martes 19 de marzo de 2024
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Correcto pero insuficiente

La gobernadora María Eugenia Vidal al fin acusó recibo de un escándalo que no para de crecer: la aparición de un millar de aportantes truchos en la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2017. Beneficiarios de planes sociales y hasta legisladores y dirigentes oficialistas aparecen aportando plata cuando nunca lo hicieron.

Hasta el miércoles pasado Vidal había relativizado la denuncia del colega Juan Amorín descalificándola. Algo cambió. En una conferencia de prensa sobre refuerzos en la ayuda social, la Gobernadora anunció la realización de una auditoría sobre los aportes cuestionados y relevó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, denunciada judicialmente por el manejo de los fondos de la campaña. En el mismo acto le ratificó la confianza. Inza es de “la primera hora”.

Vidal tomó esta medida drástica con una funcionaria que la acompaña desde hace años y a quien ascendió recientemente de la secretaria legal y técnica a la Contaduría General, no por la difusión pública del caso ni por las investigaciones judiciales (ya hay tres causas abiertas). Lo hizo porque sabe que está en riesgo su principal capital político.

La gobernadora hace de la transparencia y la lucha contra la corrupción su catecismo electoral. Esa idea que la rodea como un aura no se condice con los casi mil aportantes truchos que abonaron la buena elección de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Dicho sea de paso, ambos mantienen un inexplicable silencio sobre este tema.

Vidal pidió una renuncia y ordenó una auditoría. También pidió la bancarización de los aportes (el 90 por ciento de los que recibió Cambiemos fueron en efectivo). Son gestos en el sentido correcto pero insuficientes. La auditoría más importante es la que deberán hacer los jueces si, como parece, estamos ante los posibles delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de dinero y violación al secreto y la privacidad.