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domingo 11 de abril de 2021
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Una justicia a medida

¿Qué tienen en común los fiscales federales Jorge Di Lello, Juan Pedro Zoni, Federico Delgado, Paloma Ochoa; la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin; los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert; el juez federal Daniel Rafecas, la camarista de Casación Ana María Figueroa, entre otros funcionarios judiciales?

Emitieron algún dictamen o fallo que irritó al Presidente de la Nación Mauricio Macri.

Por esa razón se convirtieron en blancos móviles de la acción de los operadores del Poder Ejecutivo. El objetivo final es que dejen el Poder Judicial más temprano que tarde. No importa la manera. Habrá presiones de todo tipo para forzar sus renuncias o jubilaciones y se iniciaran procesos de juicio político. Con más brutalidad o más sutileza, depende del personaje en cuestión, el resultado debe ser la eyección de sus cargos o, por lo menos, la incomodidad. Se irá contra algunos pero el mensaje es para todos: con “el gobierno no se jode”.

La operación sobre la Justicia incluye una estrategia mediática: todo fiscal o juez que emita un dictamen o fallo que afecte a funcionarios oficialistas será asociado con el kirchnerismo o con un plan de desestabilización. No importa que se trate de magistrados o fiscales vinculados a la agrupación Justicia Legítima o que hayan probado su independencia durante la última década.

En esa lógica Federico Delgado es asimilable a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Los mismos dirigentes que se quejaron hasta el cansancio de los jueces que no avanzaron contra los funcionarios del gobierno anterior cuando éstos tenían poder, ahora se escandalizan cuando se investiga a funcionarios en ejercicio.

Veamos algunos ejemplos. El fiscal Di Lello imputó al Presidente y a varios de sus colaboradores por el otorgamiento de rutas aéreas a Avian Líneas Aéreas (le dieron el cien por ciento de los tramos que solicitó). La empresa del holding Avianca compró hace un año a MacAir, aerolínea del Grupo Macri. El último presidente de Mac Air es Carlos Colunga, actual vice de Avian Líneas Aéreas y el secretario legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, fue apoderado legal de Mac Air. Aún así el fiscal no debería haber impulsado una investigación.

Pero además, Di Lello, imputó al presidente de Avianca, Germán Efromovich. Según el colega Mariano Obarrio, en La Nación, en la residencia presidencial expresaron: “La señal al exterior de imputar a un inversor, socio de United Airlines, es tremenda. Di Lello es peronista, le importan los trabajadores y miren lo que hace”. Una verdadera herejía para el libre mercado.

El fiscal Zoni imputó al Presidente Macri por el convenio entre el Estado y el Correo Argentino. Delgado, uno de los fiscales más austeros y respetados del fuero federal, hizo lo propio con el primer mandatario en los albores de la gestión por los Panamá Papers. Ochoa cuestionó el acuerdo de inversiones con Qatar por 1300 millones de dólares y la fiscal Boquin pidió rechazar el acuerdo con el Correo en la Cámara Comercial por ser “ruinoso” para el Estado dada la condonación de una cifra millonaria a una empresa de la familia presidencial.

Los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, de la Cámara Nacional del Trabajo, pasaron al bando de los enemigos de la estabilidad democrática no por investigar a funcionarios sino por convalidar un acuerdo laboral.
Los bancarios negociaron con las Cámaras empresarias un aumento del 24 por ciento, seis por arriba del techo pedido por el gobierno nacional. El Ministerio de Trabajo impugnó ese entendimiento, el gremio recurrió a la justicia y, finalmente, la Cámara Nacional del Trabajo les dio la razón. El titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, les pidió el juicio político a los dos camaristas que firmaron el fallo a favor de los trabajadores. Las razones: “mal desempeño”, “falta de idoneidad” y “negligencia grave”.

Arias Gilbert explicó lo obvio: “los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias porque eso vulnera la división de poderes” y explicó que en tres décadas de trabajo dictó resoluciones que “no le gustaron al gobierno de Menem, ni al de De la Rúa, ni al de Duhalde, ni al de Kirchner” pero nunca lo denunciaron por eso.

El gobierno controla el Consejo de la Magistratura. Expulsar a los jueces díscolos y a los sospechados de simpatías con el kirchnerismo no parece una tarea tan complicada. El factótum de la operación es el diputado macrista Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación. Es el encargado de analizar las denuncias y elevarlas al plenario que define el juicio político a través de un Jury. Tienen el aval del resto de los consejeros oficialistas y creen que contarán con la anuencia de las autoridades del Consejo, los doctores Adriana Donato y Miguel Piedecasas. En el gobierno nadie pone en duda el entusiasmo que Luis María Cabral y Leónidas Moldes pondrán en la tarea redentora.

El gobernador de Jujuy ya demostró que “se puede” cuando amplió el Tribunal Superior de su provincia de 5 a 9 miembros y colocó allí a dos diputados radicales. Salvo Elisa Carrió nadie en la coalición de gobierno cuestionó la colonización de la justicia jujeña. La fundadora de la Coalición Cívica lo hizo recién la semana pasada ante una pregunta puntual sobre el tema. Como en otras áreas los dirigentes de Cambiemos ejecutan decisiones que durante años cuestionaron.

Lo notable es que la llamada “purificación” del sistema judicial se hará en nombre de “La República”. Hay que cambiar la Justicia. Es un reclamo de la sociedad desde el retorno de la democracia. Hay que cambiar la Justicia pero no para hacerla más eficaz, honesta e independiente. Hay que cambiar la Justicia para que nada cambie.