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jueves 26 de noviembre de 2020
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Los únicos privilegiados

“En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños”. Así lo indicaba una de las llamadas Veinte verdades peronistas lanzadas el 17 de octubre de 1950. Más allá de su filiación política original, la frase ya es parte del inconsciente colectivo nacional. Una sociedad que privilegia a los más pequeños se presume más justa y solidaria. De igual manera se puede medir la equidad de acuerdo a cómo sea el trato a las personas mayores. En la Argentina del Siglo XXI –con el 40 por ciento de la población en la pobreza– entre los más privilegiados están los jueces. Cobran los sueldos más altos, no pagan impuesto a las ganancias y –aunque su caja previsional es deficitaria– cobran las jubilaciones más altas de las que otorga el Estado. Y lo más sorprendente: reciben esos beneficios a pesar de la pésima calidad del trabajo que realizan.

El proyecto legislativo que intenta devolver algo de equidad a este despropósito hizo que los magistrados se abroquelaran para defender sus privilegios. Incluso amenazaron con renuncias masivas para acogerse al sistema anterior de jubilación. En los reclamos no hubo grieta: conservadores, liberales o progresistas, más lejos o más cerca de este gobierno o del anterior, todos reaccionaron unidos en defensa de sus billeteras.

Lo primero que hay que decir es que el sistema previsional del que gozan tiene un déficit de más de 10 mil millones de pesos anuales y que lo que no cubren con sus aportes, termina subsidiado por el resto de los ciudadanos. La reforma prevé aumentar los aportes previsionales que realizan.

El proyecto oficial también propone que las jubilaciones de los jueces dejen de calcularse sobre el 82 por ciento móvil del último salario y que surja de un promedio de los últimos diez años. Esto les podría hacer perder entre un 10 y un 20 por ciento de los haberes jubilatorios actuales.

El proyecto modifica la edad jubilatoria. La idea es que pase de 60 a 65 años como ocurre con el resto de los trabajadores que habitan el mismo país que los magistrados. Este es el punto que menos resisten porque, en general, los jueces no quieren jubilarse dada la cantidad de ventajas que la función les permite. ¿Por qué renunciar a la realeza?

El Presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, salió al cruce del proyecto anunciando diversos cataclismos: renuncias masivas (habló de 300 jueces) y, por consiguiente, menos aportes para el sistema previsional en cuestión. El planteo de las vacantes es falaz y amañado. Como el argumento de que se afecta “su independencia” -ardid que les ha servido para zafar de pagar el Impuesto a las ganancias- no cuaja con las jubilaciones, ahora intentan imponer la idea de que el gobierno intenta forzar renuncias para colocar “jueces amigos”. Todo vale. Para los magistrados cualquier intento de afectar sus cuentas bancarias equivale a una declaración de guerra.

En el gobierno relativizan la idea de las renuncias masivas. Hablan de menos de 40 hasta ahora y la mayoría de jueces mayores de 70. Es que el cargo de juez es casi vitalicio en Argentina. Dicen, además, que no habrá crisis. En veinte días el Ejecutivo debe devolver al Congreso las casi 200 designaciones enviadas por Mauricio Macri, y esos cargos serán ocupados. También se pueden apurar concursos si se necesita realizar designaciones. Y están las subrogancias.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confía en que la norma sea aprobada e incluso espera contar con apoyo opositor. “En 2016 la UCR propuso terminar con las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos en términos más duros que el actual proyecto y, en 2017, también lo planteó el PRO”, recordaron sus colaboradores. Sin embargo, no parece tan fácil. Hay legisladores que cambian de conducta según de qué lado del mostrador les toque actuar.

Esta semana los docentes acordaron un salario básico de 23 mil pesos, diez veces menos que la jubilación más baja que cobra el juez que menos cobra en Argentina. La jubilación mínima no llega a los 15 mil pesos. La jubilación más alta tiene un tope de 100 mil pesos. Un juez de Cámara cobra una jubilación que ronda los 600 mil pesos pero hay algunas que superan los 700 mil. Las jubilaciones de los jueces y diplomáticos no tienen tope. Esta tremenda inequidad es lo que se discute, y no otra cosa.

Se trata de una oportunidad histórica. Hay una chance de remover parte de los beneficios de un sector que se autopercibe como una clase social superior e intocable. Una suerte de realeza bastarda a la que no le importa el desprestigio. Si la política no puede con esto, no podrá con nada.