El fiscal general del Estado norteamericano, Alberto Gonzáles, el primer hispano con cargo ministerial en Estados Unidos, presentó su renuncia al puesto envuelto en varios casos polémicos. El presidente Bush, al enterarse de la dimisión, elogió su desempeño y responsabilizó a la oposición.
«Al Gonzáles ha desempeñado un papel crucial en la formación de nuestras políticas en la guerra contra el terrorismo – declaró Bush, y agregó, refiriéndose a la oposición demócrata – Han arrastrado su buen nombre en el barro por motivos políticos».
En sus dos años en el cargo, González, el primer hispano en alcanzar un cargo ministerial en Estados Unidos, estuvo envuelto en algunos de los casos más polémicos por los que pasó la administración Bush. Entre ellos la reciente destitución de varios fiscales – razón por la cual habría dimitido –, el escándalo de las escuchas ilegales y las acusaciones de tortura en Guantánamo y Abu Ghraib (Irak).
En 2002, Gonzáles dijo que la Convención de Ginebra, que rige las leyes de la guerra y posguerra desde hace 50 años, estaba «obsoleta». También se lo recuerda por haber puesto en duda la existencia constitucional del hábeas corpus.
Por el momento no hay aún confirmación de quién será su reemplazante en el cargo, aunque se especula con que sea el actual secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff.
Alberto González acompañaba a George W. Bush desde que éste era gobernador de Texas. En 2002 fue nombrado Fiscal General de Estado, un cargo equivalente al de ministro de Justicia.
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