió a comienzos de 2001 organizado por la CTA, bajo la dirigencia de Víctor De Gennaro, y que sostenía la necesidad de crear una asignación por hijo para padres de socupados. Para entonces los índices de de socupación eran alarmantes. La provincia que encabezaba el ranking era Santa Fe con el 21%, aunque en Rosario ascendía al 22,8%, casi a la par de la ciudad de Mar del Plata (ambas eran consideradas las capitales del desempleo). Les seguían el GBA y Bahía Blanca con el 21%, Corrientes con el 19,8%, Jujuy con 19,5%, Entre Ríos con el 18,6% promedio, pero se destacaba la ciudad de Concordia con el 19,5%. A continuación, Salta con el 18,3%, Neuquén con 17,4%, Tucumán con 17% y Gran Córdoba con 15,9%.
Entre el 13 y el 17 de diciembre, se realizó la consulta popular no vinculante del Frenapo, no sólo sin que el gobierno hubiera cambiado de rumbo económico, sino, por el contrario, ratificando su orientación con el lanzamiento del “corralito”.59 Para entonces la movilización fue explosiva: más de tres millones de personas en todo el país apoyaron esa propuesta. Estos acontecimientos –conjuntamente con el paro general nacional decretado por las tres centrales sindicales (CGT, MTA y CTA) para el 13 de diciembre– se convirtieron en una suerte de marco de legitimidad para muchas demandas que coincidían en la falta de cumplimiento del Estado de necesidades básicas –desde alimentos hasta la posibilidad de vacaciones en los sectores más acomodados, lo que había sido perjudicado por el “corralito”–. Comenzaron a sucederse, entonces, diversas acciones. Los comerciantes marplatenses, siguiendo un plan de protesta nacional, el día 12 realizaron un cacerolazo, tocaron las bocinas de sus autos y, a las 20.30, hicieron un apagón por diez minutos.60 Similares actividades se llevaron a cabo en Rosario, Capital Federal y otros centros urbanos, convocadas por asociaciones empresarias, de comerciantes, de estudiantes, centros comunitarios, sindicatos, entre otros.
El 13, los movimientos de desocupados de la CCC, MTR y Polo Social realizaron piquetes en cuatro puntos de la ciudad de Mar del Plata para adherir al paro, bajo el eslogan “Los vamos a echar del poder”.61 En esa jornada hubo otras expresiones de violencia. En Rosario organizaciones sociales y barriales identificadas como pertenecientes a la CCC arrojaron huevos al palacio municipal al son de batucadas que reclamaban un “argentinazo”. En Pergamino, al norte de Buenos Aires, hubo un incendio intencional del edificio de la Municipalidad; la prensa también lo adjudicó a representantes de la CCC, mezclados en una marcha de comerciantes.
El 16 de diciembre, en Jujuy, la asociación de docentes de la provincia resolvió no volver al trabajo y dar por terminado el año, con duras expresiones que aludían a “la impiedad de las medidas que vulneraban principios humanitarios, como el derecho a la vida, a la salud y a la educación”. Ese día hubo también cortes de calles, caravanas y bocinazos en la Capital Federal, a cargo de comerciantes y empresarios para protestar por la caída en las ventas, en especial en las de indumentaria y calzado.
Al día siguiente, los docentes y no docentes universitarios, nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), decretaron un paro por cuarenta y ocho horas, ya que no se habían girado los sueldos en varias universidades y ante la incertidumbre acerca del cobro del aguinaldo.
Estos son sólo algunos ejemplos de la diversidad de medidas realizadas esos días, que dan idea de los distintos actores intervinientes y de la difusión de las protestas. Ahora bien, si esas acciones venían desarrollándose con anterioridad, ¿cuál fue la particularidad de diciembre? Durante ese mes se dieron las condiciones para el pasaje a la violencia colectiva utilizando diferentes formatos; uno de ellos fueron los saqueos.
A finales de 2001, los que actuaron como emprendedores políticos fueron tanto los que impulsaron el “voto bronca”, la “de sobediencia civil” como la consulta popular del Frenapo (aunque de ningún modo fuera esta su intención), pues contribuyeron a construir colectivamente la representación de injusticia en torno a la magnitud de la pobreza en el país la cual legitimaba la acción para enfrentarla. Si bien no puede hablarse de coordinación en las distintas acciones, quedó en evidencia la activación de redes y de conexiones preexistentes ya ensayadas para instalar demandas. Sin embargo, una cosa era sostener un reclamo específico, y otra medir el alcance de la difusión y sentido público que podría generarse con la participación de otros sectores sociales. Al parecer, esa incertidumbre actuó como un de safío, como incentivo para traspasar los límites, como oportunidad que la acción misma fue construyendo.
Resulta muy significativo observar cómo los distintos sectores percibieron que el gobierno había roto acuerdos previos y que su propia supervivencia se veía amenazada. Para los consumidores de las clases medias, entre quienes se había internalizado el discurso neoliberal, el corralito surgía como abierta violación a ese pacto; los sectores progresistas –que habían confiado en que la Alianza terminaría con la corrupción, instauraría la justicia, defendería la educación y el trabajo– observaban que ninguna de estas reivindicaciones se cumplía; en cambio, ese gobierno había asignado el lugar privilegiado de las decisiones a quien había sido el artífice del modelo menemista tan criticado. Ese Estado no incluía, no resolvía el hambre y, además, atentaba contra el más elemental statu quo al no cumplir con las políticas compensatorias para enfrentar la desocupación, tal como se venía haciendo hasta ese momento. A la acumulación de distintas injusticias se sumó además la activación de la memoria social de un pasado traumático, que el 19 de diciembre se hizo presente al decretarse el estado de sitio.
