martes 19 de febrero
Periodismo Justo

Qué lindo es dar buenas noticias

El mismo día en que se estimó en 60 mil millones de dólares la fuga de capitales en los últimos tres años (casi la mitad de esa cifra sólo en 2018, aproximadamente lo que desembolsó el Fondo Monetario Internacional en “ayuda” financiera). El mismo día en que se conoció que la venta de autos nuevos cayó un 40 por ciento en enero. El mismo día en que el FMI ratificó que la economía argentina caerá en 2019 el 1,7 por ciento. El mismo día en que el gobierno anunció que se apresta a aprobar un nuevo aumento en la tarifa del gas por sobre el 35 % ya anunciado para cubrir el costo financiero de las empresas distribuidoras. El mismo día en que la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires fijó en 24.865 pesos el ingreso de una familia tipo para no considerarla bajo la línea de pobreza. El mismo día en que se conocieron estas cinco noticias el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de recuperar bienes provenientes del narcotráfico y la corrupción. El contexto explica las razones de un anuncio con claras deficiencias constitucionales. Un objetivo noble y con consenso popular quedó infectado por la urgencia electoral.


Lo primero que hay que aclarar, para escapar al juego de la grieta, es que mejorar y acelerar el proceso de recuperación de bienes generados en actividades delictivas, en un país con abundantes casos de delitos económicos, narcotráfico y corrupción es imperioso. Luego hay que señalar que el presidente eligió el peor de los caminos. Primero decidió saltear al Congreso de la Nación anunciando un DNU cuando los legisladores están en receso. La justificación fue la demora en sancionar una ley que trate el tema. Más allá del manoseo de la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados a instancia de Cambiemos y el Frente Renovador, que luego pasó al Senado y fue modificado por el Peronismo hasta enflaquecerla, está claro que hay un trámite legislativo vigente. En todo caso, los diputados deberían volver a tratar el proyecto que viene del Senado. Allí la primera minoría milita en el oficialismo. La demora no habilita el DNU por más disgusto que eso genere al Presidente y a sus socios. Claramente, podría llamar a sesiones extraordinarias o tratarlo en el año legislativo.

Al margen, la ley que habilita el trámite de los DNU (las dos cámaras deberían rechazarlo para que no entre en vigencia, algo bastante difícil) data de 2006 y es vergonzosa por las facilidades que le otorga al PE al permitirle imponer su criterio por sobre los representantes del pueblo. Lamentablemente los políticos sólo critican este tipo de procedimientos cuando están en la oposición.

Por otro lado, los juristas serios de todos los sectores ideológicos señalan la inconstitucionalidad del escrito. No se puede tratar vía DNU cuestiones penales. Y si bien el gobierno plantea que el trámite será en el fuero civil es evidente la conexión con el proceso penal. Los especialistas también cuestionan la inversión de la carga de la prueba (que las personas sospechadas tengan que demostrar que los bienes cuestionados tengan origen legítimo en lugar de hacerlo el fiscal). Y también el criterio de retroactividad fijado en 20 años. El decreto hace agua por todos lados.
Recuperar bienes producto del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas o el lavado de dinero, es un concepto que no debería tener ateos. No sólo es un imperativo ético, es clave para limar la capacidad económica de bandas y delincuentes. Es cierto que el Congreso no estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de establecer una norma clara y eficaz que contribuya a resolver en forma rápida los decomisos, pero este DNU defectuoso no resuelve el problema.

La escasez de noticias económicas que habiliten la esperanza de los ciudadanos hace que el gobierno se abrace a dos temas que marcarán la campaña del oficialismo: la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Aspiraciones legítimas de la mayoría de la población que no merecen la mezquina subordinación electoral. En el gobierno reconocen que se trata de “una estrategia válida” de conformar a las bases y volver a seducir a los desencantados. Algo así como recuperar “la mística” de Cambiemos. De allí los aplausos de Elisa Carrió y algunos radicales, y aval unánime de la prensa más amable con el gobierno. Sólo critican la demagogia en los dirigentes que se alejan de sus intereses políticos y económicos. Esta también es una costumbre argentina.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la estrella de esta película, desafió: “Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley (sic) de este tipo, que realmente le devuelve a la sociedad y al Estado todo lo que este tipo de crímenes, que son de los más aberrantes y más terribles, le han sacado a la gente”. Ojalá sean muchos. Y de todas las fuerzas políticas. Y luego de rechazar el DNU –que también será impugnado judicialmente por su inconstitucionalidad evidente– sancionen una ley que esté a la altura de las aspiraciones de la sociedad. Dónde realmente “los que la hacen, la paguen” sin importar a quien representen ni cuál sea el poder económico que tengan.