A más de cuatro décadas del golpe de Estado que le dio inicio, la dictadura militar de 1976-1983 sigue siendo objeto de interpretaciones y controversias. ¿Por qué hubo un golpe el 24 de marzo de 1976? ¿Hasta qué punto la dictadura fue una completa anomalía en una historia jalonada por intervenciones militares? ¿De qué tipo de dictadura se trató? ¿Es posible decir que cumplió sus objetivos, que tuvo éxito? ¿Qué se sabía sobre el ejercicio de la represión y las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué papel tuvieron los civiles en la gestación del golpe y en el gobierno? ¿Qué actitudes adoptaron los actores políticos, sindicales, corporativos y cómo se comportó la sociedad? ¿Cuándo comenzaron a aparecer las críticas y las resistencias?
Sin perder de vista que no hay una versión definitiva sobre ningún proceso histórico, Gabriela Águila construye una obra de síntesis actualizada, comprensiva y explicativa de la última dictadura. El relato empieza en los años del tercer peronismo, marcados por la conflictividad social, el aumento de la violencia política y represiva, y el creciente rol político de los militares.
Capítulo a capítulo, la autora caracteriza las diferentes etapas del régimen, ya que la alternancia de presidentes y la cambiante integración de las Juntas fueron expresión de las facciones y las discrepancias que dividieron al gobierno a lo largo de esos años. Cada fase exhibió rasgos particulares en cuanto a los proyectos económicos, los vínculos con sectores sindicales, el ejercicio de la represión, las estrategias dirigidas a interpelar a la población.
Al desplegar esa complejidad, la autora revela cómo, con excepción del plan represivo que se ejecutó a sangre y fuego, en muchos otros terrenos se implementaron políticas fragmentarias, limitadas o erráticas. Además, lejos de generalizar a partir de la realidad capitalina o bonaerense, pone el foco en lo que sucedía en otras provincias y localidades, visibilizando matices y zonas poco exploradas hasta ahora. Con claridad y precisión narrativa, atenta a los sectores de poder y también a lo que sucedía en la base de la sociedad, Gabriela Águila reconstruye la historia de la dictadura más feroz que tuvo la Argentina y, sin relativizar lo que significó como experiencia histórica, logra mostrar sus alcances, sus límites y sus fracasos.
A continuación, un fragmento a modo de adelanto:
Como había sido previsto por las Fuerzas Armadas, el período presidencial de Videla debía culminar en marzo de 1981. Hacia fines de 1980 y principios del año siguiente, la crisis económica y las crecientes protestas que generó fueron el marco en el cual se produjo la asunción de un nuevo presidente y el inicio de una etapa, marcada por la inestabilidad social y política, que mos traba signos de agotamiento del proyecto de las Fuerzas Armadas.
En octubre de 1980 fue designado por la Junta Militar el sucesor de Videla, el general Roberto E. Viola, para desempeñar el cargo de presidente de la Nación desde el 29 marzo de 1981 hasta el 29 marzo de 1984 (Clarín, 4/10/80). Sin embargo, su período de gobierno sería considerablemente más breve, pues en diciem bre de 1981 fue reemplazado por el general Leopoldo F. Galtieri, quien gobernó solo unos meses más, hasta el final de la guerra con Gran Bretaña en junio de 1982. El último tramo de la dictadura militar fue presidido por otro general del Ejército, Reynaldo B. Bignone, quien gestionaría los mandos del gobierno militar hasta la asunción de un gobierno civil en diciembre de 1983.
La alternancia de presidentes evidenciaba, en primer lugar, que en la dictadura argentina no había espacio para la personalización del poder, como estaba sucediendo en Chile desde 1973, pero asimismo era el reflejo de las profundas fracturas que dividían al gobierno y, en definitiva, expresión de la gravedad de su crisis.
El intento de apertura política del general Viola y el surgimiento de la multipartidaria
El breve período de Viola representó un intento de liberalización controlada y de ampliación de las bases de sustentación del régimen, a través de la incorporación de civiles en cargos gubernamentales y la decisión de establecer vínculos más fluidos con los partidos políticos. En su discurso de asunción como presidente, que despertó expectativas en amplios sectores políticos y corporativos, Viola anunció que gobernaría “para todos”, sin exclusiones, preferencias ni sectarismos, que se normalizaría la actividad de organizaciones y entidades intermedias, que se sancionarían los instrumentos legales que habilitaran a los partidos políticos –afirmó que eran “organizaciones imprescindibles para el pleno funcionamiento de la democracia”– y que, en el orden económico, deberían solucionarse problemas fundamentales como la inflación, el atraso cambiario, la falta de rentabilidad empresaria y el mínimo crecimiento (Clarín, 31/3/81).
Viola designó en su gabinete a varios civiles y a algunos generales “dialoguistas”, como Horacio T. Liendo en el Ministerio del Interior y Juan C. Porcile en el Ministerio de Trabajo,247 y se nombraron civiles en seis gobernaciones de provincias (La Pampa, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Catamarca y San Juan) y en la intendencia de Rosario (fue designado Alberto Natale, del PDP), hasta el momento en manos de militares, lo que encontró un fértil terreno de coincidencia en los partidos “amigos del Proceso” aunque despertó el rechazo de los partidos mayoritarios.
La apertura hacia el resto de los partidos se concretaría en la segunda ronda del diálogo político, en la que a diferencia de la anterior se convocaría a las organizaciones partidarias en cuanto tales y no a sus dirigentes a título “personal”. En esta instancia también el peronismo sería invitado a participar, tal como lo había anticipado el ministro Liendo cuando declaró que se trataba de “un interlocutor válido en la nueva etapa del Proceso” (Clarín, 7/4/81). Como una muestra de buena voluntad hacia ese espacio partidario, en julio fue liberada la expresidenta María Estela Martínez de Perón (La Capital, 7/7/81), quien manifestó que no realizaría actividad política. Finalmente fue autorizada a salir del país y se radicó en España.
El período de gobierno de Viola estuvo atravesado por los conflictos con la Junta Militar. De hecho, su elección estuvo precedida por rumores y especulaciones de las que se hizo eco la prensa, presiones de parte de algunos de los generales duros y la oposición de la Armada. Además, la nueva convocatoria al diálogo político fue mal recibida por la Junta Militar y en particular por comandante en jefe del Ejército, el general Galtieri. Frente al ensayo de concertación con las fuerzas políticas propugnado por Viola, los integrantes de la Junta reflotaron la idea de conformar un movimiento de “centroderecha”, de cara a la institucionalización del PRN. Los entredichos entre Viola y la Junta Militar alcanzaron estado público y mostraron la imagen de un presidente débil y jaqueado por las disputas internas. A la postre, la segunda ronda del diálogo político que se inició en septiembre fue un fra caso, al igual que la primera.
Pero para ese momento, estaba claro que el margen de maniobra del gobierno militar se había reducido mucho y, sobre todo, que la iniciativa ya no estaba solamente del lado del régimen. Luego de varios contactos entre dirigentes políticos, el 14 julio de 1981, en una reunión realizada en Capital Federal, se conformó la Multipartidaria, un acuerdo entre cinco partidos que tenían existencia legal: la UCR, el PJ, el PI, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el MID.
La convergencia entre estas organizaciones tenía algunos antecedentes. Hacia 1978-1979, cuando el peronismo pudo salir de la parálisis político-partidaria (ocasionada por el golpe de Estado, la represión y la fragmentación interna), llevó adelante iniciativas multipartidarias, fundamentalmente elaborando y firmando documentos conjuntos con el MID, el PI, la DC y otros partidos menores. Sin embargo, el acuerdo de 1981 solo se produjo luego de que el radicalismo acordara internamente tal estrategia, dejando de lado la línea sostenida hasta el momento por Ricardo Balbín: dialogar con las Fuerzas Armadas, aparecer como un “interlocutor válido” e incidir en la pugna intramilitar para acelerar la salida institucional. La situación económica y la renuencia del gobierno militar a fijar los plazos para la transición, así como la injerencia interna del sector liderado por Raúl Alfonsín, endurecieron las posiciones opositoras del radicalismo y facilitaron los contactos entre los dos partidos mayoritarios.
Como plantea González Bombal, al inicio no resultaba claro cuál era el objetivo de los contactos entre los partidos políticos, si negociar con el gobierno militar para una salida pactada (la posición de Balbín) o constituir un polo civil de oposición (la perspectiva que planteaba Alfonsín, algunos sectores del peronismo y la democracia cristiana y el PI), postura que terminó por imponerse. Ello quedó reflejado en el comunicado del 14 de julio de 1981, donde afirmaban “damos por iniciada la etapa de transición hacia la democracia”, adhiriendo a la propuesta de “reconciliación nacional” planteada por la Conferencia Episcopal Argentina en su documento “Iglesia y comunidad nacional”.
Se conformaron multipartidarias en algunas provincias, con una integración de fuerzas diversa, y en las semanas siguientes la Multipartidaria Nacional (lo mismo que sus homólogas provinciales) recibió la adhesión de agrupaciones políticas que no se encontraban entre los organizadores iniciales, como el Partido Socialista Unificado, la Confederación Socialista Argentina, el Frente de Izquierda Popular, el PSP, el PC, Línea Popular (sector Domingorena), además de reunirse con el Episcopado Nacional –que manifestó coincidir con la convocatoria–, la CGT y la Unión Industrial Argentina.
En agosto de 1981 la Multipartidaria publicó su primer documento, “Convocatoria al país”, donde se planteaban siete objetivos básicos: el retorno al Estado de Derecho, la plena vigencia de la Constitución nacional y la remoción de las restricciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales; la normalización inmediata de la actividad política, gremial, empresaria, estudiantil y cultural; la formulación de un plan político y un cronograma para la institucionalización; la elaboración de un programa de emergencia económica; la recuperación del salario real y el libre funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo; el mejoramiento de la educación y la apertura a la oposición de los medios de comunicación y el fin de la censura. En el curso de ese año publicaría dos documentos más, la “Declaración” del 29 de septiembre, donde se denunciaba el agravamiento de la situación política y económico-social, y “Antes que sea tarde. Llamamiento y propuesta a la Nación”, del 16 de diciembre.
La conflictividad social y política
Con la asunción de Viola se produjo la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía, recibida con alivio por diver sos actores políticos y corporativos. En su lugar fue nombrado un economista que había criticado duramente al anterior ministro, Lorenzo Sigaut, quien pretendió dar un giro de ciento ochenta grados a la orientación económica. Sin embargo, a partir de allí se inició un período caótico y ecléctico, caracterizado por medidas de corto plazo (como las dos devaluaciones, de abril y junio de 1981) que, sin modificar las líneas fundamentales de la gestión anterior, buscaron moderar sus efectos más perniciosos.
En términos generales, la situación económica durante 1981 se caracterizó por la recesión, la fuga masiva de capitales al exterior, el endeudamiento a niveles críticos de muchas empresas y el aumento de la deuda externa. A mediados de 1982, y a través de dos medidas (el establecimiento de un seguro de cambio y el financiamiento de mediano plazo de las deudas a tasas reguladas), el Estado se hizo cargo de la mayor parte de la deuda externa del sector privado, una verdadera “socialización” de las pérdidas del sector empresarial.
En septiembre de 1981 el ministro de Industria y Minería, ingeniero Livio Kühl, sostuvo que la industria enfrentaba la crisis más grave del siglo (La Capital, 3/9/81). Este reconocimiento oficial de la magnitud de la crisis no solo marcaba un contraste con las sistemáticas negaciones del equipo económico anterior, sino que tenía como objetivo aliviar las crecientes tensiones de los sectores empresarios que venían manifestando fuertes críticas, así como de las organizaciones sindicales, que habían empezado a movilizarse y a articular sus reclamos. Pero los reajustes del programa económico y los cambios en el elenco ministerial que se sucedieron desde fines de 1981 y en el curso de 1982 no bastaron para paliar los efectos de una crisis devastadora que tuvo una fuerte incidencia en el escenario político y social.
Para este momento, la situación del movimiento sindical había experimentado cambios significativos. La división entre una corriente “dialoguista” con el poder militar (la CNT) y una co rriente más confrontativa (la Comisión de los 25) fue transitoriamente resuelta en septiembre de 1979, cuando confluyeron en la Conducción Única de los Trabajadores Argentinos (CUTA). Con contradicciones y diferencias internas por las estrategias a seguir, el nuevo agrupamiento llevó adelante acciones contra la Ley 22 105 de Asociaciones Profesionales, dictada por el gobierno militar en noviembre de 1979, aunque las divergencias provocaron una nueva fractura hacia mayo de 1980.
En noviembre de ese año, la Comisión de los 25 –dirigida por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini y vinculada al líder de la Unión Obrera Metalúrgica y titular de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel– decidió reconstituir la CGT y reflotar la sigla, y rápidamente se formaron regionales en muchas provincias. Por su parte, a comienzos de 1981 la CNT se transformó en la CNT-20 (Comisión Nacional del Trabajo-Comisión de los veinte), liderada por el titular del sindicato del plástico Jorge Triaca. Ambos agrupamientos fueron la base de las llamadas “CGT Brasil” y “CGT Azopardo”, respectivamente, por el nombre de las calles donde estaban emplazadas las sedes sindicales.
A mediados de 1981 los nucleamientos llamaron a nueva “jornada de protesta” contra la política económica, aunque las diferencias entre ellos y la posición dialoguista de la CNT-20 determinaron que el paro nacional solo fuera convocado y realizado por la CGT Brasil. Si bien el ministro de Trabajo había afirmado reiteradamente su decisión de incrementar el diálogo con los sectores sindicales y proceder a normalizar los sindicatos, la medida de fuerza fue precedida –como había sucedido en 1979 y volve ría a suceder frente a cada paro nacional– por advertencias del Ministerio de Trabajo y la policía sobre la plena vigencia de las disposiciones legales que reprimían las medidas de acción directa. Hubo veintitrés sindicalistas detenidos en todo el país, incluido Saúl Ubaldini y otros cinco integrantes del secretariado de la CGT –acusados de infringir la Ley 21 400 y de presunta comisión del delito de instigación a la huelga, que preveía penas de tres a diez años y no era excarcelable–, que fueron liberados a los pocos días (La Capital, 24/7/81).
A diferencia de lo que había sucedido con la jornada de protesta de 1979, la medida de fuerza de julio de 1981 tuvo un importante pero dispar acatamiento, en directa relación con el alineamiento de los gremios. El paro de actividades fue significativo, entre otros, en el sector metalúrgico, textil, mecánico, portuario y en el cordón industrial bonaerense (el ausentismo se calculó en un 40%), mientras que tuvo menos acatamiento en Córdoba (no adhirieron los grandes sindicatos) y ciudades como Rosario y Buenos Aires, donde el transporte público circuló con normalidad y los sindicatos de servicios no suspendieron sus tareas. Con todo, algunos medios sindicales hicieron constar que la medida había sido apoyada por más de un millón de trabajadores, el 25% de la fuerza laboral del país (La Capital, 9/8/81).
El 7 de noviembre, la CGT Brasil convocó a que “toda la comunidad laboral, intelectual, económica, educativa y política hagan acto de fe cristiana” en la tradicional celebración de San Cayetano, patrono del trabajo, en el barrio porteño de Liniers. Bajo el lema “Paz, pan y trabajo”, entre 10 000 y 20 000 personas participaron de la procesión desde el estadio del club Vélez Sársfield a la iglesia de San Cayetano coreando consignas contra la dictadura militar y se produjeron algunos choques con la policía. Aunque también hubo misas y procesiones en varias ciudades del país, ninguna tuvo la adhesión y el impacto político de la que se realizó en la Capital Federal.
Además del movimiento obrero, la conflictividad social y la creciente oposición política se expresaron también por otros canales. Fue el caso de algunas ocupaciones territoriales, resultado del deterioro de la situación económica y de su conjunción con las políticas habitacionales de la dictadura y las estrategias de valorización inmobiliaria que involucraron movimientos, desalojos o expulsión de población mediante el uso de la violencia estatal (por ejemplo, con la erradicación de villas de emergencia en algunas zonas urbanas, fundamentalmente en Buenos Aires y otras grandes ciudades del país). En los últimos meses de 1981 se produjo la ocupación masiva y organizada de tierras en localidades del sur del Conurbano, en las que participaron unas 20 000 personas, en su mayoría desocupadas. No se trató de una movilización espontánea, sino de un proceso de organización local o territorial, donde destacó la presencia activa de sectores de la Iglesia católica (a través de comunidades eclesiales de base), así como el apoyo de sindicatos, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de vecinos, etc.
El otro canal de expresión del descontento y las críticas al gobierno militar fue la lucha por los derechos humanos. Se ha planteado que hacia 1981 se inició una nueva fase en el movimiento de derechos humanos, cuando el tema de los desaparecidos comenzó a ganar un lugar público y los reclamos y acciones de los organismos se visibilizaron y ampliaron, y terminaron por encontrar eco en los medios de prensa y acompañamiento en organizaciones políticas y sociales.
En diciembre de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, dirigente del Serpaj Argentina y América Latina, recibió el Premio Nobel de la Paz. Pérez Esquivel había estado detenido entre 1977 y 1978 y, a partir de su liberación, llevó adelante una intensa actividad en el ámbito de los derechos humanos en el país y sobre todo en el exterior. La nominación fue una completa sorpresa y un baldazo de agua fría para la Junta Militar, en tanto representó un contundente respaldo internacional a la lucha por los derechos humanos en la Argentina, dando por tierra con las explicaciones provistas por el gobierno acerca de la “campaña antiargentina”. En ese contexto, en un comunicado de las Madres que habían viajado a Suecia a acompañar a Pérez Esquivel a recibir el premio, surgió la consigna “Aparición con vida”, que se convertiría en la principal demanda del movimiento de derechos humanos en los años finales del régimen militar.
Como ha mostrado Elizabeth Jelin, la presencia pública del movimiento de derechos humanos se incrementó, fundamentalmente en Capital Federal: en abril de 1981, en el cuarto aniversario del surgimiento de Madres de Plaza de Mayo se reunieron 2000 personas, a pesar de la prohibición policial; en octubre, los organismos de derechos humanos realizaron la primera manifestación conjunta para entregar un petitorio al presidente Viola, y en diciembre, las Madres de Plaza de Mayo convocaron a la Marcha de la Resistencia, en la que los organismos locales permanecieron durante veinticuatro horas dando vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, con el acompañamiento de agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles. En el interior, y exceptuando el caso de Neuquén, donde los organismos habían realizado marchas ya en 1980, las movilizaciones fueron más tardías, si bien se intensificaron las acciones y reclamos, la presentación de petitorios a las autoridades políticas y militares o la publicación de comunicados y solicitadas en la prensa local o provincial.
El tema de los desaparecidos comenzaba a incorporarse en los discursos y declaraciones de un conjunto de actores políticos, sociales e institucionales. La Comisión Episcopal Argentina lo incluyó en su documento “Iglesia y comunidad”, de mayo de 1981, en el que llamaba a la reconciliación nacional y planteaba la “situación angustiosa de los familiares de los desaparecidos” y el “problema de los que siguen detenidos sin proceso o, de haber cumplido sus condenas, a disposición indefinida del Poder Ejecutivo Nacional”, aunque sin olvidar a las “víctimas del terrorismo y la subversión”. En el documento “Antes que sea tarde”, difundido en diciembre de 1981, la Multipartidaria se refería al “tan actual como doloroso tema de los derechos humanos” y a los “miles de desaparecidos cuyos destinos se ignoran”, y agregaba que la situación “hace necesaria una explicación oficial a los familiares y al país, así como es indispensable regularizar la situación de los presos sin proceso ni condena”. Sin embargo, un párrafo antes sostenía:
La etapa de la subversión violenta y deshumanizadora ha concluido porque junto a la acción de las Fuerzas Armadas existió el firme rechazo de la conciencia moral del pueblo que supo ver en el terrorismo la expresión de la desmesura del elitismo, de la insensatez y el crimen.
Como ha afirmado Marina Franco, si bien la cuestión de los desaparecidos había adquirido visibilidad social y política, todavía estaba asociada a los marcos ideológicos y políticos construidos por el régimen militar.
