El presidente Mauricio Macri decidió que se trasladará a los actos en un vehículo blindado. En los últimos meses se recibieron varias amenazas contra su vida. Aunque algunos mensajes son evidentemente inverosímiles hay que investigarlos a todos. Por las reiteradas denuncias sobre la existencia de explosivos en el departamento que habitaba antes de mudarse a Olivos hubo tres detenidos sin relevancia política. “Vamos a matar a Macri y a toda su familia”, “Vamos a volar el departamento” y “Va a explotar todo” fueron algunas de las amenazas recibidas en el 911. En esa casa vive ahora Gustavo Arribas, empresario del fútbol y amigo personal del Presidente, único antecedente que lo colocó en la cima de la Agencia Federal de Inteligencia, el organismo más oscuro de todos los que sostiene con sus recursos el Estado nacional. Macri, en campaña, prometió modificarlo pero al llegar a la presidencia cambió de idea. Mantener la actual estructura de la ex Side no parece el mejor camino para la prevención de este tipo de ilícitos.
El presidente no sólo designó a su amigo. Para secundarlo nominó a Silvia Majdalani, una legisladora con buenas relaciones con la estructura tradicional del espionaje. La sombra del inefable Jaime Stiuso seguirá proyectándose sobre la política y la justicia argentina durante muchos años más. Lo mismo hizo el kirchnerismo en el 2004. Cuando Cristina Kirchner advirtió el error sobre el final de su mandato ya era demasiado tarde. Curiosamente los senadores del Frente para la Victoria facilitaron, al abstenerse en la votación, las dos designaciones. Gran paradoja: Elisa Carrió, socia del gobierno, las impugnó.
Unos días antes de aceptar los traslados en un auto a prueba de balas, el presidente y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pasaron un buen susto en un acto en Mar del Plata. Fueron increpados por militantes y voló alguna piedra. La falta de información previa y el defectuoso operativo de seguridad diseñado para la visita a un barrio postergado en sus necesidades básicas no pudo disimularse con las promesas de castigo “a los responsables” lanzadas por la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrich. De hecho no hay ningún detenido. Más allá de la repudiable actitud de los manifestantes, sería bueno indagar por las razones de tanto malestar. Mar del Plata es gobernada por Carlos Fernando Arroyo, ex procesista y carapintada, aliado al PRO. Pobreza y desmanejos políticos son una pésima combinación.
El miércoles pasado una granada, sin capacidad para detonar, fue encontrada en un contenedor en la puerta de la casa de la jueza de San Martín, Martina Forns, en el barrio de Chacarita. Se trata de la magistrada que frenó con su fallo el aumento de tarifas dictado por el gobierno nacional. “Es una situación muy fea, estoy muy preocupada por mi familia. No puedo afirmar que esto sea por mí. Solo pido y exijo investigación”, dijo y se lamentó de que el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, la haya mencionado durante la interpelación a la que fue sometido en la Cámara de Diputados. “Me acusan de kirchnerista”, señaló.
Esta semana también se recibió una amenaza contra la vicepresidenta Gabriela Michetti en la Fundación que lidera. “La vamos a hacer volar por el aire”, dejaron grabado en el contestador. Michetti se encontraba en el exterior. En sus primeras declaraciones atribuyó la intimidación a quienes “quieren frenar el cambio” que el gobierno lleva adelante. Más allá de la interpretación personal de la vicepresidenta, las agresiones y amenazas no sólo afectan a funcionarios del gobierno. Los abogados de Cristina Kirchner denunciaron que la ex presidenta sufrió amenazas de muerte por escrito durante las últimas semanas.
También hubo anuncios de bombas en el hotel sindical de Mar del Plata donde se desarrolló un Congreso de Comunicación Social donde expuso Hebe de Bonafini después del fallido pedido de detención hecho por un juez federal sobre la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Las amenazas al espacio de la Memoria, que funciona en la ex Esma, se cuentan por cientos desde mitad del año pasado y obligaron a suspender actos y eventos. Allí funciona la Secretaría de Derechos Humanos.
Pero hay más: un técnico informático, que aseguran tiene afinidad con el oficialismo, fue detenido hace unos días cuando regresaba de EE.UU. Está acusado de ser el dueño del arma calibre 32 con el que fueron heridos dos militantes de la Nuevo Encuentro en un acto partidario en Villa Crespo en marzo pasado. En el ataque no murió nadie sólo por azar.
A esta lista, seguramente incompleta, hay que sumar las distintas acciones de amedrentamiento contra la gobernadora de Buenos Aires y varios de sus funcionarios. En el gobierno de Vidal aseguran que los ataques están relacionados con la proceso de depuración de la Policía Bonaerense. Lo que es más alarmante todavía.
En un país que sufrió dos atentados terroristas que permanecen en la impunidad y que todavía no logró esclarecer la muerte de un fiscal federal, ninguno de estos hechos debe tomarse a la ligera. A las intimidaciones reales de sectores vinculados al delito en sus variantes, hay que sumar el accionar de irresponsables, locos y delirantes. Con distinta intensidad y relevancia todos presentan desafíos al sistema democrático.
La clase política los asume de la peor manera, atravesada por discursos blindados y excluyentes. El gobierno asegura que uno de sus principales objetivos es “unir a los argentinos”, sin embargo deja en claro en gestos y discursos que esa unidad tiene al kirchnerismo y sus simpatizantes como límite. El propio Mauricio Macri cayó, como lo hicieron todos sus antecesores en la Casa Rosada, en la tentación fundacional. Por su parte, los principales refentes del modelo que fue desalojado del poder el 10 de diciembre pasado, se mueven como si nada hubiese pasado. Sin autocrítica y con altos niveles de intolerancia.
Ni Macri es la dictadura ni todos los kichneristas son corruptos. La discusión política e ideológica no tiene chance de florecer dentro de esos parámetros. Un campo fértil para autoritarios y violentos.