jueves 13 de junio de 2024
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Una decisión judicial que permite entender

“El Periodismo Gillette decidió hace unas décadas que debía dedicarse a ‘fiscalizar el poder´, y se empeña en formar parte de él para vigilar sus errores y excesos. Honestista a fondo, se jacta sobre todo cuando consigue cargarse a un funcionario –sus gunners se van marcando ministros en las cachas– porque cree que esa es la mejor manera de purificar el sistema y conseguir que siga funcionando, pero se presenta como neutro: evita preguntarse si su trabajo no sirve, sobre todo, para mantener este sistema funcionando, y qué es este sistema, cómo y a quiénes beneficia, cómo y a quiénes condena”.

En el libro Periodismo Instrucciones de Uso (Editorial Prometeo) que publicamos hace unos años, Martín Caparrós advertía cómo un tipo de periodismo, al que denomina Gillette por la famosa hojita de afeitar, es funcional a los poderes constituidos. Entienden el oficio como si se tratase de un relato policial y colaboran de ese modo a sostener un sistema esencialmente injusto que favorece a unos pocos, que de paso se vuelven ricos. Coincidentemente, son los mismos grupos empresarios que arropan a esos mismos periodistas y a sus medios y que, a su vez, se presentan en esas cacerías como paladines de la libertad. Hay sucesos que permiten observar este proceso con más claridad.

La decisión de la Sala I de Cámara Casación Penal es un buen ejemplo para entender un modo de funcionamiento. Con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, resolvieron a un mes de las elecciones generales que Cristina Fernández enfrente dos juicios orales en expedientes en los que, previamente, había sido sobreseída. La decisión -que bien podría haberse tomado después del acto comicial- más allá de representar un duro revés para la vicepresidenta, complica aún más las chances del candidato oficialista. El atribulado Sergio Massa no sólo tendrá que dar cuenta de la magra situación económica, también deberá hablar de corrupción y traición a la Patria.

Hay que aclarar que Hotesur y los Sauces incluyen una grave acusación: se plantea la existencia de delitos que van desde la asociación ilícita al lavado de dinero y es una cuestión aceptable que se dirima en los tribunales si la familia Kirchner se benefició de manera espuria de los negocios de alquiler con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza. Y si bien hace dos años un tribunal con los votos de Daniel Obligado y Adrián Grünberg dijo que no había necesidad de juicio porque los pagos estaban bancarizados y eso hacía imposible el lavado de dinero, una revisión oral podría contemplarse. Fue lo que decidieron los camaristas. Allí también se juzgará a Máximo Kirchner, pero no a Florencia, quien entonces sólo tenía doce años. Barroetaveña y Petrone criticaron a los jueces diciendo que habían afectado las garantías en el juicio de la fiscalía. Insisto, la decisión es polémica por contenido y oportunidad, pero se sostiene en la posibilidad de delitos contra el Estado.

Donde se alcanza el disparate es en la reapertura de la causa sobre el Memorandum con Irán. Ese acuerdo realizado en 2013 tuvo como objetivo lograr que la causa donde se investiga el atentado contra la AMIA tenga algún avance, por medio de indagatorias a los iraníes acusados en un tercer país. La idea bordeaba el absurdo, pero fue aprobada por el Congreso nacional y no tuvo tratamiento en Irán. Por lo cual nunca se perfeccionó. El Pacto fue el eje de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman.

La denuncia es surreal porque el pacto nunca se concretó, las alertas rojas que pesaban sobre los acusados nunca se levantaron y, a posteriori, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. El primer juez que tuvo el tema en sus manos, Daniel Rafecas, descartó la denuncia por inexistencia de delito: “se quiere juzgar un crimen en donde nadie murió”, dijo. Sin embargo, la fenomenal presión de la Embajada de los Estados Unidos y de las autoridades de la DAIA en el país lo mantuvo. Recurrieron al juez Claudio Bonadío, quien creo una causa colectora y subió la apuesta acusando a los firmantes de “Traición a la Patria”. Un escándalo jurídico evidente salvo para el Periodismo Gillette que apuntaló la reapertura. El resto lo hicieron los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que habilitaron a Bonadío mientras solían encontrarse con Mauricio Macri, entonces residente en la Quinta de Olivos.

La causa era y es insostenible. Al punto que en 2021 el Tribunal Oral Federal 8 con los votos de María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Obligado, sostuvo directamente que no había delito que juzgar. Hasta el fiscal desistió de acusar. Sin embargo, Barroetaveña y Perrone invocaron otra vez la afectación de garantías constitucionales de la querella de la DAIA y de dos familiares de las víctimas del atentado. Y habilitaron así el juicio oral.

El Memorandum con Irán fue una decisión insólita y torpe, pero una decisión política que tuvo nulas consecuencias. Por esa razón no es judiciable. Sólo la fenomenal presión de las autoridades de la colectividad judía en la Argentina, y el sector dominante del Poder Judicial mantuvieron viva una causa vergonzosa. El Periodismo Gillette, por supuesto, colaboró con el proceso y celebró ahora la decisión.

Los dos fallos se emitieron a la vez. Uno tiene fundamentos, aunque las defensas de los acusados lo cuestionen y sea apelado. El otro conforma una de las páginas más oprobiosas de la Justicia nacional. Escenifica con claridad qué debe castigarse y qué no, en especial, a quienes hay que castigar y a quienes no. Muchos se pueden preguntar con razón y sin importar sus simpatías políticas, por qué este acto del Poder Ejecutivo tiene que ir a la justicia y el endeudamiento por 45 mil millones de dólares con el FMI y que terminó en fuga, no.

Cuando se habla de degradación de la política, cuando se quiere explicar por qué un outsider con ideas delirantes puede llegar a la Presidencia no debe olvidarse que en ese proceso de derrumbe hay otros protagonistas estelares y son jueces, camaristas, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación y periodistas.