Milagro Sala comienza 2017 en una prisión de Jujuy. Es grave porque está injustamente detenida. En el mundo de la política todos lo saben. Desde Mauricio Macri a Elisa Carrió; desde Sergio Massa a Margarita Stolbizer; desde Hermes Binner a Nicolás del Caño.
Todos lo saben pero la mayoría calla.
Los que, por afuera de los límites del kirchnerismo, se animan a expresar alguna solidaridad explícita (recientemente, el gobernador Alberto Rodríguez Saá o Alberto Fernández) necesitan aclarar que no tienen simpatías con el gobierno anterior y que piensan que Sala debe ser investigada. Le temen a los grandes medios y al gobierno. Saben que el castigo puede aparecer donde menos lo esperan.
Chocolate por la noticia. Milagro Sala debe ser investigada por el manejo de fondos públicos (recibió mucho dinero durante la gestión de Cristina Kirchner) y para determinar si tuvo alguna participación en hechos violentos. Es una ciudadana como cualquier otra. Pero, justamente por esa razón, debería transitar los procesos judiciales que se le siguen en libertad. Cómo lo hizo el padre Grassi (acusado de abuso de menores), como lo hacen narcos o sospechados por actos de corrupción.
Milagro Sala debería estar en libertad. Lo saben en el gobierno nacional y en todo el arco opositor.
Para que no queden dudas de la arbitrariedad, también lo expresó una comisión especializada de Naciones Unidas, la OEA, en la voz de su Secretario General, Luis Almagro –que equipara el caso de Sala con la prisión que sufre el opositor venezolano Leopoldo López– y dos de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos más prestigiosas del mundo: Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas entidades creen que la detención está dirigida a cercenar el derecho a la libertad de expresión de la líder de la Tupac Amaru.
Lo saben también todos los periodistas. Hasta Joaquín Morales Solá, uno de los editorialistas que más simpatiza con la gestión del gobierno nacional, advirtió sobre la detención preventiva de la dirigente jujeña y señaló que se vulneraba el estado de derecho. Lo saben todos los periodistas pero la mayoría calla. “Si la defendés quedás pegado al kirchnerismo o a la propia Milagro Sala”, me advirtió un colega. Es triste. Hace años que en el país la verdad dejó de ser importante. Es preferible publicar lo que “te conviene”.
En la última semana del año, Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por un ataque con huevos al actual gobernador y entonces senador Gerardo Morales. La condenada no estaba en el lugar, pero le imputaron que fue instigadora. Los escraches son todos condenables, en los últimos años escribí mucho sobre este tema. Pero ¿tres años de prisión por tirar huevos?
Luego otro tribunal la condenó por organizar un acampe frente a la Casa de Gobierno jujeña y le quitó la posibilidad de dirigir organizaciones hasta el final del mandato del gobernador.
Todos en el sindicalismo argentino saben que esas dos condenas son una sombra macabra que se abate sobre el derecho a protestar. Sin embargo, piensan que ese rigor extremo es extraordinario y tiene nombre y apellido, el de una india colla “que hacía lo que quería”. Creen que sus militantes nunca pasarán por eso. Ni el triunvirato de la CGT, ni el combativo Hugo Moyano, ni la CTA en forma oficial, dijeron nada. En este caso el silencio es atronador.
Todo esto se desarrolla en una provincia donde el gobernador Gerardo Morales, como primer acto de su gestión, aumentó el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve. De más está decir que los nuevos integrantes simpatizan con el actual Ejecutivo provincial. Pero dos de ellos eran legisladores y participaron en la votación que aumentó el tribunal. Los defensores de los valores republicanos no tuvieron nada para criticar. La injerencia de Morales en la justicia jujeña es evidente. El dirigente radical se convirtió en lo que decía combatir. Una parábola triste que se reitera en la historia nacional como una maldición. Su gobierno se transformó en una democracia de baja intensidad. “La sociedad jujeña está contenta”, justifican los pocos radicales que lo defienden en público.
“Defender los derechos de aquellos que nos caen bien o coinciden con nuestro pensamiento es muy sencillo, el desafío es defender con la misma convicción los derechos de aquellos con los que no compartimos ideas ni praxis política”. Eso me lo enseñó alguna vez un dirigente del mismo partido que Gerardo Morales. Aunque ya no sé si el partido es el mismo.