El doctor Ginés González García fue ministro de Salud de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández. Hasta el episodio de las «vacunas vip» era considerado uno de los mejores ministros del área en la historia reciente de la democracia. Entre otras políticas fue el responsable de instrumentar el Plan Remediar; la distribución de anticonceptivos (por lo que recibió amenazas explícitas); instrumentó los protocolos de interrupción del embarazo y desde el primer momento apoyo explícitamente la sanción de la ley de la IVE y pudo reforzar el sistema sanitario consiguiendo que no falten respiradores ni cama en la pandemia. Sin embargo, deja la gestión en medio del escándalo por ofrecer vacunas a discreción desde su despacho. Sus logros anteriores no alcanzan a morigerar las consecuencias de su irresponsabilidad y falta de ética. En realidad, esas políticas virtuosas quedan opacadas por el triste final de su carrera política. En un país con más de 50 mil fallecidos y millones de personas abrumadas por los efectos del Covid, habilitar una lista de vacunación para amigos –entre los que se destacan empresarios poderosos– no sólo es inadmisible, también es inmoral.
El daño ocasionado es enorme y afecta la confianza en el plan de vacunación, paradójicamente el mayor acierto que tuvo el gobierno nacional en la gestión de la pandemia: haber optado por la vacuna Sputnik V cuando llovían las críticas, de buena y de mala leche. El Presidente Alberto Fernández no tenía opción, por la mañana en el lanzamiento del Consejo Económico y Social había apelado, una vez más, a recuperar la moralidad en la política. Cuando se enteró del hecho por las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, literalmente decidió despedir a su viejo amigo.
¿Por qué un hombre con la experiencia de Ginés González García hizo lo que hizo? Para esa pregunta hay una respuesta inmediata: porque creyó que podía. De hecho en su carta de renuncia asegura que no procedió mal y que las personas que se vacunaron en una oficina privada del que fue su Ministerio cumplían con el requisito de la edad. Claro, como decenas de miles de argentinos que no tienen su teléfono particular ni lo conocen. Incluso muchos trabajadores de la salud. Y aquí se suma un tema clave: una parte importante de la dirigencia política argentina cree que el Estado le pertenece y que puede disponer de sus bienes como quieran. Más que llegar al poder, lo toman por asalto. Esta visión es transversal en términos políticos. Vale para usar gastos reservados en cuestiones particulares, reclamar autos con chofer aunque no sea necesario, contratar familiares o llenar tribunales con amigos. ¿Por qué no? En algunas áreas el Estado aparece secuestrado.
La nueva ministra Carla Vizzotti tiene un desafío enorme, debe enfrentar la pandemia en este clima enrarecido. No sólo tiene que ser eficaz, también dotar de transparencia a una estructura demasiado acostumbrada a los favores y la opacidad. La utilización de vacunas sin respetar los protocolos ya había dado algunas señales vergonzantes en distintos municipios. Los responsables de esas maniobras deben dejar sus cargos de inmediato y ser investigados por la eventual comisión de delitos. Son para la democracia como el Covid 19, un enemigo invisible que actúa desde adentro y carcome la credibilidad social. Sin ese insumo, gobernar es casi imposible.