La presión a jueces y fiscales no es una novedad. En Argentina políticos (el poder fugaz) y grandes empresarios (el poder permanente) se dedican a tratar de influir en las decisiones del Poder Judicial desde siempre. En algunos casos de manera sutil y en otros de manera brutal. En las últimas décadas lo hizo Carlos Menem que llegó a colonizar la Corte Suprema; lo hizo el kirchnerismo que adecentó el máximo tribunal y hasta emitió un histórico decreto de autolimitación pero operó muy fuerte sobre los jueces federales que podían investigarlo. Lo hace la actual gestión a través de distintos operadores. En eso nada cambió. De lo que no hay muchos antecedentes es de una presión tan explícita y pública contra la independencia judicial como la expresada este jueves en forma de solicitada (aunque no es seguro que la página publicada en los diarios de mayor circulación del país le haya costado algún dinero a los 315 firmantes de la misma).
La nota ordena en su título: “El juez Rafecas debe ser removido”. La mayoría de las personas que colocaron sus nombres al pie están vinculados al gobierno. Hay legisladores y funcionarios de Cambiemos. Hay militantes y simpatizantes. Varios empresarios, el presidente de la Sociedad Rural y el llamado Rey de la Soja, entre ellos. Familiares de víctimas del atentado a la AMIA. También algunos escritores y, lo que más sorprende, cuatro o cinco periodistas. La explicación es sencilla: no les gustó que el juez federal Daniel Rafecas archivara la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nissman contra la ex presidenta Cristina Kirchner; no les gustó que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmara esta decisión. Y como no les gustaron estas decisiones proponen remover al juez.
No se presentan ante el Consejo de la Magistratura y hacen una denuncia, lo expresan públicamente. Operan como un lobby explícito y feroz (la RAE define lobby como el anglicismo que define a un grupo de presión). Los organizadores de la nota se sienten ofendidos por los dos fallos. Para ellos la ex presidenta ordenó el asesinato de Nissman. No aportan ningún elemento nuevo. Sólo están convencidos. La solicitada envenena cualquier investigación que pueda hacer el organismo que tiene que evaluar la conducta de los jueces. Quién podrá juzgar como independiente cualquier decisión del Consejo después de este ultimátum. Hace un par de años fue el kirchnerismo el que pedía la destitución de Rafecas por haber decidido el allanamiento de la empresa Ciccone. El juez los había irritado y muchos de los firmantes salieron a defenderlo. Ahora no les gusta un fallo y le piden la cabeza. El planteo no es ilegal, es antirrepublicano. Tiene el sello nacional: el juez que falla de acuerdo a mis intereses es independiente el que falla en contra, un corrupto. En Argentina hay dos instancias para revisar una sentencia. Existe un órgano para evaluar la conducta de los magistrados. Parece que la presión en las sombras no es suficiente. Ahora es pública. Da vergüenza ajena. La misma que provocaría una solicitada pidiendo la remoción del juez Claudio Bonadío por haber procesado a Cristina Kirchner.