La Justicia ordenó imputar al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y a una decena de funcionarios públicos por presuntas irregularidades en la concesión para controlar el funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).
Así lo requirió el fiscal federal Ramiro González, quien además solicitó la imputación de los empresarios que integraron el consorcio que supervisaba la tarjeta para realizar viajes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. También requirió que el Gobierno presentara informes sobre los contratos firmados y le solicitó al juez federal Julián Ercolini una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa.
En el expediente se investiga si se direccionó la licitación para que la UTE, un conglomerado de empresas, se quedara con la concesión del control de la SUBE por 65 millones de pesos, 10 millones más de lo que ofrecía la compañía que quedó en segundo lugar. González pidió que el Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, informe sobre el grado de ejecución que tuvo el contrato de supervisión de la SUBE y solicitó que la AFIP entregase informes sobre cada una de las empresas implicadas.
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