sábado 18 de agosto
Interesante

“Argentina Saudita” de Alejandro Bianchi

El petróleo mueve al mundo. En su nombre se han declarado guerras, levantado imperios y construido fortunas. Las empresas y los países forman una élite capaz de hacer temblar la economía global, lo que explica que el descubrimiento de la tercera reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional en Vaca Muerta llevara al gobierno de Cristina Kirchner a expropiar YPF en 2012 y firmar con Chevron un contrato secreto otorgándole beneficios excepcionales.


Con prosa hipnótica, Alejandro Bianchi describe cómo, junto con los dólares que empezaron a llegar a la Patagonia en plena crisis en ergética, florecieron la prostitución, los casinos y los negocios millonarios para los amigos del poder. Y cómo aumentaron también la coacción contra los pobladores y las amenazas al medioambiente de la mano del fracking, la cuestionada técnica de extracción de combustibles. Argentina Saudita da cuenta de la complejidad geoestratégica del petróleo y explica por qué la caída inédita del precio del barril podría llevar al país a la bancarrota y convertirlo en otro Estado pobre, maldecido por sus propios recursos naturales.

A continuación, un fragmento a modo de adelanto:

Argentina, tierra sin ley

Hay un dicho que usan muy a menudo los petroleros para contrarrestar las acusaciones de contaminación: “El Riachuelo está en Buenos Aires, no en Neuquén”. Más allá de que eso es cierto en sentido literal, la Patagonia tiene varios casos de contaminación resonantes. En la producción no convencional, la regulación llegó mucho después de que se comenzó a poner en marcha la fractura hidráulica.

En la Argentina no hay una ley nacional que reglamente nada de la actividad concerniente al fracking. De todos modos hay un conjunto enorme de normativas, desde el artículo 41 de la Constitución Nacional que vela por el derecho a un ambiente sano y la ley General de Ambiente 25.675, hasta varios artículos del código de minería, tratados internacionales a los que adhirió el país, y leyes, decretos y resoluciones provinciales y municipales, que se ocupan de regular la extracción de hidrocarburos y que serían aplicables también a la actividad del shale.

Sin embargo, como el fracking tiene algunos procedimientos nuevos y más peligrosos —desde ya es más intensivo en el uso de agua, camiones, contenedores y emisiones de gas metano—, son necesarios algunos principios mínimos consensuados entre la Nación y las provincias. El último poder está en manos de las provincias, que tienen jurisdicción y competencia sobre sus recursos naturales de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional. La distribución del shale en la Argentina vuelve todavía más necesario ese consenso porque una misma cuenca petrolera atraviesa varias provincias y requiere una normativa interjurisdiccional, compartida entre provincias y municipios.

La única regulación específica para la exploración y explotación de reservorios no convencionales es el decreto 1.483 y la ley 1.875 de la provincia de Neuquén. Como primer intento regulatorio, el decreto sienta pautas básicas adecuadas que podrían servir para hacer una ley nacional sobre el fracking. Pero es un texto inicial de apenas 19 artículos. Esa norma exige a todos los proyectos no convencionales una licencia ambiental como paso previo a la explotación y cuando la autoridad lo considere pertinente, también puede pedir un análisis de riesgo ambiental.

La ley provincial obliga a las petroleras a contar con una autorización de uso de aguas y vertidos de efluentes emitida por la Subsecretaría de Medio Ambiente, describir el proceso de utilización del agua y presentar una declaración jurada de todos los fluidos y químicos utilizados en el pozo. Las empresas también deben pagar un canon por el uso de aguas públicas y no pueden tomar agua de las napas para la fractura. La normativa obliga a las compañías a que los fluidos que salen del pozo sean tratados y no volcados en recipientes a cielo abierto, y establece que las piletas de almacenamiento donde se los arroja transitoriamente deben estar impermeabilizadas.

Las autoridades pueden pedir un análisis físico-químico de lo que se inyecta en los pozos para verificar que ninguna empresa se exceda con los químicos. Uno de los puntos más débiles del decreto es que regula muy superficialmente el daño del fracking a todo lo que rodea a la zona. El último artículo solo habla de “minimizar” el desarrollo de la locación alrededor del pozo (tráileres, campamentos, maquinaria) y los ruidos de la perforación.

En los papeles la regulación está planteada en el sentido correcto. En los hechos la gobernación de Neuquén no actúa de la misma manera. El control va muy atrás del ritmo de producción en los pozos y no todas las empresas cumplen con las condiciones técnicas.

La ONG Amigos de la Tierra y un grupo de legisladores de la oposición denunciaron ante la justicia al gobernador Jorge Sapag por haberle permitido a la francesa Total perforar un pozo no convencional en el área natural protegida Auca Mahuida, en el norte de la provincia. Las áreas protegidas son territorios resguardados por ley con el propósito de contribuir a la conservación y el mantenimiento de la diversidad biológica. En Neuquén, la ley 2.594/08 estableció once áreas protegidas en las que solo se permite realizar actividades recreativas y de educación.

El primer pozo no convencional lo hizo Repsol YPF a fines de 2011 y la regulación provincial comenzó a regir en agosto de 2012. Recién en mayo de 2014 la Secretaría de Medio Ambiente neuquina instaló dos tráileres en Loma Campana para controlar lo que hacen las petroleras. Por ahora, solo cuatro técnicos y un supervisor trabajan doce horas siete días a la semana para verificar lo que sucede en más de 300 pozos no convencionales perforados en toda la provincia.

Las plantas de tratamiento están lejos de los pozos y representan un costo extra en un momento en que el sector está en plena carrera por bajar gastos para hacer rentable la explotación, con más presión ahora por el derrumbe de más de 50% del precio del barril.

En la provincia de Chubut la regulación también corre detrás del avance del fracking. Se hicieron dos pozos con fractura hidráulica en busca de shale y en uno de ellos se obtuvieron resultados muy promisorios. Pero la provincia no tiene una legislación específica para los no convencionales; solo hay una norma provincial para la actividad petrolera en general.

Según las autoridades provinciales y las petroleras, todavía no se detectaron incidentes ambientales con el shale en la Argentina. Un informe del Instituto Argentino del Petróleo de 2013 asegura que en más de 65.000 pozos perforados en el país —la mayoría convencionales— no hay registros de contaminación de los acuíferos. En el caso de los no convencionales no hay un registro de información histórica significativa para medir el riesgo de la fractura hidráulica en las napas. Sin embargo, existen más de cincuenta demandas judiciales por contaminación del fracking en Neuquén.

 

Galuccio no es profeta en su tierra

Ante la incertidumbre sobre los riesgos ambientales, algunos gobernantes decidieron prohibir el fracking hasta que se disipen los temores de la población, pero todavía no hay ninguna provincia que haya prohibido la fractura hidráulica en todo su territorio. Paradójicamente, la más antifracking es Entre Ríos, de donde es oriundo el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Allí, 17 municipios (San Jaime de las Fronteras, Concepción del Uruguay, Colón, Diamante, General Ramí rez, Colonia Avellaneda, Rosario del Tala, Villaguay, La Paz, Villa Elisa, Villa del Rosario, San Ramó n, San Pedro, Cerrito, Viale, Crespo y Bovril) le dijeron “no” a esta técnica.

Entre Ríos tiene un potencial shale muy interesante de explorar en la parte sur de la cuenca Chaco Paranaense. Hay una franja al noroeste, entre Concordia y María Juana, que el mismo Galuccio marcó en su Plan Exploratorio Argentino. El CEO fue a Entre Ríos a fines de 2012 y se reunió con quien lo había recomendado ante la Presidenta para asumir la conducción de la YPF reestatizada, Sergio Urribarri. El gobernador le prometió llevar a la provincia a “la nueva era energética de la Argentina” e incluso trascendieron algunos números de lo que podrían llegar a embolsar las arcas provinciales en regalías petroleras.

Pero las expectativas se toparon con una población con mucha conciencia ambiental, especialmente vinculada con el agua por la presencia de los ríos Paraná y Uruguay. La resistencia al avance de las plantas pasteras en Uruguay mediante cortes de los puentes fronterizos fue una demostración política que se mantuvo durante años a pesar de que quebró la relación diplomática con Uruguay. En una provincia en la que la agricultura es la actividad más importante, el uso intensivo del agua para el fracking fue visto como una seria amenaza para la subsistencia. Cuando casi nada se sabía del fracking, se creó el Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking, conformado por treinta y cuatro organizaciones sociales, políticas, gremiales, religiosas y universitarias.

Se calcula que hoy otros treinta municipios en las provincias de Mendoza y Santa Fe están en proceso de prohibir el fracking. La diputada por la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, Marcela Guido, presentó un proyecto para seguir el mismo camino en el territorio bonaerense.

Río Negro, una provincia de tradición petrolera y con potencial shale, fue la primera en dar el batacazo. El municipio de Cinco Saltos aprobó la ordenanza que prohibió el fracking el 26 de diciembre de 2012 después de un durísimo debate en el Concejo Deliberante. Cinco Saltos está en el corazón de la zona frutícola de la provincia, rodeado por los ríos Limay y Neuquén. Su incidencia es baja porque lo habitan apenas unas 25.000 personas pero la decisión fue un primer golpe que le dolió al gobierno nacional ya que en ese momento el fracking empezaba a asomar como el salvavidas energético del país y se temía un efecto dominó en otros distritos.

La intendenta Liliana Alvarado, ex Frente Grande aliada con el Frente para la Victoria, vetó la norma por orden del gobernador y de la Nación. Pero como lo hizo fuera del plazo legal, el Concejo Deliberante lo rechazó y entró en vigencia la ordenanza que prohíbe la explotación y exploración de yacimientos no convencionales en Cinco Saltos. La municipalidad de Allen, en la misma provincia, siguió sus pasos un año después.

Ante semejante rebeldía, el poder político tomó cartas en el asunto. Las autoridades ambientales y la procuración provincial plantearon un amparo judicial contra las medidas. Con una rapidez inédita, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló que el Concejo Deliberante de Allen no tiene competencia para legislar en materia hidrocarburífera: “Si bien los municipios ejercen en su ámbito territorial las facultades de policía ambiental, deben hacerlo sin invadir la esfera de competencias provinciales.” Pero no hay ninguna norma provincial en Río Negro que regule o prohíba la fractura hidráulica. La conclusión es que solo la gobernación puede regular sobre el tema. No lo hace.

Neuquén, el corazón de Vaca Muerta, también tiene sus rebeldes. La localidad de Zapala se declaró “libre de fracking” en el ejido urbano. Es una ciudad turística, ubicada en el centro de la provincia, gobernada por la intendente María Soledad Martínez, del partido Unidos por Zapala, una coalición socialista opositora al Movimiento Popular Neuquino que gobierna la provincia. Fue otro golpe porque Zapala es un nodo estratégico para la logística del shale en la provincia.

La respuesta política también fue inmediata y terminante en este caso. El Movimiento Popular Neuquino presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial que dejaba sin coparticipación por las regalías de los yacimientos no convencionales a los municipios que prohibieran el fracking. En una provincia en la que todos los municipios necesitan de los fondos de la gobernación para pagar sueldos porque no alcanza con lo que recaudan por impuestos, las regalías suponen un ingreso extra decisivo, por no decir vital.

La consultora Poliarquía es la única que salió a la calle a preguntar a los argentinos qué saben y qué piensan de Vaca Muerta y el shale: 62% respondió que leyó o escuchó algo de la formación petrolera. Respecto de los riesgos, 23% aseguró que puede hacer mucho daño ambiental; 29% bastante daño ambiental; 30% poco daño ambiental y 5% que no provocará daño.

 

De espaldas al medio ambiente

Los gobiernos que no tienen que arrodillarse ante una corporación para que invierta pueden poner reglas claras y razonables para cuidar su medio ambiente. No es el caso de la Argentina, donde la inestabilidad económica, la necesidad imperiosa de dólares e inversiones para afrontar problemas profundos de falta de infraestructura, y la corrupción de los funcionarios de turno en el área ambiental han limitado prácticamente a nada la regulación de las actividades que impactan en la naturaleza.

La Argentina, que en las últimas décadas pasó por una crisis profunda cada diez años, ha puesto el foco en la reactivación de la economía y la recuperación del empleo al costo ambiental que sea. La década sojera es el ejemplo más claro. El cultivo de soja fue el salvavidas para salir de la crisis de 2001-2002. Un grano de exportación que llegó a valores récord, que casi no se consume en el país y cuyo gran comprador es China, permitió recomponer los ingresos fiscales del país y drenarlos hacia una sociedad muy castigada por el desempleo y la pobreza. Como la exportación de soja es la gran fuente de dólares del gobierno, la regulación de la actividad es baja y la rentabilidad, alta. Después del enfrentamiento político entre el campo y el gobierno kirchnerista por las retenciones móviles a las exportaciones, los productores se volcaron todavía más al negocio de la soja para evitar las regulaciones. Esto llevó a una sojización riesgosa. Hoy el 75% de la superficie cultivable del país está sembrado con soja. El monocultivo arrasó con tambos, trigo, cabezas de ganado y principalmente bosques.

El debate por la ley de glaciares desnudó todavía más el conflicto entre dólares y medio ambiente. A pesar de haber sido esposa del ex gobernador de Santa Cruz, de tener casa propia en El Calafate y ser visitante habitual del glaciar Perito Moreno, la presidenta Cristina Fernández vetó dos veces proyectos legislativos que amenazaban los intereses de la minería a cielo abierto a cargo de la empresa Barrick Gold, que había prometido una inversión de más de 2.000 millones de dólares en Catamarca. Los proyectos vetados prohibían el desarrollo de actividades que, como la minería, pudieran afectar el desarrollo de los glaciares, una de las principales fuentes de agua dulce del mundo. El 46% de los consultados por Poliarquía y la Fundación Vida Silvestre aseguró que la protección del medio ambiente debería ser una prioridad aunque perjudique a la economía y el 73% respondió que estaría dispuesto a participar de una acción concreta de preservación. El cuidado del medio ambiente entró en el decálogo de la corrección política hace muy poco tiempo, pero hablar de reciclado y basura todavía no suma votos a los candidatos. Los riesgos ambientales de la explotación petrolera no convencional son todavía más inciertos. Una economía que desatiende el cuidado de la naturaleza difícilmente sea sostenible ambiental y financieramente. Y ni siquiera durante los años de expansión económica la Argentina asumió la educación ambiental como una actividad complementaria y necesaria.

 

El cambio climático levanta temperatura

La Casa Blanca y las petroleras estadounidenses no solo enarbolan la bandera del gas shale como energía barata para todo el mundo; también lo promueven como una herramienta clave para frenar el calentamiento global. Afirman, con razón, que el gas que se utiliza como fuente de energía genera 40% menos de emisiones que el carbón y que, gracias al boom de los hidrocarburos no convencionales, Estados Unidos hace sus deberes para detener el cambio climático. El resultado esperable sería ganar influencia en las negociaciones mundiales sobre el tema y lavar culpas por ser el segundo país más contaminante del planeta después de China, que produce aproximadamente el 26% de las emisiones de carbono del mundo. Estados Unidos lo sigue de cerca con un 18%.

Sin embargo, que la economía número uno del mundo esté cambiando su matriz energética del carbón al gas no soluciona el problema sino que lo agrava. Por un lado, el carbón que Estados Unidos deja de quemar en su territorio lo exporta cada vez más a Asia y Europa, embarcada —con la excepción de Francia— en un proceso para abandonar la energía nuclear. Alemania, la cuarta economía del mundo, genera el 45% de su electricidad a carbón, y en lugar de reducir su uso lo aumentó 11% en los últimos dos años. La Unión Europea dice que apuesta por las energías limpias, a las que subsidia y da prioridad de utilización a la hora de generar electricidad, pero cuando la demanda crece, cubre el faltante con la generación a carbón, el combustible más contaminante, más antiguo, más barato y el más abundante del planeta.

Para Europa el carbón tiene un fuerte peso histórico, tan simbólico como real. La semilla de la actual Unión Europea fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, fundada después de la Segunda Guerra Mundial por Francia y Alemania para evitar nuevas guerras. Al unir las dos industrias centrales de ambos países se esperaba también que la creación de tarifas comunes para esos insumos permitiera bajar los costos de producción y revitalizara a la economía europea arrasada por el conflicto bélico.

El carbón también es mucho más amigable que el petróleo en términos geopolíticos. Hay reservas probadas de carbón en setenta países, en todos los continentes, para 132 años de consumo contra 54 años de reservas probadas de gas y petróleo. Las más importantes están en Estados Unidos, Rusia, China e India. Otra ventaja estratégica del carbón es que tiene un solo precio internacional a diferencia del petróleo y el gas, que están concentrados en Medio Oriente y Rusia y no tienen un único valor de referencia.

Europa se guía por el barril Brent de petróleo, y Estados Unidos y América Latina por el barril WTI de Texas; y el precio del gas que se paga en los mercados estadounidenses no es el mismo que Rusia le cobra a Europa o el que se paga por el gas envasado que se transporta por barco. Estados Unidos emitió 12% menos de dióxido de carbono entre 2005 y 2012 gracias al boom del shale gas, a la menor actividad durante los años de recesión económica y a una mayor eficiencia productiva de las fábricas. En 2013 revirtió la tendencia y las emisiones volvieron a crecer 2% a causa de la suba del precio del gas que hizo que, para ahorrar costos, algunas usinas eléctricas volvieran a generar energía con carbón, que es más contaminante. En términos ambientales Estados Unidos ha reducido sus emisiones de carbono, pero ahora las exporta. Tiene clientes a granel que no pueden cambiar su matriz energética tan fácilmente porque no tienen ni los recursos naturales, ni el desarrollo tecnológico ni la capacidad financiera estadounidense para afrontar la producción no convencional a gran escala.

La producción y el consumo de energía fósil (petróleo, gas y carbón) en el mundo generan el 61% de las emisiones de efecto invernadero —principalmente de vehículos y usinas eléctricas—, seguida de la actividad agropecuaria (32%) y la basura y la industria (7%).64 No hay demasiadas alternativas convincentes: los escapes de metano de la industria petrolera en general y en especial del fracking agravan el cambio climático. Además, cuando se consume el gas no convencional se libera dióxido de carbono que también favorece el calentamiento global. De hecho, en Colorado —uno de los estados con más producción de petróleo y gas no convencional— la temperatura aumentó 3,4 grados entre 1991 y 2012.

A pesar de no haber cumplido con los distintos plazos para reducir las emisiones fijados en reuniones de Naciones Unidas, del G8 y el G20, y en el tratado de Kioto sobre cambio climático, los países establecieron una nueva meta, más realista pero menos ambiciosa, para 2050: lograr que la temperatura de la Tierra no aumente más de dos grados y así evitar el descongelamiento de los glaciares y la pérdida de cosechas por sequías o inundaciones.

Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo de países emergentes como China, Brasil e India, que demandan cada vez más energía, junto con la mayor quema de carbón por parte de Japón a partir del accidente nuclear de Fukushima, hacen imposible que se cumpla este nuevo objetivo. Japón ya bajó su meta de reducción de emisiones de 25% a 3,8% hasta 2020, alegando que tendrá que desconectar sus reactores nucleares.66 Las emisiones de carbono del mundo vienen creciendo entre 1,5% y 2% en los últimos años. Si nada cambia, la temperatura de la Tierra aumentaría entre 3,6 y 5,3 grados para 2050, lo que generaría un desastre ecológico. A pesar de esa tendencia alarmante, el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre calentamiento global carece de rigor, y su incumplimiento, de sanciones. Lo cierto es que los países se comprometieron a bajar sus emisiones solo en los papeles y que la solución de reemplazar el carbón por shale gas solo serviría para ganar tiempo y asegurarse energía un poco menos contaminante en este siglo a la espera de que las energías renovables, que disminuyen más significativamente las emisiones de carbono, sean rentables y masivas. Mientras tanto, el sistema global profundiza la dependencia mundial del petróleo. Hoy el 81% de la energía que consume el planeta es fósil (31,5% petróleo, 28,8% carbón y 21,3% gas). El 19% restante proviene de plantas nucleares, represas hidroeléctricas, biocombustibles y energías renovables (apenas 2%). La gran pregunta es cómo se puede diversificar esta matriz. Los nuevos expertos en el tema, como el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, o el ex ministro de Economía británico, Nicholas Stern, dicen que es imposible deshacerse del petróleo y el carbón porque están íntimamente vinculados con el capitalismo. Por ahora tienen razón. Se necesitan muchas décadas y mucho dinero para cambiar a una matriz energética más limpia. En una supuesta transición habría que decidir cómo reconvertir, por ejemplo, la industria minera y los millones de trabajadores en el mundo que toda su vida se dedicaron a la producción de carbón. Todos esos sectores y esas empresas pagan impuestos que son vitales para las economías de municipios, estados y países. Lo mismo vale para reducir la dependencia energética de la industria petrolera. El costo político, social y económico de semejante transformación es inconmensurable y muy pocos países parecen dispuestos a ser pioneros.

Las empresas petroleras dicen que no son correctas las proyecciones de cambio climático, que son obra de una prensa alarmista, que las sociedades se adaptarán al cambio climático y que hay que replicar el boom del shale porque redujo el gasto en energía de los hogares estadounidenses. Además ponen el foco en los miles de millones de dólares ya invertidos en exploración y producción en todo el planeta, un proceso imparable que generará más energía fósil.

Nicholas Stern considera que el cambio climático es el fracaso más grande de la historia industrial porque la relación entre el capitalismo y los recursos naturales empieza a crujir de forma dramática. Hay unos cincuenta millones de desplazados por catástrofes ambientales y se estima que podrían llegar a entre 150 y 250 millones para 2050. El problema es cómo saber cuándo el sistema entra en crisis. Algunos creen que ya es tiempo de actuar y cambiar por energías limpias; otros consideran que debe ser un traspaso paulatino que llevará unos cien años. La clave es cómo forjar la transición de un modelo a otro, quizá descarbonizando la producción de energía y consumiendo de manera más responsable.

Según Stern, habría que destinar el 1% del PBI mundial para morigerar el cambio climático y de esa forma apuntalar un desarrollo sustentable. De lo contrario, si se mantiene el statu quo energético, estima que la economía mundial podría perder entre 5% y 20% de su PBI a causa de los daños que sufrirá la naturaleza. China y Estados Unidos son, otra vez, los que dirimen el asunto. La Casa Blanca, con poder económico y acceso a tecnología, dice que tiene las mediciones ambientales más precisas. Esta información le sirve para señalar a quienes no cumplen con la rebaja de sus emisiones y, de paso, seguir defendiendo su boom de producción no convencional de gas. Del otro lado, China y Rusia rebaten las acusaciones y elaboran sus propias estadísticas pero no las difunden.

Sería interesante escuchar una conversación honesta y a solas entre los presidentes de turno de Estados Unidos y China para intentar bajar sus niveles de contaminación, no solo por lo que producen sino también por lo que consumen. Ante la exigencia estadounidense de un sistema productivo más limpio la respuesta china tendría, seguramente, mucho de chicana: en la actualidad Apple les paga a las fábricas en China dos dólares por cada iPad que producen, pero si el gigante asiático invirtiera en mejores procesos de producción y cumpliera con la baja de emisiones, debería decirle a Apple que el iPad le saldrá cinco veces más, unos diez dólares. ¿Estados Unidos cargaría con el costo de aumentar el precio del iPad y explicarles a sus consumidores que eso se debe al cuidado del planeta? Lo mismo podría aplicarse a la provisión de una innumerable cantidad de productos que China le fabrica al mundo entero y a la inflación que podría contagiarle al resto del planeta si empezara a cobrar más caro por todo lo que se fabrica en su territorio. Mucho de esto explica que todo siga prácticamente igual en términos climáticos. Algunos expertos como Ernst von Weizsäcker, del Instituto para el Clima, el Medio Ambiente y la Energí a, no andan con vueltas: “La economí a de mercado puede arruinar el medio ambiente y por ú ltimo arruinarse a sí misma si a los precios no se les permite expresar la verdad ecológica”.

En el frente interno, Estados Unidos usa la alarma climática como una herramienta política. El último informe del Centro Nacional de Datos Climáticos fue difundido por el propio Barack Obama, que concedió entrevistas desde la Casa Blanca a los pronosticadores del clima de los canales de televisión más importantes. Con el objetivo de imponer en el Congreso una ley para frenar el cambio climático, y de paso apropiarse de un tema de la agenda internacional, el mandatario toma medidas de este estilo con una frecuencia llamativa pero entendible. Los daños provocados por el huracán Sandy o la invasión de abejas en varios estados a causa de los veranos más calurosos y prolongados asustaron a los estadounidenses.

Los efectos del calentamiento se sienten en todo el país con un alza de la temperatura de dos grados en el último siglo. Si las emisiones de carbono y metano no empiezan a bajar más drásticamente, la temperatura en Estados Unidos podría aumentar hasta 10 grados más para fines de este siglo.

En la vereda de enfrente, China encuentra muy difícil cumplir con los deberes ambientales. A costa de un uso intensivo de la naturaleza, el país más poblado del mundo creció durante los últimos treinta y tres años al 9,9% en promedio, la tasa más alta durante el período más prolongado de la historia del capitalismo. La economía no puede crecer menos de 7% anual para absorber las masas de mano de obra que ingresan al mercado productivo: cada año se suman cuatro millones de chinos a la universidad y se calcula que para 2020 el mercado chino tendrá disponibles unos veinte millones de ingenieros —la carrera más elegida del país— y 600 millones de obreros. Para las próximas décadas se prevé una relajación de esa exigencia, con una expansión más moderada del PBI pero con más consumo local por la mejora en el poder adquisitivo.

El Partido Comunista Chino no puede ni quiere perder recursos y tiempo en los procesos de cuidado ambiental más rigurosos que exige Occidente. Su respuesta es que si contamina menos, va a producir menos —un argumento que comparte con los países emergentes o en desarrollo—, y en un territorio donde viven 1.350 millones de personas, un agravamiento del desequilibrio social podría ser inmanejable. Estados Unidos y Europa, con un nivel de vida asegurado luego de haber contaminado durante décadas casi sin control, le exigen ahora menos emisiones a la gran fábrica del mundo que quiere alcanzar niveles similares de bienestar.

Esa política de Pekín tiene un precio alto e inmediato. La calidad del aire en la mitad de las ciudades chinas es media o mala y el cá ncer de pulmó n es la primera causa de mortandad en el país. La contaminació n del agua y del aire en magnitudes tan elevadas supone un costo econó mico de entre 8 y 15 puntos del PBI expresado en productos agrí colas inservibles por las lluvias á cidas, gastos mé dicos y ayuda a las ví ctimas de los desastres naturales. En el discurso del Partido Comunista, el concepto de “desarrollo cientí fico” que busca equilibrar el desarrollo econó mico con los costos humanos y naturales fue elevado a rango de doctrina e integrado en todos los niveles del Estado. Las cuestiones de la protecció n ambiental y del cambio climá tico forman parte de la retó rica oficial, y entre las prioridades del gobierno chino figuran la reducció n de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia energé tica. Pero la seguridad energé tica y alimentaria están primeras en la lista: sin energía no comen, no se calefaccionan y no trabajan los 1.350 millones de habitantes de China.

 

El pronóstico del clima en la Argentina

La Argentina es el segundo país del mundo más avanzado en la extracción de petróleo y gas no convencional pero poco hace para mitigar el cambio climático que ya se siente, de diferentes formas, en todo el territorio. El primer alerta climático en el país fue la sequía de 2009, la más grave en los archivos históricos. Animales muertos, cosechas de trigo, maíz y soja reducidas a la mitad dejaron pérdidas estimadas en 8.000 millones de dólares. El 10 de septiembre de 2013, diez días antes de que terminara el invierno, en la ciudad de Buenos Aires se registraron 34,4 grados centígrados, un récord histórico de calor. Dos meses después, en diciembre, el país soportó una ola de calor de quince días consecutivos con máximas de 46 grados, otro registro inédito. En la provincia de Mendoza, no había más de tres o cuatro noches cálidas durante los veranos. Ahora son más de treinta.

Las tormentas son una amenaza permanente en las ciudades. El servicio meteorológico se ve obligado a emitir alertas cada vez más a menudo para que no se repitan los destrozos de tejados y autos en caso de posible caída de granizo o porque el inédito volumen de agua que cae supera la deficitaria infraestructura de muchas provincias. Las recientes inundaciones extraordinarias de algunos barrios de la Capital Federal, La Plata y la provincia de Buenos Aires son un ejemplo. En Córdoba las lluvias de febrero de 2015 superaron los registros de los últimos cincuenta años y generó la peor catástrofe climática de la provincia.

El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas pronosticó para la Argentina un aumento del volumen de lluvias en el centro y norte del país, un incremento de la duración y la frecuencia de las sequías en el oeste y el sur, y una multiplicación de eventos climáticos extremos e incrementos en las enfermedades de los cultivos de granos. A pesar de tener por delante este escenario, nuestro país hace poco para mitigar —ya ni siquiera revertir— el cambio climático más allá de algunas campañas municipales de difusión y el seguimiento aislado de algunas estadísticas. Los argentinos tampoco parecen muy preocupados. La sensación de que el cambio climático es un problema remoto, convierte al asunto en algo digno de documentales o películas futuristas.

La primera muestra de que la contaminación importa poco es la matriz energética del país, que depende en un 87,9% del petróleo y sus derivados, por encima de la media mundial. Justamente es el tipo de energía que provoca el 47% de los gases de efecto invernadero del país, seguido del agro con el 44%. Estas emisiones crecen muy por encima de la media internacional de entre dos y tres puntos: 10% entre 1990 y 2000, y 23% entre 2001 y 2005, según los datos más recientes de la Secretaría de Ambiente y de la Fundación Bariloche.

La crisis energética de la última década no permitió ni siquiera pensar en energías alternativas ni en controlar la contaminación de la decreciente producción de hidrocarburos en la Argentina. En cambio, el país utilizó al primer salvavidas que tenía a mano para intentar evitar una debacle económica: ante la fuerte caída de la producción de gas, se recurrió de apuro para generar electricidad a la importación de fuel oil de Venezuela, un combustible cuestionado por su alto contenido de azufre. En la Secretaría de Energí a no figura el dato sobre el tenor de azufre de cada cargamento pero el diario Perfil le dedicó varias tapas con fotos de la ciudad y las primeras imágenes de “lluvia ácida”.

La falta de potencia eléctrica llevó al gobierno nacional a establecer generadores de electricidad móviles en distintas provincias del país, también alimentados a fuel oil y gas oil, más contaminantes que la electricidad a gas. Fue una decisión de urgencia y a contramano de la ley de incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables (la 25.019, modificada por la 26.190), que tiene como objetivo lograr que esas fuentes generen el 8% de la energía eléctrica nacional hacia 2016. Hoy el sol, el viento y la biomasa generan menos del 1% de la electricidad del país. Uruguay, en cambio, espera marcar un hito mundial en 2016, año en el que apunta a que el 90% de la electricidad que consume provenga de fuentes renovables, sol, agua y viento principalmente.

El Noroeste argentino es una de las regiones del planeta con mayor radiación solar. En abril de 2011 se inauguró en Ullum, en la provincia de San Juan, el primer parque de energía solar de Latinoamérica, la Planta Fotovoltaica Piloto San Juan I. Por ahora no produce más de 1,2 megavatios: alcanza como máximo para abastecer a 1.200 hogares. Aunque es poco, permite experimentar la tecnología necesaria para proveer energía a las comunidades aisladas de la región, a las cuales no es fácil de abastecer con tendido eléctrico. El obstáculo general de esta alternativa es el costo, al menos cinco veces superior al de la energía eléctrica generada con combustible líquido o gas debido a que la tecnología para producirla es más cara y escasa y a que las fuentes de provisión de energía son inestables: no todos los días sale el sol ni el viento sopla con la intensidad suficiente para generar electricidad.

El país produce 11.000 megavatios de electricidad con agua y tiene potencial para generar un total de 27.000 megavatios, por encima de los 25.000 megavatios de capacidad de generación total del país. Las hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, el de mayor caudal del país, podrían generar 1.740 megavatios. Implican una inversión de 5.000 millones de dólares y si bien tienen una duración de cien años, hay que esperar seis o siete años para que empiecen a generar electricidad.

Con el viento, el potencial energético argentino no tendría límites y podría abastecer las necesidades de todo el país. En el 70% del territorio nacional hay vientos suficientes para producir electricidad. En 2012 se inauguró el Parque Eólico Rawson, el mayor de la Argentina, que produce 80 megavatios, aunque la joya en construcción es la Central Eólica Gastre, también en Chubut, que aportaría 1.350 megavatios. Se encuentran en diferentes etapas de construcción de usinas generadoras de un total de 5.000 megavatios en parques eólicos, aunque en verdad nadie sabe cuándo se concretarán. En general se ha hecho muy poco a causa de la falta de financiamiento. Los bancos le prestan más a las petroleras porque saben que devuelven a tiempo el crédito y tienen con qué pagar.

Un informe de la Auditoría General de la Nación reveló en 2011 que en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable no hay seguimiento de los temas y falta planificación y documentación. Existe una Dirección de Cambio Climático dentro de esa secretaría que no ha logrado ningún avance notable. Por ejemplo, todavía no se puede saber cuál es la calidad del aire que se respira en el país. Se conoce solo lo obvio, que la calidad del aire de las grandes ciudades se ve afectada por las emisiones del transporte y de las industrias y que las grandes edificaciones impiden el libre desplazamiento del aire. La propia secretaría lo reconoció oficialmente en su último informe sobre la situación ambiental: “Nuestro país no cuenta aún con una red de monitoreo sistematizada que determine el grado actual de deterioro en la calidad del aire de las ciudades más densamente pobladas”.

La Argentina es un pequeño punto en el mapa mundial de la contaminación. Emite aproximadamente el 0,85% de los gases de efecto invernadero del mundo, lo que la coloca en el tercer lugar en América Latina después de Brasil y México. Pero teniendo en cuenta que produce 10% de los granos del mundo, las consecuencias del cambio climático en el país deberían importarles a propios y extraños. Entretanto, la crisis energética continúa corroyendo el funcionamiento del país. El gobierno apuesta todas las fichas a recuperar el autoabastecimiento con los hidrocarburos no convencionales y le enciende velas a Vaca Muerta. La presidenta Cristina Fernández lo dejó bien claro en su visita oficial a China, en febrero de 2015: “Es muy cool hablar de las energías alternativas renovables. Todos estamos con ellas. Estamos haciendo inversiones en un parque eólico, pero también como empresarios y dirigentes del Estado sabemos que la energía fósil va a ser durante los próximos treinta, cuarenta o cincuenta años el gran motor que alimente la industria y los automóviles”.

Pero el método para extraerlos todavía no despejó las dudas ambientales ni siquiera en su país de origen, Estados Unidos. Es un dilema poco auspicioso para un país sediento de energía, inversiones y dólares pero raquítico en voluntad política y conciencia ambiental.

 

Argentina saudita
Como la soja en el 2000, del petróleo depende ahora el futuro económico argentino. Eso explica que Vaca Muerta fuera el verdadero motivo de la expropiación de YPF a Repsol en 2012 y de que el gobierno acordara con Chevron, la petrolera más cuestionada del mundo, a la que le otorgó beneficios inéditos mediante un contrato secreto.
Publicada por: Sudamericana
Fecha de publicación: 07/01/2015
Edición: 1a
ISBN: 9789500752961
Disponible en:Libro de bolsillo

 

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