En 2013 las agresiones a periodistas aumentaron un 12,8 % respecto del año anterior, con un total de 194 casos, en los cuales 239 personas resultaron afectadas. Los datos se desprenden del nuevo «Monitoreo de Libertad de Expresión», informe de Fopea realiza cada año, que compila todos los ataques observados durante 2013 contra periodistas y medios de comunicación, además de un mapa que localiza dónde ocurrieron los hechos.
Estos son los principales destadados del reporte:
- En la calle los periodistas sufrieron el clima de polarización. Periodistas del diario Clarín sufrieron pintadas e insultos en la calle, periodistas de La Nación y TN fueron también agredidos, lo mismo que les ocurrió a periodistas de Télam en la marcha opositora del 18 de abril. Se han producido denuncias públicas de periodistas de medios oficialistas sobre una fuerte censura interna, tanto en prensa escrita como en Canal 7.
- Desde el 2008, Salta es la provincia, después de Buenos Aires, con más agresiones directas a la prensa. La realidad de la provincia es muy diversificada, por lo que son situaciones muy diferentes y en una gran variedad de localidades. Después siguen dos provincias grandes, como Córdoba y Santa Fe.
- En Jujuy se duplicaron las agresiones, y abarcaron a cinco ciudades de la provincia. Igual que en Salta hay diversidad de agresores. Pero la gravedad de la situación provocó que durante el 2013 se hiciera una misión especial que elaboró un informe completo. En Misiones y Río Negro, en cambio, bajaron mucho las agresiones. Durante el 2013 hubo periodistas con algún tipo de custodia para protegerlos en Jujuy, Córdoba y Entre Ríos.
- El caso más grave del 2013 fue el que sufrió un fotógrafo free lance, Brian Palacio, el último día del año, el 31 de diciembre, cuando cubría una manifestación contra los cortes de electricidad frente al Shopping Alto Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Varios gendarmes lo subieron a una camioneta, lo golpearon y amenazaron, y después de unas horas lo abandonaron en un baldío en Wilde. Todavía no ha habido una explicación de la Gendarmería, y nadie parece estar exigiéndola. El Gran Buenos tiene poca presencia entre los territorios con más agresiones, pero esto es seguramente posible por la dificultad del monitoreo de cubrir cada uno de los distritos de esa zona.
- Las fuerzas de seguridad han sido uno de los actores más agresivos, y es todavía una asignatura pendiente su mejora. Los profesionales más agredidos por las fuerzas de seguridad son los que trabajan sobre el territorio, como los camarógrafos, los movileros de televisión y radio, los fotógrafos, y los periodistas de agencias informativas. Durante el 2013 hubo diecinueve agresiones de algún tipo por parte de las policías (una de la policía boliviana), dos de Gendarmería y una denuncia contra el Ejército por espionaje.
- La calle tiene un doble peligro para los periodistas, que se refleja en este informe del monitoreo. Por un lado, el comportamiento agresivo de las fuerzas de seguridad y, desde hace algunos años, ha venido creciendo la demonización de la prensa por parte de muchos de los sectores manifestantes.
- Han crecido los hechos vinculados al narcotráfico. De la misma forma que ocurrió en Colombia y en México, crece la agresión contra los periodistas cuando la discusión sobre la presencia del narcotráfico comienza a ser más visible en una sociedad. Se produce un refuerzo de la cobertura y, por ende, también los narcotraficantes suelen reaccionar con violencia contra la prensa. Por ser un tema que está en la agenda, algunos periodistas pueden pretender profundizar la cobertura y los narcos responden de acuerdo a lo que son. En Rosario, Mendoza, Salta y en la ciudad de Córdoba hubo incidentes que pueden ser cada vez más graves. Es la experiencia de México, Colombia y Brasil, que son los países más golpeados por ese flagelo, pero prácticamente en todos los países de la región el periodismo recibe golpes durísimos de los narcotraficantes. También en esos países la cobertura más peligrosa suele ser cuando se investigan las relaciones entre los narcos y la policía y los poderes públicos. Echar luz sobre esa relación es lo más peligroso. Por eso, no es necesario empezar a sufrir la agresión directa del narcotráfico hacia el periodismo para reaccionar. Tenemos suficientes ejemplos en la región para aprender de ellos. Además sabemos que las fuerzas de seguridad argentinas no son una garantía de que en Argentina los periodistas tengan una protección mayor. Por eso, Fopea está comprometida en tratar de aprovechar la experiencia previa en otros países para evitar que en nuestro país tengamos esa tragedia profesional.
- La actitud del gobierno nacional hacia la prensa ha tenido momentos críticos, como el uso discriminatorio de recursos estatales, el bloqueo a medios no oficialistas en conferencias de prensa, y el agravio por parte de funcionarios públicos. También hubo serias denuncias de espionaje a periodistas por parte de los servicios de inteligencia. Muchos periodistas del país ya se han resignado a no tener comunicaciones seguras, dado que el estado argentino –a nivel nacional y provincial- no ofrece ninguna seguridad al respecto. Varios de estos periodistas están convencidos de que están siendo regularmente espiados.
- El 2013 también fue el año en que una presión directa del gobierno nacional afectó duramente la facturación de varios de los más importantes diarios del país. El llamado cepo publicitario, que interrumpió durante casi un año el enorme flujo de ingresos que provenía de los hipermercados y los grandes vendedores de electrodomésticos, comenzó en la segunda semana de febrero del 2013 y recién fue suavizado tras la renuncia del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el 19 de noviembre. En un primer momento, tuvo un impacto nacional que abarcó a diarios de todo el país, pero luego se fue concentrando sobre todo en Buenos Aires. Si bien hubo una transferencia de esa inversión publicitaria hacia los sitios online de esos diarios, el monto recibido fue muchísimo menor. De inmediato, FOPEA emitió un pronunciamiento. Que grandes empresas argentinas e internacionales se conviertan en herramienta de la represalia de un gobierno no fue un hecho auspicioso para la democracia argentina.
Este es el informe completo (PDF):
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