sábado 20 de octubre
Periodismo Justo

Del Sel, Vidal y los aportantes invisibles

Miguel del Sel, integrante del trío Midachi, ex embajador en Panamá y ex candidato a gobernador de Santa Fe, fue inhabilitado por la Justicia Federal por seis meses para ejercer cargos públicos. El castigo judicial alcanzó también a Norberto Principato, ex tesorero del PRO, y a Diego Barreto, intendente de Funes (ciudad vecina a Rosario). Para el juez Reinaldo Rodríguez hubo serias irregularidades en el balance de la campaña a la gobernación del 2011 (dónde Del Sel fue derrotado por el socialista Antonio Bonfatti) y que el partido presentó en 2012. El juez señaló que las presentaciones “impiden conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña”.


A pesar de perder la elección de 2015 por menos de dos mil votos, en marzo del año pasado Del Sel anunció su decisión de alejarse de la política. “La política por ahora queda en suspenso, pero quizás haya terminado. No sé qué va a pasar. Viene una etapa de volver a la actuación, de estar más tranquilo, con mis hijos, en Santa Fe. La política es destructiva”, confesó. Por esa razón el fallo no lo afecta directamente. La próxima elección lo encontrará en el escenario haciendo reír. Pero no son pocos los que creen que puede tener consecuencias para su partido.

El Juez federal Sebastián Casanello lleva adelante una causa que se inició a partir de una investigación del periodista Juan Amorín del Destapeweb que revela la utilización de los nombres de cientos de beneficiarios de planes sociales para blanquear aportes en la campaña de Cambiemos en Buenos Aires. Según el periodista, casi un tercio de los cuatro mil aportantes son falsos. En buen romance: figuran con sus nombres entregando plata para la campaña pero nunca hicieron esos aportes. Previo a esta investigación, que incluye el posible delito de lavado de dinero, hubo una investigación similar del fiscal electoral Jorge Di Lello.

Los denunciados son la diputada Graciela Ocaña y los senadores Esteban Bullrich y Gladys González, entre otros dirigentes, cuyas campañas recibieron los aportes cuestionados.

Pero no sólo hay una legión de beneficiarios de planes sociales entre los falsos aportantes. También hay legisladores oficialistas. El lunes pasado se sumó un testimonio soprendente: el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, negó haber aportado $50.000 a la campaña de Cambiemos de 2015 como figura en las listas de la Cámara Nacional Electoral. Arroyo fue contundente ante una consulta de La Capital de Mar del Plata: “No aporté ningún centavo a nadie”, abriendo sospechas sobre los aportantes de aquella elección presidencial.

La gobernadora María Eugenia Vidal rechazó la denuncia y la atribuyó a la oposición kirchnerista. Una respuesta muy pobre. Muchas denuncias nacen en la oposición. Es algo que pasa en todas las gestiones sin importar su signo ideológico. En este caso hay una investigación periodística sólida y decenas de testimonios que incluyen a dirigentes y candidatos de su propia fuerza política. Lo que corresponde es analizar si la denuncia es certera y tomar medidas políticas hasta que la justicia se expida. Lejos de eso, la gobernadora promovió al cargo de Contadora General de la Provincia a su Secretaria de Legal y Técnica María Fernanda Inza. Una funcionaria señalada como responsable de colectar aportantes truchos como tesorera de la campaña 2017.

Sorprende la liviandad con la que se está tomando esta denuncia. El artículo 63 inciso b de la ley 26.215, señala que no sólo el candidato que no pueda justificar los fondos de una campaña debe ser castigado, sino también “el presidente, el tesorero y los responsables políticos” del partido involucrado. Las sanciones van de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años.

La sentencia contra Del Sel debería funcionar como un espejo donde mirarse. María Eugenia Vidal no sólo es la presidenta de Cambiemos en Buenos Aires sino también la principal carta electoral del gobierno de Mauricio Macri.

 

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