Adelanto de “¿Dónde queda el Primer Mundo?”, de Hinde Pomeraniec y Raquel San Martín

¿Qué es hoy el “Primer Mundo”? ¿Cuáles son las características que permiten afirmar que un país es “desarrollado”? ¿Cómo establecer una línea divisoria cuando la democracia no parece condición necesaria para el crecimiento económico? ¿Habrá que mirar otros aspectos? ¿Cambiar la escala y organizar esas clasificaciones por ciudades o por regiones? ¿Qué otras marcas de bienestar son más importantes hoy en la opinión de los ciudadanos?

La mayoría de las personas nos preguntamos dónde queda ese lugar en el mundo en el que las cosas funcionan, la democracia se impone como sistema político y la gente vive feliz, en un marco de equidad y justicia. Donde las oportunidades florecen y sus habitantes, más allá de sus ideas, tiran para un mismo lado y logran transformar esa cohesión social en crecimiento económico y estabilidad. Donde, a la vez que se contempla el medio ambiente, la educación y la salud son bienes esenciales y las minorías son respetadas. Y donde el Estado funciona como un árbitro que asegura los derechos de todos y para eso regula, pero sin avasallar la intimidad ni vulnerar las libertades individuales.

A partir de datos, indicadores, crónicas de viaje, análisis de expertos y testimonios de gente que vive en diferentes lugares del planeta, ¿Dónde queda el Primer Mundo? dibuja una cartografía renovada de países exitosos y confirma que vivir al norte o al sur del Ecuador ya no tiene por qué marcar un destino.

A continuación un fragmento, a modo de adelanto:

2 – Por qué los indicadores dominan el mundo

¿Cuál cree que es el principal problema de su país? ¿Tiene agua corriente? ¿Cuánto dinero gana su familia por mes? ¿Trabajó el mes pasado? ¿Cuántos años fue a la escuela? En una escala de 0 a 10, entre la peor y la mejor vida posible, ¿usted dónde se ubica? ¿Cuál es la producción de bienes y servicios de una economía en un año?

Como un coro global sistemático y persistente, estas y muchísimas otras preguntas se hacen todos los días en virtualmente todos los países del mundo. Las hacen gobiernos, organismos internacionales, centros de investigación y consultoras privadas. Se pregunta a personas comunes, se escudriñan cuentas nacionales, se recorren barrios pobres y ricos, se miden consumos y salarios, se pide opinión a líderes políticos y económicos. Y todas esas respuestas se traducen en cifras, indicadores, porcentajes y rankings que, hoy casi como nunca en la historia, se han vuelto poderosos: aportan a la imagen global —buena o mala— de un país; permiten o bloquean el financiamiento internacional; atraen o alejan inversores; destraban o impiden la entrada al club de los países transparentes y respetuosos de la democracia. Una mirada a la cantidad y diversidad de mediciones que hoy se hacen en el mundo —del crecimiento económico a la felicidad, de los aprendizajes escolares a la calidad de la vivienda— abre una pregunta inquietante: ¿y si pertenecer al Primer Mundo no fuera tanto una cuestión de buenas políticas como de dar con los números adecuados?

Probablemente buena parte de la efectividad de las cifras para dar forma al mundo, y no solo medirlo, esté en la apariencia de rigor y precisión científica de los números, y en que quienes los expresan tienen autoridad: son gobiernos, organismos internacionales, expertos científicos. Más allá, sin embargo, de su mayor o menor solidez científica, creer en las estadísticas es en alguna medida un acuerdo tácito: por un momento olvidamos que son fruto de un momento social e histórico y que detrás del número en apariencia inapelable hay controversias, desacuerdos e intereses.

En efecto, las estadísticas pueden ser bien poderosas: convierten preocupaciones de algunos en problemas sociales colectivos, son un instrumento de presión hacia el poder, son la vía hacia la visibilidad para muchos grupos con intereses variados. Pero su multiplicación está abriendo varios frentes de conflicto, alarmando a estadísticos y economistas y hasta generando polarización entre expertos en mediciones. Como sintetiza Walter Sosa Escudero, especialista en econometría y profesor en la Universidad de San Andrés: “Hoy el problema es la abundancia y erraticidad de indicadores, una proliferación que se puede convertir en un deporte indeseable. No es una discusión solo técnica, sino política, conceptual y comunicacional”1. Y sigue: “Un indicador transmite una visión del mundo, y es un instrumento, no se puede aislar de para qué se lo quiere usar”.

Como suele pasar, la historia clarifica el panorama. En Europa, el siglo XIX es el que ve consolidarse a la estadística como un saber científico, con reconocimiento profesional para sus practicantes, una disciplina que produce información homogénea y comparable entre países2. No es casual: su desarrollo está íntimamente ligado a las necesidades de la modernización de los Estados, es decir, el aparato estadístico acompaña las transformaciones en la organización política de los países. Medir y cuantificar población, territorio y producción se vuelve una herramienta clave de gobierno.

Entonces como ahora, la clave del poder de los indicadores está tan a la vista que pasa desapercibida: son números, es decir, tienen aura de inapelables y “objetivos”, de ser el resultado de cálculos científicos precisos, inmaculados de todo error o discusión. Pocas veces se advierte, sin embargo, que los indicadores que comparan países con el sello de un organismo internacional usan datos recogidos en cada país, con técnicas, alcances y precisión al menos desparejos y no igualmente confiables. Los indicadores tienen la capacidad de transformar fenómenos complejos y variables en mediciones impersonales y comparables. “Los indicadores permiten la transición de la ambigüedad a la certeza, de la teoría al hecho, de la variación compleja a las cifras comparables —escribe la antropóloga Sally Engle Merry en un trabajo publicado en 2011—. Representan las perspectivas y los esquemas de pensamiento de quienes los producen, tanto como su poder político y financiero. Lo que se cuenta depende de qué grupos y organizaciones están en condiciones de contarlo”.

La primera turbulencia tiene que ver con eso justamente. De hecho, que cada vez sea más evidente que los números no son mediciones objetivas, sino construcciones de un problema e ideas sobre cómo medirlo —su carácter “performativo”, dicen los expertos— es una señal de las controversias que cruzan a este campo. De quién son los números, quién los produce, cómo se leen en cada contexto, a quién sirven y qué efectos tienen son cuestiones que están sobre la mesa. Los profesionales estadísticos y los economistas empiezan a perder la exclusividad sobre la producción e interpretación de las cifras, que está pasando a los cientistas políticos, los periodistas y hasta la sociedad civil, a través de las bases de datos que pueden explorarse con las técnicas de data mining gracias a la tecnología. Como escribió en 2008 el sociólogo francés Alain Desrosières, que ha estudiado largamente las influencias del lenguaje estadístico en el espacio público, “la estadística es a la vez, en tanto que especialidad matemática, una herramienta de prueba, pero también una herramienta de gobierno que marca el ritmo, coordina múltiples actividades sociales y sirve de guía a la acción pública”. Para decirlo en términos más concretos, no es inusual que muchas decisiones de políticas públicas se inspiren y se tomen en algunos países intentando lograr que las cuentas cierren para que los indicadores internacionales den “bien”.

Consultado para este libro, lo confirma Simon Anholt, uno de los “gurúes” de los indicadores globales, creador del Good Country Index —un indicador nacido en 2014 que, según se presenta en su página web, intenta medir “de qué forma cada país de la tierra contribuye al bien común de la humanidad”—, orador TED y difusor multimedia de sus ideas:

Efectivamente eso sucede. Varios gobiernos parecen disponer de empleados con la responsabilidad específica de monitorear los rankings e indicadores, ver dónde se ubica su país en ellos y dilucidar dos cuestiones: en qué medida el indicador es influyente y, si es así, cómo asegurar que la performance del país en ese indicador mejore. Recibí varios llamados de esos funcionarios pidiéndome detalles del Good Country Index y mis otras investigaciones, y de vez en cuando preguntándome qué pueden hacer para mejorar el lugar en que aparecen en él. Hay una creencia extendida entre los gobiernos de que las decisiones de inversión, en particular, están en parte moldeadas por los rankings, y eso es así sin dudas cuando se trata de indicadores de transparencia, competitividad, clima de negocios y otros muy respetados (o temidos).

El segundo debate, que ya tiene algunas décadas, se da en el campo de los especialistas, pero tiene efectos bien concretos sobre las políticas públicas y hasta los modos de ver el mundo. Es un debate que polariza: en un extremo, los partidarios del PBI como medición más efectiva y realizable de la vitalidad y el crecimiento de una economía; en el otro, los que reclaman indicadores que reflejen cuestiones que el PBI no puede medir: la experiencia de ser pobre, la calidad de vida y de trabajo, el estado del medioambiente, la violencia en la vida cotidiana, las relaciones sociales y hasta la sensación subjetiva de felicidad. Todo eso —dicen los especialistas en indicadores “multidimensionales”— es lo que permite determinar el nivel de desarrollo de un país.

Los debates no solo reflejan cambios en la manera de entender qué significan el bienestar y el desarrollo en este tiempo, sino que —aun con las controversias que tienen detrás— los números se han vuelto capaces de armar un mapa del mundo y organizar a los países en rankings que suelen retroalimentarse (no es raro que las mejores ciudades para vivir estén en países con los índices más altos de desarrollo humano, que tienen a la vez los resultados más altos en aprendizajes en la escuela y en transparencia y baja corrupción), influyen en las decisiones políticas de los gobiernos y dibujan contradicciones de la época. Nigeria puede ser tanto uno de los países que los inversores internacionales miran con más interés, con un pronóstico de crecimiento económico del 5,5% para 2017 según el Banco Mundial, pero con la mitad de su población que vive en la pobreza.

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Si las mediciones de felicidad, transparencia y sustentabilidad ambiental definen el clima de época del siglo XXI, el PBI lo hace con el siglo XX. Como escribió Elizabeth Dickinson en la revista Forbes, el PBI fue pensado como “la medida definitiva del bienestar general de un país, una ventana al alma de una economía, la estadística que terminaría con todas las estadísticas”. Para sumar al argumento: su creador ganó el Premio Nobel en 1971 y en 1999 el Departamento de Comercio de Estados Unidos lo declaró “uno de los grandes inventos del siglo XX”.

Su pretensión global y concluyente tenía también una razón histórica: el Congreso norteamericano encargó a su Oficina Nacional de Investigación Económica una estimación de las dimensiones que había tenido la contracción económica en ese país durante la Gran Depresión. Simon Kuznets presentó la formulación original del PBI en un informe en 1937: el indicador prometía capturar en una sola medición toda la producción económica de bienes y servicios de individuos, empresas y gobierno en un período determinado, una cifra que subiría en los buenos tiempos y caería en los malos.

Apunta Sosa Escudero:

La cuestión de si el PBI sirve o no se puede mirar desde una perspectiva pragmática: el PBI o el ingreso —que dan más o menos igual— son fáciles de medir, son comparables entre países y en el tiempo (mirando el tipo de cambio e inflación, por supuesto). Sus alternativas no siempre funcionan. El consumo es imposible de medir en forma directa y el gasto es muy difícil de medir. Por otra parte, mediciones como el PBI o el ingreso son fáciles de verbalizar. Un requisito para un indicador social es que se pueda contar fácil. La desigualdad, por ejemplo, se entiende enseguida como la distancia entre pobres y ricos, pero técnicamente no es tan bueno. Vender a un gobierno un indicador más sofisticado es difícil.

El PBI parece ser entonces lo más preciso que tenemos a mano y, lejos de consideraciones conceptuales, lo que más fácilmente podemos medir. De hecho, desde 1944, después de los acuerdos de Bretton Woods que crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el PBI se convirtió en la herramienta estándar para cuantificar la economía de un país y hacer comparaciones.

Sin embargo, casi desde su origen quedó claro que el PBI, a pesar de su pretensión de exhaustividad, dejaba fuera del radar a muchas cuestiones clave para entender el bienestar general de una sociedad más allá de la actividad económica. Las críticas en este sentido fueron casi contemporáneas a su nacimiento, pero fue en los años setenta cuando se intensificaron los cuestionamientos y empezaron a acompañarse de propuestas de mediciones alternativas, complementos o correcciones. En general, los críticos afirman que, dado que el PBI es esencialmente una medida de actividad económica, y más específicamente de aquellas actividades que derivan en transacciones monetarias, tiene dos debilidades: no presta atención a las cuestiones de distribución de esa actividad y sobre todo a los elementos del bienestar que no tienen valuación de mercado. También que mide “flujos y no activos”, es decir, se enfoca en los intercambios económicos, pero no en el stock educativo o los recursos naturales, por ejemplo. En pocas palabras, lo que varios economistas hallaron ya en los setenta fue que, contra el sentido común, el crecimiento económico de un país no siempre podía explicar la percepción de bienestar individual, y que a mayor ingreso no siempre seguía más felicidad. En síntesis, que las cifras económicas macro podían dejar en la oscuridad la riqueza de las percepciones y experiencias micro, y que ellas también se podían cuantificar y comparar.

Como emblema de esa idea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó en 1990 el índice de desarrollo humano, combinando el PBI con mediciones de salud (como expectativa de vida) y logros educativos. Su primer reporte comenzaba con una frase que puede leerse casi como un manifiesto contra el PBI: “La gente es la verdadera riqueza de una nación”. Uno de sus fundadores —Mahbub ul Haq, en un equipo que incluyó también al economista Amartya Sen— explicó que “las personas valoran logros que no aparecen para nada, o no inmediatamente, en las cifras de ingreso o crecimiento: más acceso al conocimiento, mejor nutrición y servicios de salud, barrios más seguros, seguridad contra los delitos y la violencia física, horas de ocio, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en actividades comunitarias”. Para esta mirada, el desarrollo se mide mejor en su impacto en las vidas individuales que en las cuentas nacionales.

En paralelo, los indicadores no solo se multiplicaron, sino que los países, las ciudades y hasta investigadores individuales empezaron a hacer sus preguntas y recoger sus respuestas, y apareció incluso una división geopolítica de los índices: quedó claro que algunos miden mejor las situaciones de los países pobres (porcentaje de población que vive con menos de un dólar por día, una pregunta pertinente en muchos países africanos, pero que en Escandinavia no tendría demasiado sentido) y otros son más adecuados para países del Primer Mundo (todos los índices que escudriñan el bienestar una vez que las necesidades económicas están satisfechas).

El tema se convirtió incluso en una cuestión de Estado. En 2008, el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy reunió a un grupo de casi treinta economistas encabezados por nombres rutilantes —Stiglitz, Sen, Jean-Paul Fitoussi— en la Comisión para la Medición de Performance Económica y Progreso Social. La comisión publicó su primer informe en 2009, dedicado a terminar, según dijo Stiglitz, con “el fetichismo del PBI”, al que calificaron allí como “una métrica inadecuada para comprender el bienestar en el tiempo, particularmente en sus dimensiones económicas, ambientales y sociales”. Los expertos fueron más allá: no se trataba de crear un nuevo indicador posterior al PBI —dijeron—, sino todo un nuevo sistema de medición, que diera cuenta de un cambio de época: había que pasar de mirar solo la producción económica a medir el bienestar presente y futuro, en lo que decían las cuentas y las estadísticas y en lo que las personas percibían. El nuevo sistema —postularon en el informe— debía incluir mediciones de calidad de servicios públicos, performance de los gobiernos, distribución de ingresos y recursos, uso del tiempo libre, cambios entre generaciones, stock de capital educativo, posibilidades de participación política, redes sociales, medioambiente, inseguridad económica y física, y calidad de la vivienda.

Muchos estaban trabajando en esa línea antes y después del informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, planteándose preguntas más ambiciosas. ¿Pueden las creencias individuales conducir a la emergencia y el desarrollo de instituciones democráticas? ¿Se relaciona el desarrollo económico con las creencias religiosas en baja y las miradas más seculares sobre el mundo? ¿Pueden algunas creencias personales llevar al crecimiento económico? Así lo ejemplifica Ronald Inglehart, de la Universidad de Michigan, uno de los creadores de la World Values Survey, que en rigor contesta que sí a todas esas preguntas.

De hecho, hay quienes ven en esta proliferación e influencia creciente de índices “blandos” una confirmación del poder de los países desarrollados, donde quiera que hoy se encuentren. “Hay tantos indicadores porque se descubrió que son una vía excelente para empezar un debate público y generar publicidad. Los medios aman los rankings. Y la razón por la que tantos de ellos se concentran en datos ‘blandos’ es porque el mundo desarrollado está convencido de que pasó los últimos treinta o cuarenta años preocupándose por las cosas equivocadas —productos y dinero, por ejemplo— y necesita reconsiderar lo que de verdad nos satisface”, se entusiasma Simon Anholt.

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Algunos de los nuevos indicadores posteriores al PBI están lejos de ser “blandos” precisamente. En el otro extremo de las mediciones puramente económicas está, por ejemplo, el índice global de pobreza multidimensional (MPI, por sus siglas en inglés) creado en 2010 y medido por la Oxford Poverty & Human Development Initiative, en Inglaterra, en más de cien países en desarrollo. Su intención es “proveer una imagen vívida de cómo y dónde las personas son pobres”. Ser pobre, para estos investigadores, no es cuestión de ingresos y líneas que se cruzan de uno u otro lado con la canasta básica de alimentos más o menos llena, sino de lo que significa en las vidas concretas de las personas. Para ellos —y en rigor para todo un cuerpo de estudios promovidos por centros de investigación, ONG y activismos en muchos países— la pobreza es una experiencia “de deprivaciones superpuestas que se experimentan de manera simultánea”, y que dan forma a una vivencia total de vulnerabilidad: falta de alimentos, falta de acceso a infraestructura básica, enfermedades recurrentes o salud débil, dependencia de distintas formas de poder, sensaciones de vergüenza y humillación, habilidad para manejar los pocos recursos con que se cuentan en tiempo presente, incertidumbre constante sobre el futuro. Nada que solo el ingreso —dicen estos investigadores— pueda registrar.

Para cuantificar y calificar la pobreza así entendida, los investigadores de Oxford toman cada hogar como unidad de medida y en ellos evalúan la educación (años de escolaridad, asistencia de los chicos a la escuela), la salud (mortalidad infantil y nutrición) y el estándar de vida (electricidad, cloacas, agua potable, pisos, modo de cocinar los alimentos y bienes disponibles). Si una persona sufre privaciones en al menos un tercio de estos indicadores, se considera “multidimensionalmente pobre”. Fue el caso, en 2014, de 1600 millones de personas en el planeta, más del 30% de las personas que viven en los 108 países analizados ese año. De ellos, el 52% está en el sudeste asiático y casi el 30% en el África subsahariana. Todavía se puede, sin embargo, descender un escalón más. El MPI mide también a los “destituidos”, los más pobres entre los pobres, los que sufren privaciones en al menos un tercio de indicadores con criterios más extremos: por ejemplo, los que viven en hogares en los que ningún miembro completó un año de escuela, murieron dos o más niños, no tienen electricidad ni cloacas, un adulto o un niño tienen desnutrición grave y el agua potable no existe o está a más de cuarenta y cinco minutos de caminata, entre otros. En esa situación —informó el MPI de 2014— están 638 millones de personas en los países analizados —casi 7 de cada 10 habitantes de Níger, por ejemplo—, con otra paradoja contemporánea: el 28,5% de los pobres destituidos según el MPI vive en la India, considerada por el mundo desarrollado como una de las potencias emergentes.

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La otra gran rama de cuestionamientos contra los índices que pretenden reducir las experiencias humanas a índices de consumo o ingreso llegó de la llamada “economía de la felicidad”, con inicios en los años setenta, pero amplio desarrollo desde el final de los noventa, que logró convertir el bienestar en objeto de un cuerpo de investigaciones empíricas y teóricas en crecimiento, pero también en una cuestión de Estado. Mientras algunos investigadores —Ed Diener, de la Universidad de Illinois, o el psicólogo y Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman— propusieron un índice de bienestar que los países deberían desarrollar en paralelo a sus indicadores económicos clásicos, en 2010 el entonces primer ministro británico David Cameron anunció que su administración empezaría a integrar indicadores de felicidad a sus mediciones económicas.

Lo más interesante de las mediciones de bienestar es quizás el modo en que lo vinculan con otras variables, un juego de relaciones que termina dejando en evidencia que las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, entre Primer Mundo y otra categoría, se construyen en las experiencias de las personas concretas. Así una de las máximas de este campo de estudios —que podría resultar bastante obvia de este lado del mundo— es que una vez que las necesidades básicas están satisfechas, la importancia del ingreso para sentirse feliz empieza a disminuir y compite con otros factores, como poder alcanzar aspiraciones personales y reducir la incertidumbre sobre el futuro. Todo tiene que ver con el contexto, de todos modos. En países desarrollados, las desigualdades pueden verse como un signo de oportunidades y movilidad tanto como de injusticia. En países más pobres, la desigualdad es una de las variables que más afectan negativamente el bienestar de las personas.

Un ejemplo es el Happy Planet Index (HPI) —un nombre que es una expresión de deseos más que evidencia de un registro—, que mide “lo que importa: el grado en el cual los países permiten a quienes viven en ellos desarrollar vidas largas, felices y sustentables”. Nada menos. El HPI, que nació en 2006 y tuvo su tercera edición en 2012, clasificando a ciento cincuenta y un países, combina en una fórmula tres datos: expectativa de vida, bienestar experimentado y huella ecológica de los países. “Los resultados de 2012 confirman que todavía no vivimos en un planeta feliz”, se resigna el último informe. El problema es que ningún país logra aún asegurar vidas largas, felices y que se desarrollen con escaso impacto en el futuro del planeta. Los países más ricos clasifican bajo en el cuidado del medioambiente, los más pobres clasifican aún más bajo en la expectativa de vida y el bienestar. ¿Los mejor ubicados en el HPI? Sorpresa: los países latinoamericanos de alto y mediano desarrollo.

Hay quienes van más allá: no se trata solo de que las estadísticas globales deban completar los índices económicos con otros más abarcadores, sino que al hacerlo están solamente acompañando un giro sociocultural de alcances mucho más amplios. El argumento —que sostienen, por ejemplo, los creadores del World Values Survey, un gigantesco monitoreo de percepciones y valores en casi cien países, desde los años setenta— dice en pocas palabras que, tras varias décadas de crecimiento económico y estabilidad en muchos países del mundo, incluidos los emergentes en las últimas décadas, las personas están cambiando sus prioridades: de sobrevivir a poder expresarse, de tener trabajo a tener uno que asegure autorrealización, de aumentar los ingresos a valorar la diversidad, el tiempo libre, la igualdad de género, la posibilidad de expresarse y ser escuchados por quienes tienen poder. Estas sociedades posmateriales —donde lo material está asegurado— se han vuelto cada vez más demandantes a las elites, más dispuestas a cuestionar los poderes establecidos. “Un cuerpo masivo de evidencia muestra que se está produciendo un viraje intergeneracional de prioridades materialistas a posmaterialistas (…), de valores de supervivencia a valores de autoexpresión”, escribió Ronald Inglehart. La acumulación económica para lograr seguridad fue el objetivo central de la sociedad industrial. Irónicamente, ese logro originó un proceso de cambio cultural gradual que ha hecho ese objetivo menos central, y ahora está provocando el rechazo de las instituciones jerárquicas que ayudaron a lograrlo”.

Los resultados de la World Values Survey rastrean una nueva divisoria entre países: aquellos más apegados a “valores tradicionales” y “de supervivencia” y los que se rigen por “valores seculares-racionales” y “de autoexpresión”, y llegan a la conclusión de que estar en uno u otro grupo depende básicamente… del desarrollo económico5. Los dos grupos de valores se cruzan en combinaciones que van formando un “patrón de zonas culturales” para estos investigadores. Así hay países que clasifican alto en valores tradicionales y de supervivencia (Zimbabwe, Marruecos, Bangladesh) y otros que lo hacen en valores seculares-racionales y de autoexpresión (previsiblemente, Suecia, Noruega, Japón, Alemania, Suiza, Francia), pero también los que combinan valores tradicionales con otros de autoexpresión (Estados Unidos, la mayor parte de América Latina) y, al revés, valores seculares-racionales con los de supervivencia (Rusia, Ucrania, Estonia).

Los investigadores dan un paso más y se meten en el antiguo debate de la convivencia entre desarrollo económico y democracia. ¿Uno es condición necesaria y suficiente de la otra? Inglehart despliega sus cifras y concluye que “el desarrollo económico parece conducir a las condiciones sociales y culturales bajo las cuales es mucho más probable que emerja y sobreviva la democracia”.

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“El universo de las técnicas no es exterior a las pasiones del mundo social”, escribió Desrosières. Pero transparentar esa verdad que los especialistas ya no discuten sería correr el riesgo de debilitar toda la eficacia de los indicadores y con eso buena parte de nuestras certezas sobre el mundo. Aunque no lo advirtamos fácilmente, los indicadores rigen nuestras percepciones sobre desarrollo y atraso y son los pilares sobre los que descansa todo el edificio de los organismos internacionales, sus redes de asistencia financiera, sus intervenciones en casos de violación de derechos humanos y hasta su eficacia simbólica. Son la estructura invisible y poderosa que guía decisiones fundamentales para los países más pobres.

“Cuantificar es una manera de tomar decisiones sin aparentar decidir”, escribe Theodore Porter en el libro Trust in numbers, un clásico de los cuestionamientos a la objetividad científica y política de las mediciones, publicado en 1995. Quizás esas decisiones políticas de largo y ancho alcance, amparadas en cifras frías e indiscutibles que crujen en cuanto se las mira de cerca, sean también un signo de estos tiempos.

¿Dónde queda el Primer Mundo?
Publicada por: Aguilar
Fecha de publicación: 12/01/2016
Edición: 1a
ISBN: 9789877351477
Disponible en: Libro de bolsillo

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