Dos hechos sin precedentes en la historia democrática abren esperanzas sobre el fortalecimiento institucional del país. Por primera vez un vicepresidente de la Nación se sentó delante de un juez acusado de un hecho de corrupción. El Juez Ariel Lijo, según se desprende del escrito de citación, está convencido de que Amado Boudou se aprovechó su cargo de Ministro de Economía en el 2010 para quedarse con la imprenta de billetes de la familia Ciccone. En su larga exposición, el vicepresidente rechazó todas las acusaciones, volvió a cuestionar al magistrado por no investigar “la ruta del dinero” –mencionó al banquero Raúl Moneta que reclamó la plata– y dijo que los antiguos dueños de la imprenta “orquestaron todo para sacarle plata al Estado”. Más allá del resultado del proceso, que alguien ubicado en la cúspide del poder político tenga que dar explicaciones en los tribunales como cualquier ciudadano es una señal positiva que vale la pena destacarse. No había ocurrido nunca.
Boudou dice que es víctima de una suerte de vendetta por haber promovido la estatización de las jubilaciones. Cree que por esa razón fue sometido a una suerte de linchamiento mediático: “es una causa armada”, insiste. El juez en su escrito de llamado a indagatoria, en cambio, describió la maniobra por la cual el funcionario “se quedó con el 70 por ciento de la empresa”. En la misma línea el fiscal Jorge Di Lello cree que existen pruebas suficientes para acusarlo por incompatibilidad con los deberes de funcionario público. Pero en algo coinciden el fiscal y el principal acusado de la causa: el juez Lijo no investigó la arquitectura financiera de la operación que terminó con el salvataje de la empresa.
En la misma tarde en que Boudou declaraba en el tercer piso del edificio de Comodoro Py, la Sala I de la Cámara Federal resolvió declarar abstracto un planteo de la defensa del vicepresidente para anular las testimoniales de los responsables de la ex Ciccone (ya que deberán prestar declaración indagatoria como acusados en los próximos días). En gran medida sobre esos dichos, que hablan de reuniones con el amigo del vicepresidente, José María Nuñez Carmona, para pactar el traspaso de la empresa se basa gran parte de la acusación.
El tribunal también le sugirió al juez Lijo que “evaluara” investigar el origen de los fondos que sacaron a la empresa de la quiebra. Uno de los camaristas, Eduardo Farah, que quedó en minoría, fue todavía más allá y le pidió al magistrado que cite a indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al empresario Raúl Moneta (que está muy mal de salud), al banquero Jorge Brito y a otros operadores financieros. Este punto es considerado clave para la defensa del funcionario. El planteo que hizo Boudou en su indagatoria fue, en términos coloquiales, si dicen que compré la ex Ciccone, que me digan con qué dinero y de dónde salió ese dinero.
No importa cuál sea finalmente la decisión del juez, la carrera política del vicepresidente está hipotecada desde hace tres años cuando Laura Muñoz Tokatlian, ex pareja del contador Alejandro Paul Vanderbroele, administrador de la empresa que podía imprimir papel moneda, denunció en el programa Sin Filtro de radio Mitre, que éste era “testaferro de Boudou”.
Unos meses antes de ese día, la Presidenta Cristina Kirchner lo había designado como compañero de fórmula para sorpresa de propios y extraños. Después de la experiencia con Julio Cobos, todos esperaban a un hombre con peso propio dentro del PJ y no a un economista con pasado en la Ucedé. Se hablaba de algún miembro del Gabinete: Manuel Abal Medina, Carlos Zannini o la cuñada, Alicia Kirchner. También se especulaba con algún gobernador como Jorge Capitanich y José Alperovich.
El nombre del Ministro de Economía estaba en la agenda periodística pero ningún analista le asignaba muchas posibilidades. Las encuestas le daban mal en la Ciudad de Buenos Aires y, por esa razón, el gobierno había decidido bajar su precandidatura en la elección porteña a favor del senador Daniel Filmus. “Necesito a mi lado a alguien que no le tenga miedo a las corporaciones”, dijo la Presidenta al momento del anuncio.
Por ahora las principales espadas del gobierno nacional respaldan al vicepresidente. Con más o menos entusiasmo de acuerdo a las posibilidades electorales de cada uno de los consultados. El gobernador Daniel Scioli y el Ministro Florencio Randazzo fueron los más moderados. Independientemente de lo que diga el juez –procesarlo o a lo sumo dictarle falta de mérito (para dejarlo vinculado a la causa), el sobreseimiento está descartado– como en el 2011 será la presidenta Cristina Kirchner quien deberá decidir cuál será el futuro de Amado Boudou.
Contra los buitres
Mientras el vicepresidente se sometía a interrogatorios judiciales y periodísticos, una comitiva de legisladores oficialistas y opositores viajaron a Washington a explicar la postura del país en relación a las pretensiones de los Fondos Buitres. La delegación, encabezada por Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados incluyó al diputado Dario Giustozzi, presidente del Bloque del Frente Renovador (Sergio Massa); el presidente de Compromiso Federal, Lino Aguilar y a dos economistas muy críticos del gobierno: Federico Sturzenegger, de Unión PRO y el diputado Martín Lousteau de Unen.
Una parte del Frente Amplio Unen quedó en orsai al rechazar el viaje y limitarse a enviar una carta de apoyo. Fue por esa razón que Lousteau decidió viajar por su cuenta. “Lo de los Fondos Buitres es una causa nacional”, señaló el ex ministro. Aun con sus diferencias políticas e ideológicas, la gran mayoría de los dirigentes con posibilidades de llegar al poder coinciden en que un resultado desfavorable en el pleito que los fondos especulativos mantienen con Argentina sería lesivo para los intereses del país. No había pasado nunca.