sábado 15 de diciembre
Interesante

Adelanto de “Macri lo hizo”, de Ari Lijalad

CARTA T3


Este libro surgió de una inquietud a principios de diciembre de 2015: ¿Cómo serian los primeros mese de Mauricio Macri como presidente de la Argentina? Durante la campaña, las críticas hacia eventuales acciones de Macri si ganaba las elecciones fueron diluidas por dispositivos de marketing, que lograron caracterizarlas como una “campaña del miedo”. Pero ya en el gobierno, quedo en evidencia que muchas eran ciertas. Al asumir la presidencia, Macri cumplió algunas promesas de campaña e incumplió otras. A pocos meses de gobierno, es posible identificar unas y otras y plantear nuevas preguntas: ¿Qué intereses representa Macri? ¿A quienes benefician sus decisiones?

Como afirma Eugenio Zaffaroni en el prologo, “contra lo que una parte del electorado creyó de buena fe, no estamos viviendo una alternativa normal y saludable para la democracia, sino la pretensión de instalar un nuevo y diferente régimen”, siguiendo esta idea, Macri lo hizo es la síntesis de los que expresa, en términos facticos, el gobierno de Macri. Sus artículos diseccionan sus primeras medidas, atraviesan el blindaje mediático y desmienten buena parte del relato oficial de sus funcionarios. El análisis de los autores, en cada una de las medidas seleccionadas, reseña antecedentes, identifica beneficiarios y argumenta sobre sus consecuencias para el país. Así, en su conjunto, evidencian el quiebre histórico que hoy encarna la alianza cambiemos sostenida por las corporaciones que pugnan por sus interesen en las sombras.Este libro colectivo es un testimonio de época y será una referencia para quienes indaguen sobre el rumbo del gobierno de Macri.

A continuación un fragmento, a modo de adelanto:

Cambiaron
Por Santiago Marino

El sistema de medios de comunicación es uno de los sectores que sufrió transformaciones más notables durante los primeros cien días del gobierno de Mauricio Macri. Los cambios se concre­taron en el marco regulatorio, a partir de una serie de decretos de necesidad y urgencia y otro tipo de medidas centralistas en su proceso de toma de decisiones. Pero también resultaron (muy) visibles en la dinámica del mercado, al operar en tres ejes espe­cíficos: las compras y fusiones que potencian mayores niveles de concentración; la incertidumbre respecto del manejo de la pauta oficial (sufrida esencialmente por los medios privados comercia­les afines al kirchnerismo) y la pérdida de puestos de trabajo en empresas de medios, lo que permitió ver las condiciones precarias de trabajo en un sector muy potente en términos económicos y simbólicos.

El presente capítulo ofrece un análisis de las medidas de po­líticas de comunicación implementadas por el gobierno de Macri en sus primeros tiempos. Lo hace desde una perspectiva crítica de la economía política de la comunicación y el estudio de las po­líticas públicas. Parte de la convicción de que no resulta posible consolidar procesos democráticos sin sistemas de comunicación democráticos. Y propone un punto de vista que subraya todos los aspectos positivos del proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009. Así como también los problemas que tuvo su aplicación, en el período que se completó con la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2015, y que pueden resumirse como la aplicación sesgada de la ley, marco en el que se desarrolló la “historia” que denominara “Avenida Clarín”.

El texto intenta dar cuenta del conjunto de decisiones toma­das desde pocos días después de la asunción del mando y hasta la conformación de la comisión que tiene como objeto elaborar un proyecto que reemplace a la LSCA y a la ley Argentina Digital (sancionada en 2014 y dedicada a la regulación de las telecomuni­caciones) en un marco supuestamente “convergente”.

La base de la siguiente sistematización tiene origen en la co­lumna semanal sobre “políticas de comunicación” que el autor rea­liza desde hace diez años en el programa “La mar en coche” de FM La Tribu (88,7 Mhz), un espacio “antidiluviano” en materia de aná­lisis de medios, ya que allí se discute el rol de los medios desde an­tes de que los medios hablaran sobre los medios; desde antes inclu­so de que el gobierno kirchnerista se enfrentara a la concentración de la propiedad de los medios (y, especialmente, al Grupo Clarín) e incluso con antelación a la instalación de los 21 puntos por una Ra­diodifusión Democrática en la agenda de las políticas públicas. Y lo hace incluso ahora que Clarín es ultraoficialista. La evaluación se realiza desde la militancia por el derecho a la información, y desde el estudio pormenorizado y detallista de su estructura.

 

Las decisiones

El verano que unió los últimos días de diciembre de 2015 y los primeros meses de 2016 trajo –en materia de regulación de los me­dios– novedades inesperadas. Ahora bien, no resultaron sorpren­dentes por el sentido en que están dirigidas. Era esperable una transformación en la relación gobierno-medios que dejara atrás el “conflicto” como elemento articulador, lo cual fue definido por el propio jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quien en la conferencia de prensa ofrecida al momento de anunciar la sanción del decreto 267 aseguró que había “terminado la guerra con el pe­riodismo”.

Cada medida aplicada en materia de comunicación opera en el escenario de un mercado hegemónicamente comercial, con altos niveles de concentración y extranjerización en su propiedad, que la LSCA no pudo (y no quiso) cambiar a partir de su aplicación. Si se compara la estructura de propiedad del sistema de medios de octubre de 2015 con la actual, se encuentran muchos cambios. No solo por las ventas de incierta concreción de los medios del Grupo 23 al grupo Indalo (de Cristóbal López), sino por la incertidumbre reinante en el sistema. Tal como sostiene Martín Becerra, el mer­cado de medios argentino es “protocapitalista”, pues no se sostiene en la relación entre la oferta y la demanda. La lógica es la de un sector privado comercial que mama de modo constante de la teta del Estado. Sin embargo, ostenta un rasgo propio de un sistema mercantil: la precarización de los trabajadores, aspecto que se ha vuelto muy visible en los primeros meses de 2016 en los conflictos de los medios del Grupo 23, entre otros.

Respecto del eje concentración-precarización como efecto (para nada “momentáneo”), el crecimiento del dominio de pocos grupos en el mercado de medios macrista sucede de forma “alegal” (es de­cir, al costado de la norma), cuando el nuevo ente que regula el sistema, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) permite la venta de Telecom a David Martínez, titular del Fondo Finitech (que comparte el 40 % de Cablevisión con el Grupo Clarín), y no respeta ni siquiera el decreto 267 del presidente Macri, reciente­mente avalado por el Congreso.

El estado de situación de las medidas de políticas de comunica­ción de los primeros cien días de Macri en el poder se materializa desde minutos antes de la Navidad de 2015 y hasta las primeras semanas del mes de marzo, a punto de que suene la campana del conteo de cero a cien.

Los cambios generados y permitidos por las medidas imple­mentadas (y la reacción que habilitó en la dinámica del mercado) tienen un impacto mayor a lo que el gobierno de la alianza Cam­biemos está dispuesto a aceptar, admite o reconoce. Incluso en al­gún momento podrían hasta jugar en contra del modelo de consti­tución de poder. Y van más allá de lo esperado. Resultaba probable que hubiera cambios. Pero la velocidad de esas transformaciones es aún más intensa de lo que se podía proyectar e incluso van más allá de lo que el nuevo gobierno puede capitalizar políticamente. Por ejemplo, para un gobierno que parece tan preocupado por la mirada externa.

 

¿Qué hizo el macrismo para que sea posible establecer este diagnóstico?

En primer lugar, creó un Ministerio de Comunicaciones que le dio entidad de cartera del Poder Ejecutivo a un sector muy potente en términos políticos (comunicaciones) y económicos. Y puso en ese lugar a un ministro, Oscar Aguad, que procede de la política (aun­que no específicamente del sector que ahora conduce), que tiene una orientación vinculada al desarrollo del mercado y que además des­conoce aquello que administra. A tal punto que durante este período se manifestó sorprendido por las posibilidades que el desarrollo de Internet permite desde hace más de veinte años a esta parte.

El presidente Macri ordenó la intervención de la Autoridad Fe­deral de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC) duran­te 180 días. La medida fue adoptada por un decreto que dispuso como interventores a Agustín Garzón (AFTIC) y Mario Frigerio (AF­TIC). “La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios”, aseguró el ministro Aguad en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa Rosada el 23 de diciembre de 2015.

En segundo lugar, se disolvieron por decreto AFSCA y AFTIC, que habían sido creadas por sendas leyes del Congreso (LSCA 26.522, en 2009, y Ley 27.087 Argentina Digital, en 2014), pa­ra reemplazarlas por el ENACOM, en una medida que combina improvisación y desparpajo. Y que es de las que expone con más “peligro” al Estado argentino de ser penalizado por organismos supranacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organiza­ción de Estados Americanos y de la propia Organización de las Naciones Unidas), pues no respeta los estándares de libertad de expresión.

Este organismo integrador está compuesto por siete miembros (al igual que sus antecesores AFSCA y AFTIC). Pero en el nuevo ente la mayoría de ellos son designados por el Poder Ejecutivo Na­cional (PEN), quien elige cuatro de los miembros, mientras que los otros tres son representantes de las minorías del Congreso Nacio­nal. Y todos –sin excepción– pueden ser removidos por el presiden­te, sin mediar argumentación alguna. El contraste con la integra­ción de las autoridades anteriores en su diseño es asombroso. Y pone al nuevo gobierno en la vereda de enfrente de la “república” que declama defender en sus discursos. Si a estos elementos les agregamos los nombres de los cuatro representantes del PEN ya designados, que están en funciones y toman decisiones cotidiana­mente (un periodista del diario La Nación se animó a definirlos como “mayoría macrista”, sin que exista en realidad minoría algu­na), y evaluamos su procedencia o los intereses que representan (vinculaciones con los dos grupos más potentes del sistema de me­dios argentino: Clarín y Telefónica, o representantes de la propia alianza Cambiemos que gobierna el país), huelga decir que es un retroceso notable. Las autoridades designadas del ENACOM son, como presidente, Miguel Ángel de Godoy, y como directores, Alejan­dro Pereyra, Heber Martínez y Silvana Giudici.3.

Este gobierno además maneja la pauta de publicidad oficial de las tres administraciones más importantes de la Argentina (el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autó­noma de Buenos Aires), a lo que podremos agregar las principales empresas del país que luego de su estatización (por distintas vías y mecanismos) pertenecen al Estado. Esto implicará el condicio­namiento de las líneas editoriales de los medios que demandan publicidad oficial para subsistir, en una carrera que comenzó y no parece demostrar claramente cuándo y cómo será su final. En este escenario, los medios afines al nuevo gobierno parecen hacer inclu­so hasta “más de lo que les piden” en pos de obtener esos fondos, vitales en el actual escenario.

La política de comunicación se concreta tanto por acción como por omisión. En esta línea, se vacía poco a poco de sentido la Tele­visión Digital Abierta (TDA), el programa de desarrollo del siste­ma de televisión digital implementado en el país desde 2010, con regular éxito en materia de cobertura territorial y ampliación de voces y miradas, que ampliara además la posibilidad de acceder a contenidos de interés cultural (como, por ejemplo, Fútbol Para Todos) de modo no oneroso en muchas regiones del país. Se ha con­vertido, de este modo y como ejemplo, en un canal de “recuerdos” de cine deportivo a la señal DeporTV, experiencia fundamental en la transmisión de eventos deportivos y que ofreciera una mirada complementaria a las señales de pago como TyC Sports e ESPN.

En estos cien días, además, se generaron cambios notables en un programa de las políticas de comunicación que fue pilar del pro­ceso anterior: Fútbol Para Todos. El gobierno tomó medidas específicas en este aspecto que beneficiaron de modo directo a algunas empresas de televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del sistema público.

El programa Fútbol Para Todos, que se implementaba desde septiembre de 2009, había sido creado mediante la decisión admi­nistrativa 221/09 y funcionaba desde entonces en la órbita de la Jefatura de Gabinete. A partir de este año opera en la Secretaría General de la Presidencia. Este programa implica la transmisión de los partidos generada desde una producción única y emitidos por diferentes canales de televisión abierta, señales de televisión por cable y satélite (abierta y de pago). El contrato que rige el pro­grama tiene una vigencia de diez años, finaliza el 19 de agosto de 2019, y establece como objetivo primero “la gratuidad del acceso a los contenidos”. Hasta noviembre de 2015 fue posible acceder a las transmisiones por TV abierta en varios de los 44 canales del país; mediante la cobertura del sistema de Televisión Digital Abierta (que cubre el 82 % del territorio nacional) o bien por el sistema de video streaming que ofrecía la web de Fútbol Para Todos. Claro que desde el comienzo fue muy complejo garantizar cobertura territo­rial equitativa para todos los ciudadanos del país, dada la estruc­tura centralizada del sistema de medios y la cantidad de lugares donde todavía no resultaba posible ver televisión sin pagar. Esto tendió a ser resuelto –aunque no integralmente– con la expansión de la TDA, a mediados de 2012.

Entre las decisiones que cambiaron la implementación del programa Fútbol Para Todos, se destacan los mecanismos de difu­sión. En esa línea, se acordó con los canales América, Telefé y Ca­nal 13 que transmitieran el paquete de partidos más importantes de cada fecha a cambio de un aporte en conjunto de 180 millones de pesos. La cesión en exclusiva de partidos a esos canales acota su llegada por aire a CABA y GBA. En segundo lugar, la reducida oferta de señales de la TDA muestra que en la mayoría de las loca­lidades no llegan esos contenidos de modo gratuito. Y, dado que se suspendió la transmisión por video streaming en la web de Fútbol Para Todos, la única opción para acceder es abonarse a algún sis­tema de televisión.

Por su parte, a partir de la decisión administrativa 8/2016 se estableció un nuevo acuerdo. Así, por el actual torneo el Estado pagará a AFA 761 millones de pesos por la explotación de los par­tidos de primera división. Si se concreta el proyecto de licitar las transmisiones, y en el eventual caso de que los licenciatarios abo­naran una suma similar a la acordada con AFA, el Estado dejará de poner la cantidad de dinero que invierte hoy. Aunque la perfor­mance económica de los medios en la actualidad y lo escasamente atractivo que resultó para los anunciantes la posibilidad de pautar en el fútbol invitan a la cautela para evaluar. Lo mismo respecto de la garantía de cobertura y el acceso a esos contenidos por parte de los ciudadanos de localidades de provincias en los que no hay cobertura de televisión abierta.

Ahora bien, las principales medidas tomadas en el período son el decreto 13 (aquel de la creación del Ministerio y el reemplazo de AFSCA y AFTIC) y el decreto 267. Este último flexibiliza los controles a la concentración, permite el desarrollo sin límites de los grandes conglomerados y excluye al mercado de la televisión por cable de la regulación del audiovisual. Con esto se ataca el corazón de la LSCA. Más allá de los números, lo relevante es la acción. Se articulan dos medidas transformadoras mediante decisiones del PEN. Resulta preocupante tanto la forma como el contenido. Los cambios se ejecutan a partir de mecanismos que concretan decisio­nes inconsultas del presidente para reemplazar, por un lado, una norma debatida y sancionada por amplias y diversas mayorías, sobre la cual los tres poderes de la República dialogaron en ins­tancias institucionales con la ciudadanía; y, por otro, una ley que no tuvo el mismo recorrido pero que al menos fue aprobada en el Congreso Nacional.

Mientras los días caen uno tras otro como las hojas de los árbo­les en el otoño, desde la gestión pública se toman medidas que be­nefician de modo directo a algunos y condicionan negativamente a otros, como tantas veces en la historia de la Argentina. Así, el ENA­COM decidió dar por terminados todos los procesos de adecuación de los grupos concentrados al nuevo marco regulatorio, salvo el del grupo Indalo, que quedó abierto y permanece en evaluación. Se renovaron las licencias para todos los operadores, en una tradición del sistema. Y se perdonaron deudas y multas. Por otro lado, y an­te la eventual “judicialización” de las medidas implementadas, el neonato organismo de aplicación aprobó la resolución 15 en marzo de 2016, mediante la cual se busca “blindar” las decisiones toma­das: la medida consta de dos artículos, en los que establece que una posible medida cautelar que congelara los efectos de sus decisiones no impactaría en los cambios ya efectuados. Esta cuestión no cam­bia de modo concreto algo que sucede efectivamente en el derecho argentino. Pero dejarlo por escrito y firmado es una demostración del camino dispuesto a desandar por la actual gestión.

Los decretos que estructuran la política están además sosteni­dos por argumentos débiles de supuesta “necesidad” y urgencia”, no respetan indicadores internacionales de libertad de expresión, y no hallan tampoco sustento en la argumentación de regular para el desarrollo tecnológico, dado que, si el argumento fuera la veloci­dad de la tecnología, establecer marcos normativos para el paso del tiempo sería imposible.

Las decisiones en políticas de comunicación definidas en la pri­mera centena de días del gobierno de la alianza Cambiemos expre­san un modo integral de gestionar el Estado en su conjunto. Y la relación del sector público con el capital. En favor de este último.

Macri Lo Hizo
El impacto de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri.
Publicada por: Continente
Fecha de publicación: 06/01/2016
Edición: 1a
ISBN: 9789507545818
Disponible en:Libro de bolsillo

 

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