El Juez Federal Guillermo Montenegro ordenó investigar las cuentas de los tres funcionarios nacionales implicados hasta el momento en el caso Skanska, para comprobar si existió o no el pago de coimas para la ampliación de los gasoductos del Norte y de Sur en 2005.
Se trata del Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, del de Energía, Daniel Cameron, y del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Fulvio Madaro, sospechados de haber recibido “comisiones indebidas”, tal como lo confesó la empresa sueca.
En la investigación está fuertemente implicado también el Ministerio de Planificación, principal impulsor de las obras, aunque el titular de la cartera, Julio De Vido, no sería sospechado oficialmente hasta tanto no existan pruebas suficientes. Esta excepción respondería a un pedido del Gobierno Nacional, para quien De Vido resultaría imprescindible en su función.
Aunque el Gobierno Nacional intentó desvincularse, el fiscal Carlos Stornelli sospecha que estos tres funcionarios tuvieron algún tipo de responsabilidad en los sobreprecios de hasta un 152% que denunció la empresa gerenciadora TGN de Techint. Los sobornos alcanzarían los 17 millones de pesos y habrían sido librado a través de 118 facturas falsas de 23 empresas diferentes.
Uno de los diputados denunciantes, Adrián Pérez, del ARI, presentó ante la Justicia un nuevo escrito solicitando que se amplíe la investigación para incluir otros delitos. Si Montenegro hace lugar a este pedido, como seguramente ocurrirá, también se averiguará si existieron los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita”, que incluiría a las empresas BTU y Contreras Hermanos.
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