Periodismo Justo

La Fe de María Eugenia

La gobernadora de Buenos Aires no le teme a las mafias pero retrocede ante ultramontanos y curas conservadores. A María Eugenia Vidal no le tembló el pulso a la hora de descabezar el Servicio Penitenciario bonaerense. En ese acto relevó a 132 agentes. Tampoco dudó en poner en marcha una profunda reforma de la Policía provincial. Desde que asumió, 2300 agentes fueron apartados de su cargo. Entre ellos, 20 comisarios y más de un centenar de subcomisarios. “Vamos a dar la pelea de fondo contra la corrupción policial”, declaró. El mismo día de ese anuncio tan relevante se negó a publicar en el Boletín Oficial la resolución 2095, que firmó su ministra de Salud, Zulma Ortiz, para que Buenos Aires adhiera al protocolo nacional de interrupción legal del embarazo (cuando hay violación o peligra la vida de la mujer). Cuentan que el artífice del cambio de posición de la gobernadora fue su secretario legal y técnico Julio Conte Grand, un militante del Opus Dei, la organización más reaccionaria de la Iglesia Católica.


La decisión de Vidal fue duramente cuestionada por distintos colectivos de defensa de los Derechos de la Mujer. Cada año mueren en Argentina entre dos y tres mil mujeres, la mayoría pobres. Unas cuatrocientas mil recurren, en el mismo período, al aborto clandestino. Las mujeres con dinero no abortan menos, sólo recurren a lugares seguros. Los datos que preocupan a una prestigiosa profesional de la salud como Zulma Ortiz, no conmovieron a la gobernadora, quien le ordenó a su ministra dictar una resolución que deje sin efecto la adhesión al protocolo elaborado por la Corte Suprema de Justicia en 2012. Se trata de un dictamen que remite a un fallo del tribunal donde se explica que el aborto no punible se debe aplicar a cualquier mujer víctima de violación, independientemente de si es o no deficiente mental y precisa que solo es necesario que la mujer denuncie ante los médicos que fue violada para que se realice la interrupción del embarazo.

Ortiz decidió adherir al protocolo nacional con el simple y humanitario objetivo de reducir las muertes maternas que en Buenos Aires se cuentan por cientos cada año. Vaya paradoja la firma del convenio se hizo el día de la multitudinaria marcha contra la violencia machista. Vidal escuchó los reclamos de algunos de sus ministros de comunión diaria y los reclamos de algunos miembros de su gabinete más papistas que el Papa (al que por cierto, no se quiso incomodar con la decisión) y decidió dar marcha atrás. Hasta ayer la ministra de Salud logró evitar las incómodas consultas de la prensa.

El documento, en línea con los planteos de la Corte Suprema, eliminaba las barreras de acceso a la interrupción del embarazo cuando hubiera peligro de vida de la mamá, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación. La resolución permitía hacer la práctica de interrupción del embarazo de manera ambulatoria en los centros de atención primaria de salud no sólo en los específicos de tocoginecología. Además permitía la atención integral para la interrupción legal del embarazo en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o que llegaban con problemas por prácticas clandestinas y recomendaba para las mujeres que transitan embarazos no deseados, pero que no están incluidas en las causales de interrupción legal, una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros. Otro dato es que evitaba dilaciones judiciales en los planteos. Toda una herejía. Sólo ocho provincias lo tienen en vigencia: Santa Fe, Chaco, Chubut, La Rioja, Jujuy, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

A la hora de vulnerar derechos de la mujer el PRO y el peronismo se parecen. En enero pasado una decena de intendentes justicialistas firmaron “el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua”. Entre otros: Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar) y Ariel Sujarchuk (Escobar). Algo parecido declaró Mauricio Macri para congraciarse con el Vaticano y su nuevo inquilino argentino.

Para la gobernadora de Buenos Aires la muerte de mujeres por abortos clandestinos no es un problema de salud pública si no una cuestión de Fe.