El Tribunal de Distrito de Tokio condenó el pasado 23 de junio a un hombre casado a pagar más de 4.6 millones de yenes, el equivalente a unos 28.400 dólares, a su expareja por fingir que era soltero y dejarla embarazada. La demandante, una mujer de unos 30 años, descubrió el engaño tras dos años de noviazgo y un tratamiento de fertilidad conjunto, lo que motivó una demanda civil en la capital japonesa debido a la violación de su derecho a elegir libremente a su compañero sentimental.
La pareja inició su relación sentimental tras la presentación de unos amigos comunes. El sujeto aseguró en todo momento que era un hombre divorciado y la relación alcanzó un nivel de seriedad tan alto que ambos iniciaron un tratamiento de fertilidad. El proceso médico resultó exitoso y la mujer quedó embarazada. Durante los primeros meses de gestación, el hombre prometió matrimonio e incluso llegó a rellenar un formulario de registro matrimonial oficial, un documento de validez legal en Japón que finalmente nunca entregó a las autoridades.
Las sospechas de la mujer crecieron ante la falta de avances reales para formalizar el enlace mientras el embarazo avanzaba. Tras una confrontación directa, el hombre confesó que seguía casado y que ya tenía hijos con su esposa legal. La madre, apoyada por sus padres, recurrió a los tribunales civiles para exigir una indemnización de 19 millones de yenes bajo el amparo de los artículos 709 y 710 del Código Civil de Japón, los cuales regulan la compensación por daños emocionales y sufrimiento mental.
La justicia japonesa denomina a esta práctica «dokushin giso», que significa soltería fingida. Los jueces determinaron que esta mentira vulnera el «teisoken», es decir, el derecho legal a la autonomía sexual y a la libertad de elección de pareja. Este engaño no constituye un delito penal bajo la ley de Japón, ya que no existe un intercambio de dinero que tipifique una estafa tradicional ni se considera una agresión física. Por este motivo, la policía no interviene en estos casos, pero los tribunales civiles se encargan de vaciar las cuentas bancarias de los infractores.
Durante el juicio, el acusado admitió su engaño, pero ofreció una defensa bastante particular. El hombre alegó que pensaba divorciarse cuando conoció a la demandante y que la relación simplemente «continuó sin rumbo» porque «perdió el momento oportuno» para confesar la verdad. Esta justificación no convenció al tribunal, el cual falló a favor de la mujer afectada. Además, el conflicto financiero del implicado puede empeorar, ya que la legislación de Japón permite que su esposa legítima le demande a él o incluso a la madre del nuevo hijo por causar daño emocional al alterar la paz de su matrimonio.
