En los últimos meses pidieron a la Corte Suprema de los Estaos Unidos que considere el caso Argentino los gobiernos de EEUU, Francia, México y Brasil, los países del G-20 y el G77 más China. También el FMI. Hasta el Papa Francisco. Sin embargo, por 7 votos a 1, el Tribunal ni siquiera le pidió opinión al gobierno norteamericano –la opción esperada por casi todos-. Dejó en vigencia el fallo del juez Griesa que ordena pagarle a los fondos especulativos el cien por ciento de los bonos, en cash y antes que a los bonistas que entraron al canje. Más allá de los errores imputables al gobierno -se fue de boca en varias oportunidades debilitando la posición argentina y demoró algunas medidas necesarias- la decisión del magistrado revela hasta qué punto la justicia norteamericana ampara a los capitales financieros por sobre los intereses nacionales.
El fallo amenaza la reestructuración de la deuda externa argentina, en gran medida ilegítima, y deja al gobierno en una situación gravísima. Si el país entra en default se corta el crédito y se afectan inversiones como las de Vaca Muerta. En definitiva, el fallo es nocivo para el país y, en gran medida, será una mochila que tendrá que cargar la próxima administración. En el origen del problema está la cesión de soberanía al someter los litigios por los créditos a los tribunales de EEUU. No entender esto distorsiona cualquier análisis.
Sobre Paul Singer (el titular del fondo favorecido por la justicia norteamericana), los buitres y otros pajarracos, hablé en mi programa Guetap (Vorterixrock 103.1) y quiero compartir mi opinión con ustedes.
Mientras tanto, el gobierno anunció que quiere pagar pero no por sobre lo que acordó con los bonistas que aceptaron los canjes. Abrió una puerta de negociación con los buitres que depende de la voluntad de Griesa y anunció un posible cambio de sede de pago de Nueva York a Buenos Aires. Las consecuencias de esta movida son impredecibles.