La legislatura entrerriana finalmente sancionó la polémica ley que prohíbe a los forestadotes provinciales vender madera a Uruguay, con la finalidad de que no sea destinada a las pasteras que se están construyendo en el país vecino.
Una vez en vigencia, los productores que no la cumplan podrán ser sancionados con multas, el decomiso de sus embarques e incluso la clausura de sus empresas.
Los empresarios forestadotes ya reaccionaron contra la medida, y también se espera que la resolución se convierta en un nuevo motivo de conflicto con el Gobierno uruguayo, ya que el canciller de ese país, Reynaldo Gargano, había advertido que lo denunciará al Mercosur como una restricción.
La medida, impulsada por el gobernador Jorge Busti, fue votada por los congresistas diez días antes de que se celebren las elecciones provinciales.
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