miércoles 5 de octubre de 2022
Cursos de periodismo
InicioPeriodismo JustoCambio de código

Cambio de código

La modificación del Código Procesal Penal cuenta con el aval de un número significativo de juristas, funcionarios judiciales y dirigentes políticos. De hecho, gran parte de la oposición lo viene reclamando desde hace años. El presidente Raúl Alfonsín impulsó en 1986 uno con características similares al enunciado por Cristina Kirchner. Con todo, son pocos los que quieren someter sus apetencias políticas en pos de un debate serio y necesario. En la década de la confrontación nada es a cambio de nada, ni para oficialistas ni para opositores. El proyecto establece el sistema acusatorio que delega en los fiscales la investigación de los delitos (federales), acorta los plazos del proceso, consagra la oralidad y hace más eficaz la administración de la justicia. También contempla la reincidencia para las condenas y la expulsión de extranjeros detenidos in fraganti. Estas últimas dos propuestas descolocaron más a los propios que a los extraños ya que representan un cambio sustancial en las posiciones mantenidas por el gobierno hasta el martes pasado.

El nuevo Código de Procedimiento delega en el fiscal la investigación de los delitos y en el juez la responsabilidad de dictar sentencia o absolver. El sistema actual es mixto y su ineficacia evidente (hay un sesenta por ciento de presos sin condena) y consagra la impunidad (casi ningún poderoso que delinque visita un penal). El proyecto incorpora a las víctimas como partícipes en el proceso y establece la oralidad y las audiencias públicas. También determina plazos: la instrucción de las causas no debe superar un año y el juicio oral entre cinco y 30 días de terminada la investigación. Si el juez y los fiscales no cumplen con los plazos podrían ser sancionados y sometidos a un jury de enjuiciamiento. Avances evidentes. Un dato importante es que en ningún caso se genera la prescripción de las causas por estas demoras.

Los radicales –si es que se puede unificar en ese término lo que opinan dirigentes con alianzas y agendas tan diferentes como Julio Cobos, Ernesto Sánz o Ricardo Alfonsín– anticiparon que sólo apoyarán el nuevo instrumento si hay una reforma del Ministerio Público. Critican a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, y por eso no quieren darles “más poder” a los fiscales, que dependen de ella, en la investigación de los delitos.

Por su parte, la Presidenta trató de despejar en su discurso otros planteos: no habrá prescripción delitos y las causas ya iniciadas seguirán siendo tratadas con los parámetros del Código anterior. Se temía que la nueva metodología pudiese otorgar inmunidad a funcionarios investigados por corrupción.

Entre los ítems que más ruido hicieron en el propio kirchnerismo hay que destacar tres: contempla la prisión preventiva en base “a la naturaleza, circunstancia del hecho y la conmoción social que genera”, quién y cómo se definirá “la conmoción social”, apunta. La reincidencia del autor de un delito será una causal para extender la prisión preventiva. El Ministro de la Corte más cercano a las posturas del gobierno, Raúl Zaffaroni, y varios de sus discípulos (autodenominados “garantistas”) rechazan esta idea porque consideran que se trata de “un doble castigo”. Y lo más polémico: el proyecto contempla la expulsión de extranjeros que estén en situación irregular en el país y sean sorprendidos in fraganti en el delito. En estos casos, los expulsados no podrán retornar a la Argentina por 15 años. Algo así había propuesto semanas atrás, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni.

El candidato a presidente por el Frente Renovador, Sergio Massa, anunció sus coincidencias. “Estamos de acuerdo con herramientas que permitan expulsar a inmigrantes que cometen delitos, como creemos que es importante terminar con la puerta giratoria y las trampas procesales”. Desde el kirchnerismo surgieron, por ahora, tibias voces de protesta. Es evidente que si la propuesta expresada por Cristina Kirchner hubiese sido lanzada por Massa o Mauricio Macri las andanadas contra la iniciativa tendrían un sonido estruendoso.

Los portales de noticias de Clarín e Infobae, que plantearon a sus visitantes la pregunta: ¿Está de acuerdo con expulsar extranjeros que delinquen?, superaban al mediodía del miércoles el 95 por ciento adhesiones. El ex Ministro de Justicia, León Arslanián, lo definió con claridad: “existe un cambio de paradigma en cuanto al endurecimiento de la ley y responde a una necesidad popular”. Por otro lado, destacó que el proyecto “es altamente positivo. Con el nuevo código se juzga con más rapidez a quien delinque. Hoy hay procesos que se eternizan”. Sobre la posible impunidad de los funcionarios, agregó: “Es imposible que el código sea para que zafen los funcionarios públicos. Rige para el futuro, no para el pasado”.

Los detenidos tendrán que ser condenados en el plazo de 10 meses en caso de delitos graves y quedarán presos desde el primer día de la investigación. Además el nuevo Código Procesal Penal será monitoreado por una comisión bicameral del parlamento que integrarán representantes de todos los partidos políticos. En esto no hay disputa.

Más allá de las discusiones dentro y fuera del gobierno, la Presidenta volvió a exhibir una iniciativa política que no logra imponer en el terreno económico, dónde el gobierno parece ir a la zaga de los acontecimientos.