Los impulsores de este pedido basado en las represiones del Hospital Borda, inundaciones y la polémica ley de libertad de expresión impulsada por el PRO, deberán contar con el apoyo del 20 por ciento del padrón electoral de la ciudad para poder iniciar el proceso judicial.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio el primer paso para que, en caso de que la ciudadanía así lo considere conveniente, los mandatos de Mauricio Macri y Eugenia Vidal finalicen antes del tiempo estimado (cuatro años). Para que el litigio donde se dispute el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se concrete, deberán recolectarse cerca de 400 mil firmas que avalen la convocatoria al plebiscito revocatorio.
En caso de pasar este límite de personas con éxito, recién ahí los porteños deberán decidir por «sí» o por «no» sobre la continuidad de sus respectivas autoridades. Los vecinos autores de este pedido fueron identificados como Ricardo Edmundo Pelusa y Lucía Emiliana Medina, quienes a su vez fueron candidatos a legisladores porteños por el partido «Aluvión Ciudadano» en las elecciones del 27 de octubre de 2013.
La denuncia presentada en la Corte hace hincapié en «los sucesos ocurridos el día 26 de abril de 2013 en el predio del Hospital Borda» y a «la falta de realización de obras necesarias para evitar inundaciones en la Ciudad y de otras acciones orientadas a mitigar sus efectos». Este reconocimiento de la Justicia a las denuncias efectuadas por los vecinos es todo un logro ya que previamente hubo varios reclamos de ONGs y agrupaciones vecinales que no llegaron a buen puerto. En ese sentido, en 2010 se frustró la iniciativa del constitucionalista y hoy conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal, Roberto Boico y en 2013, no lo consiguieron el Movimiento de Liberación «Carlos Mugica» y otras organizaciones peronistas de base.
Los jueces Luis Lozano (presidente del TSJ), José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia Ruiz e Inés Weinberg fueron quienes aprobaron por unanimidad las planillas mediante las cuales los solicitantes deberán recolectar las firmas. Sin embargo, los magistrados aclararon que en su resolución no se pronunciaron «sobre la certeza, probabilidad o duda acerca de las causales formuladas con relación al desempeño del Sr. Jefe de Gobierno y, menos aún, emite un juicio de valor acerca de ellas». Es decir que, a pesar de aceptar los reclamos, los juristas no califican la gestión de Macri.