miércoles 19 de diciembre
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Historia de los fracasos de las políticas de “mano dura”

Hace unos días, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó una línea histórica desde el año 2000 hasta este 2014, sistematizando los datos más relevantes de las políticas de seguridad bajo la óptica de la “mano dura” y sus resultados.

Todo comienza, en la cronología que realizó el CELS (organización de derechos humanos dirigida por Horacio Verbitsky), con las “Leyes Ruckauf” en marzo de 2000. Antes de ser electo como gobernador de la Provincia de Buenos Aires había dicho que había que “meterle bala a los delicuentes”. En su gobierno se reformó el Código Procesal de la Prov. de Buenos Aires (Ley 12.405) que limitó las excarcelaciones, amplió las facultades policiales para operativos de control (razzias) e interrogatorios y debilitó el debido proceso y afectó el principio de inocencia. Esta reforma, según el CELS, generó una gravísima crisis penitenciaria.


Entre agosto y septiembre de ese año, la Provincia dictó un nuevo paquete de medidas que dieron más facultades a la policía en procesos penales y premiaron económicamente a los policías que hicieran “actos de arrojo”. También se modificó la Ley de Ejecución Penal de la provincia, lo que limitó tanto las salidas anticipadas para delitos específicos (robo con armas, por ej.) como las salidas transitorias (Ley 12.543). Para el organismo que elaboiró el informe, estas medidas provocaron que en seis años la población de las cárceles aumentara casi un 80%.

Luego del secuestro y asesinato de Axel Blumberg, su padre se transformó en uno de los principales referentes de un sector social que reclamaba “mano dura” y un aumento de la presencia represiva del Estado. Así, Juan Carlos Blumberg terminó proponiendo ante el Congreso de la Nación un paquete de reformas que endurecieron el Código Penal ya que la pena máxima se aumentó a 50 años de prisión. Al mismo tiempo se aumentaron las penas para: Robo con arma de fuego (incluso si el arma es de utilería), tenencia de armas sin autorización, robo o hurto de ganado , homicidio como consecuencia de un delito contra la integridad sexual. Por otro lado, se limitaron las encarcerlaciones.

En 2005, en la provincia de Buenos Aires se hicieron varias reformas del Código Procesal Penal y del Código de Ejecución Penal (Ley 13.183 y Ley 13.177), también impulsadas pro Blumberg y en sintonía con lo presentado a nivel nacional.

Como consecuencia de este recrudecimiento en las políticas, entre 1999 y 2005 la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires aumentó casi un 80%. Esta sobrepoblación derivó en una situación aún más preocupante: el alojamiento de personas en condiciones infrahumanas en comisarías.

En 2001 se presentó una acción de habeas corpus colectivo a la que la Corte Suprema hizo lugar en mayo de 2005. Ésta consideró que una de las causas primordiales de la crisis penitenciaria bonaerense era el uso excesivo de la prisión preventiva y estableció estándares mínimos sobre condiciones de detención.

Cuando asumió Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires, en 2007, inició su gestión desmantelando las medidas de reforma a la Policía Bonaerense llevadas adelante por el ministro Arslanián a fines de los 90. A partir de ese momento, se abandonó la dirección civil de la fuerza y el modelo de conducción política de seguridad, volviendo al esquema de delegación y autogobierno de la policía bonaerense. Además, se desarticularon los mecanismos de control interno que se habían diseñado a cargo de personal civil y se abandonaron las políticas de participación ciudadana y de prevención comunitaria de la violencia.

En 2008 Scioli anuncia un programa de seguridad en municipios en el que se incorpora a “suboficiales retirados en condiciones de trabajar”, según indicabarn desde el ministerio de Seguridad provincial. También en ese año, hubo un nuevo recrudecimiento del reclamo de endurecimiento punitivo, después de la llamada “Masacre de Campana”, donde una persona excarcelada con monitoreo electrónico asesinó a una familia de cuatro personas.

También en esa época, el gobernador bonaerense comenzó a instalar en la agenda de debate público su propuesta de la baja de la edad de imputabilidad.

El Código Procesal Penal provincial sufrió una nueva modificación a fines de 2008 y comienzos de 2009. Allí, según el CELS, se limitaron las excarcelaciones (Ley 13.954) y se debilitó el debido proceso: amplió el juicio abreviado y el procedimiento de flagrancia (Ley 13.943).

En enero de ese año desaparece el joven Luciano Arruga, en manos de la policía bonarense de Lomas del Mirador, que habían intentado que robe para ellos. La investigación de esta causa quedó por completo en manos de organizaciones de la socidad civil.

La provincia de Buenos Aires fue la prioridad del Plan de Seguridad Ciudadana que presentó el gobierno nacional en 2009. Allí se incorporaron 4000 policías exonerados o retirados. El progrmaa contaría además, con un presupuesto millonario para cámaras de seguridad en 38 municipios y la integración de 1500 gendarmes destinados a tareas de seguridad.

En julio de 2010, la joven Carolina Píparo fue asaltada en una salidera bancaria. Scioli, como respuesta, anunció un paquete de reformas, algunas de las cuales se transformaron en reformas legislativas: Los videos de cámaras seguridad se pueden usar como prueba y se pueden destruir armas decomisadas. También anunció un proyecto de ley para prohibir la circulación de motos de a dos personas en las zonas bancarias.

A mediados de 2011 se endureció nuevamente la normativa y la mirada sobre la inseguridad y la penalidad. Se modificó la Ley de Ejecución Penal (Ley 14.296) para limitar nuevamente las salidas transitorias.
Luego de un asalto a un camión de caudales en la Panamericana en 2012 en el que murieron dos policías, Scioli y el ministro de Seguridad Ricardo Casal anunciaron una inversión de 30 millones de pesos para cámaras de seguridad, una central de monitoreo de las videocámaras de seguridad, un proyecto de creación de cuerpos de investigación judicial destinados a combatir delitos complejos, la compra de 2 mil patrulleros y la incorporación de efectivos policiales.

En julio de ese año, el gobernador bonaerense Daniel Scioli anunció la creación de 8 escuelas para formar 3.700 policías cada 12 meses. Como parte del Tercer Plan de Seguridad de la Provincia, también implementó un refuerzo de los patrullajes efectivos en zonas bancarias. Dijo, a su vez, que pediría el máximo control de excarcelaciones.

El 14 Diciembre de 2012, se sancionó una ley que impidió las excarcelaciones por portación ilegal de armas y cuando los detenidos tengan antecedentes en comisión de delitos con armas (Ley 14.434). Fue reformada a partir de una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en febrero de 2013 (Ley 14.517).

El 5 Septiembre de 2013, en su primera conferencia de prensa luego de asumir al frente de Seguridad, Alejandro Granados dijo “tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”. Anunció que incrementaría el personal a 100.000 efectivos que “tengan en orden sus chalecos, patrulleros y armas”.
El Plan de Saturación para la prevención del delito fue lanzado en octubre de ese mismo año y fue presentado por Scioli y Granados. Era el Cuarto Plan de seguridad en la Provincia de Buenos Aires – Sistema Integral de Prevención (SIP).

El 10 de abril de 2014 y como respuesta a la ola de linchamientos Scioli anunció un nuevo plan de seguridad (el quinto) que incluye 22 puntos, entre ellos: una nueva convocatoria al personal retirado de la policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, el plan de saturación, la obligación para la seguridad privada de dar aviso a la policía ante toda situación de riesgo, la construcción de cárceles y un proyecto de Ley para que el trámite de excarcelación se realice en audiencia oral y pública (esto ya está previsto en el Código Procesal Penal) con máximas restricciones para reincidentes y para los que usan armas.

“Reivindicamos un Estado presente en materia de seguridad, pero no aceptamos y consideramos ineficaz el concepto implícito en estas campañas y en estas políticas: un Estado presente no es un Estado violento”, indica la organización de Verbistky, como conclusión de su relato .

 

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