martes 19 de marzo de 2024
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El miedo a quedar pegados

Por miedo a quedar “pegados” a personajes altamente cuestionados por la opinión pública son muy pocos los periodistas y dirigentes políticos que, en el país, advierten sobre la arbitrariedad de algunos fallos judiciales de las últimas semanas. Lo que pasa es simple: jueces federales sospechados de corrupción ordenan la detención, sin juicio y sin sentencia, de personas sospechadas de corrupción en un intento por “blanquearse” o para quitarse la presión de los operadores judiciales del gobierno.

El juez Ariel Lijo ordenó la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en una resolución de once páginas donde lo acusa de ser el «jefe» de una asociación ilícita y de haber participado de tres hechos de lavado de dinero. Boudou fue detenido en su departamento de Puerto Madero para las cámaras de la tele y los diarios, que fueron advertidos con la suficiente antelación por el juzgado. Los cargos son gravísimos y se desprende de la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue desde hace años. Es muy probable que Boudou tenga responsabilidad penal en los delitos que se le imputan. Por eso no sorprende la calificación de los hechos. Sí sorprende la orden de detención ya que para alguien que está a derecho, el principio que rige es la libertad mientras se sustancia el proceso.

Para justificar su decisión el juez Lijo aseguró que el ex vicepresidente conserva “relaciones residuales con actores” poderosos que “podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional”. En castellano básico piensa que “sus contactos” podrían ayudarlo a fugarse y que además tiene plata para obstaculizar la investigación. Curioso que a Lijo lo asalte esta preocupación ahora y no hace un año o cuando estaba en el poder.

Boudou siempre estuvo a disposición de la Justicia en los procesos en los que se lo investiga, y no son pocos. Sin embargo, el juez lo mandó a detener ahora. Y si bien justifica su decisión en un fallo de la Sala II que advierte sobre esos “peligros”, lo cierto es que en la orden del magistrado está relacionada a la denuncia de varias ONGs vinculadas al gobierno nacional que esta semana lo cuestionaron por el atraso en su juzgado de 28 causas vinculadas a corrupción. Lijo entendió el mensaje. Es difícil impartir justicia con el traste sucio.

Salvo que la interpretación del fallo emitido por la Sala II de la Cámara deba leerse así: se debe asegurar el principio de la libertad durante el proceso salvo que los investigados pertenezcan al gobierno anterior y se los puede detener ante las cámaras con el casquito de rigor.

Garantizar la libertad y el debido proceso para las personas que nos gustan es muy sencillo, el verdadero estado de derecho implica garantizar la libertad y del debido proceso a quienes consideramos los peores. Raúl Alfonsín solía hacer referencia a esta idea. ¿Pero quién se acuerda de él en estos tiempos vertiginosos?

En este Lava Jato trucho donde, a diferencia de Brasil, sólo hay detenidos de un sector político y los empresarios coimeros de la obra pública brindan con champán y aplauden los cambios en la economía, una gran parte de la opinión pública celebra las detenciones de ex funcionarios como goles de Messi.