25 C
Buenos Aires
miércoles 30 de septiembre de 2020
Periodismo . com
Inicio Periodismo Justo El nuevo índice y la vieja ley

El nuevo índice y la vieja ley

Dicen que no hay peor enemigo que uno mismo. Esta idea, que comprenden sólo los más lúcidos, bien puede extenderse a la política. El ministro de Economía Axel Kicillof, fue el encargado de anunciar el nuevo índice de precios al consumidor de enero y la cifra del 3,7 por ciento no sólo funcionó como un reconocimiento explícito de la inflación sino también como la principal evidencia del más grosero error cometido por el gobierno nacional en diez años. La intervención del Indec en 2007 no sólo dinamitó las estadísticas públicas sino que generó una pérdida de confianza en la palabra oficial de la que el kirchnerismo todavía no logra reponerse. El sinceramiento respondió a la necesidad. No se puede enfrentar con eficacia a un monstruo al que se define como un lindo gatito.

El gobierno vive su coyuntura más difícil. En lugar de corregir el desquicio generado por la intervención de Guillermo Moreno cuando un grupo de decanos señaló los artificios e hizo una propuesta concreta, lo tuvo que hacer ahora, después de una devaluación que impactó muy fuerte en los bolsillos de los argentinos. Kicillof ahora debe consolidar la credibilidad de esos números a través del tiempo y lograr el aval del FMI que monitorea los cambios. Se trata de un peldaño imprescindible de una escalera que debe conducir a un acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, la normalización de la relación con el Club de París y, de ser posible, una salida racional a los reclamos de los Fondos Buitre. Y todavía restará corregir el festival de subsidios indiscriminados a las empresas de servicios.

A la sucesión de marchas y contramarchas que precedieron a la devaluación se sumaron los embates de sectores empresarios que siguen apostando a la debacle para mejorar su rentabilidad. La presidenta Cristina Kirchner no sólo acusó, basándose en los dichos del economista Miguel Bein, a los mercados financieros de querer desestabilizar a su gobierno, también responsabilizó a los empresarios de especular con los precios. Quizá no le falten razones. Lo que no se puede obviar es que entre los actores señalados por la mandataria están quienes más se beneficiaron durante su gobierno: exportadores de cereal, bancos, grandes empresas de la alimentación y supermercadistas.

Más allá de cualquier polémica sobre las características que tuvieron en enero pasado los embates contra el peso, lo cierto es que la tormenta parece haber amainado. El gobierno logró anclar el valor del dólar y morigeró la sangría de reservas. Hasta la discusión paritaria parece menos amenazante. Si bien no se fijaron topes, los gremios industriales tienen muy claro que la puja por los salarios no les debe hacer perder de vista la preservación de los puestos de trabajo. Algunos sindicatos decidieron pedir una suma fija y “desensillar hasta que aclare”.

Distinta es la situación de los gremios estatales. Además de ser los más retrasados en sus escalas salariales discuten sin la amenaza de despidos o suspensiones. Por esa razón se apresuraron a rechazar el tope del 25 por ciento planteado por los ministros de Economía de todas las provincias y es posible, por ejemplo, que el ciclo lectivo no comience en los días previstos. Más difícil todavía será acordar con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que tienen más motivaciones políticas que sindicales a la hora de plantear sus reclamos. Los camioneros ya cobraron una suma fija y tienen cerrada su paritaria hasta junio. Igual se movilizarán.

Entre los sindicalistas críticos son pocos los que destacan la importancia de dos instrumentos que no abundan en la región y ya están consolidados en las relaciones laborales de Argentina: los convenios colectivos y las paritarias.

Ley de medios

Finalmente hubo un 17 F. Tuvo menos algarabía que la anunciada por el oficialismo en los días previos al famoso 7D. El gobierno eligió la moderación. Hasta esa actitud fue fuente de chicanas. Lo importante trasciende esas discusiones: el mayor grupo mediático del país comenzó a cumplir con la ley. Dicho así suena raro pero en Argentina lo normal suele resultar extraño.

El proceso que se acaba de iniciar no es menor, más si se tiene en cuenta que la intención de desconcentrar el mapa de medios audiovisuales del país surgió en 1985 de la mano del entonces presidente Raúl Alfonsín y que en treinta años todas las fuerzas políticas presentaron algún proyecto en ese sentido. La iniciativa auspiciada por el socialista Guillermo Estévez Boero en su momento, hizo que su partido acompañara la sanción de la norma en el Congreso. Esas razones determinaron el voto mayoritario que alcanzó la ley.

El directorio de la Afsca, integrado por dos opositores, aprobó por unanimidad el plan de adecuación presentado por Clarín. El esquema propuesto contempla seis unidades independientes. El primer grupo que incluye Canal 13, TN, Canal 12 y Canal 6 más Radio Mitre, AM 180 y tres FM más parte de Cablevisión (24 licencias) seguirá siendo una de las principales usinas  comunicacionales del país. Todos esos medios seguirán funcionando sin alterar su línea editorial. Como bien señaló la Corte Suprema de Justicia, no se trata de una discusión sobre libertad de expresión.

El Afsca también aceptó, supeditado a la resolución del concurso de acreedores al que se presentó, la adecuación del Grupo Vila-Manzano y del Grupo Aldrey Iglesias, el poderoso empresario marplatense. Restan resolver las adecuaciones de Telefe (cuestionado por el origen de su capital, la incompatibilidad por explotación de servicio público y cantidad de licencias), el Grupo Prisa y Telecentro (de Miguel Angel Pierri) y otros dos grupos del interios del país. El trámite se cumplirá en las próximas semanas.

De cómo el Afsca y el resto de los organismos de control del Estado –entre ellos, la Secretaría de Defensa de la Competencia– controlen a las nuevas unidades de negocios, para que sean verdaderamente diferentes unas de otras, depende en gran medida que se cumpla el verdadero sentido de la ley: la existencia de pluralidad de medios, incluidos los del tercer sector, sin posiciones dominantes.

Iniciada esta etapa decisiva, es inexplicable que el gobierno no cumpla con su parte. La elaboración de un Plan Técnico lleva cuatro años de demora. También la apertura de la televisión pública a todas las voces, la licitación del Fútbol para todos (el intento fallido de incorporar a Marcelo Tinelli terminó en un papelón) y propiciar una legislación donde se establezcan criterios transparentes de asignación de la publicidad oficial. Mientras tanto debe acatar los fallos judiciales que condenan la discriminación publicitaria a Artear y Perfil. La distribución arbitraria de la publicidad a los medios amigos en desmedro de los críticos, algo que también hacen los mandatarios provinciales y el Jefe de Gobierno porteño, menoscaba cualquier intento serio de democratización de los medios.

La credibilidad y la confianza conforman un capital intangible que cuando se pierde es muy difícil de recuperar.