El endeudamiento argentino comenzó en 1822 durante la gestión de Bernardino Rivadavia. Se autorizó al gobierno a tomar fondos en el exterior para ser aplicados a la construcción del puerto de Buenos Aires, la creación de pueblos en la nueva frontera del país y la fundación de tres ciudades sobre la costa, entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones.
También se preveía brindar agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo se celebró en Londes, el 1 de julio de 1824, con la Baring Brothers por un millón de libras esterlinas. Ya en el camino el 15 por ciento se lo quedó el consorcio que negoció el crédito. Al país sólo llegaron 560 mil libras esterlinas y en títulos, casi nada en metálico. Con esos magros fondos ni hace falta aclarar que no se hicieron las obras ni se fundaron los pueblos prometidos. La deuda se terminó de pagar ochenta años después. El fallo del juez Thomas Griesa a favor de los Fondos Buitre es apenas el capítulo más reciente de una historia que se repite desde hace doscientos años: funcionarios venales o incapaces, cesión de soberanía, deuda que no se destina a infraestructura, coimas y triunfo cantado de los usureros.
La decisión de Griesa, avalada por todas las instancias judiciales de su país, puso al Estado argentino entre la espada y la pared. Si se cumple, pagando a los Fondos Buitre, se cae la reestructuración de deuda con el 92 por ciento de los bonistas que aceptaron el canje con quita en 2005 y 2010 y si no se paga el default será con los Fondos especulativos que ganaron el juicio. Más allá de los errores cometidos por el gobierno durante el proceso judicial –entre otros se privilegiaron las bravatas a la estrategia política– la resolución del entuerto en los tribunales de Nueva York revela hasta qué punto el capital especulativo se impone a la política dentro de los Estados Unidos y no trepida en vulnerar derechos soberanos en el resto del mundo.
Argentina sólo necesitaba seis meses de tiempo para no quedar al borde del abismo. En enero próximo pierde vigencia la cláusula que otorga a los bonistas que ingresaron al canje la posibilidad de reclamar el mismo trato que se dispense a los que no lo hicieron. El alto tribunal norteamericano sólo debía estudiar el caso. En los últimos meses le solicitaron esa medida los gobiernos de EEUU, Francia, México y Brasil, los países del G-20, el G77 más China, el FMI y el Papa Francisco. El Tribunal ni siquiera consultó al gobierno de Barack Obama. Dejó en vigencia el fallo que ordena pagarle a los Buitre el cien por ciento de los bonos que compraron por migajas. Eso sí, en cash y antes que a los bonistas que aceptaron renegociar la deuda. La señal es clara y no deja dudas sobre quién manda y cómo son las cosas en el sistema financiero mundial. Por eso no extraña la solidaridad de muchos gobiernos y la preocupación de distintos organismo internacionales.
El fallo amenaza la reestructuración de la deuda externa argentina, en gran medida ilegítima, y deja al gobierno en una situación gravísima. Si el país entra en default se corta el crédito y se afectan inversiones indispensables como las de Vaca Muerta. Las consecuencias para la población serán graves. El fallo es nocivo para el país y, en gran medida, será una mochila que tendrá que cargar las próximas administraciones y, lo que es peor, las próximas generaciones. El regodeo de algunos políticos y periodistas con el revés judicial es tan estúpido como sorprendente.
La presidenta Cristina Kirchner utilizó la cadena nacional para cuestionar la medida y subió el tono. Habló de extorsión y de la imposibilidad de pago, antepuso esgrima verbal con estrategia política. Días después en el acto del Día de la Bandera abrió la puerta a una negociación y manifestó la voluntad de pagarle “al cien por ciento de los acreedores”. Con esa premisa solicitó al juez que suspenda el embargo para poder pagarle a su vencimiento la cuota que le corresponde a la mayoría de los bonistas y, recién después acordar con los buitres. No es un pedido irracional. Sin embargo, Griesa siempre privilegió a los fondos especulativos en sus decisiones y estos le pidieron que rechace el planteo argentino. Sin esa concesión, el default estará muy cerca.
Dos prestigiosas publicaciones hicieron fuertes críticas al polémico magistrado. El periodista inglés Martin Wolf, uno de los columnistas más destacados del Financial Times escribió: “Los acreedores que aceptaron cambios y los holdouts no son casos similares. Forzar a que se los trate como iguales parece un error. Es más, el argumento de que los holdouts están ayudando a la Argentina mediante el castigo a la corrupción del gobierno parece absurdo. Corresponde a los argentinos elegir al gobierno. Peor, si la Argentina es obligada a pagar la totalidad a los holdouts, el precio pesará sobre los argentinos. Eso es extorsión apoyada por el Poder Judicial de Estados Unidos”.
Por su parte, Felix Salmon de Foering Affairs, señaló: “hay muchas instituciones suficientemente poderosas para poner a una nación soberana sobre sus rodillas. La mayoría maneja su poder con mucho cuidado, el resto son fundamentalistas peligrosos” y agregó: “la Argentina no está mintiendo cuando dice que simplemente no puede pagar lo que demanda la Corte norteamericana”.
Para los presidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y Pepe Mujica, la movida a favor de los Fondos Buitre es “una nueva avanzada financiera que amenaza ir sobre los recursos naturales de los países”. Vale la pena atender a sus advertencias. Se trata de una historia repetida dónde, hasta ahora, siempre ganaron los mismos.