La Fiscalía venezolana presentó recientemente su propuesta de «Ley especial sobre delitos mediáticos», que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para dueños de medios, directores, periodistas o artistas que atenten contra “la paz social y la independencia de la nación”. Numerosas voces se alzaron en contra la iniciativa, que tiene el visto bueno del Gobierno.
La normativa considera como delito mediático toda información que atente contra «la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos», en una redacción por demás amplia que también condena la «omisión» de datos que altere el derecho a una información «veraz» y cause «pánico entre la población».
Las voces opositoras – tanto dentro como fuera de Venezuela – no tardaron en hacerse oír. La Sociedad Interamericana de Prensa tildó a la iniciativa de “devastador golpe contra la democracia” mientras que todo el arco opositor local – y en especial los medios contrarios al gobierno chavista – advirtieron que en la nueva ley se esconden elemento de censura.
Desde el frustrado golpe de 2002 que intentó deponer a Hugo Chávez con la ayuda de algunos de los medios más influyentes del país, el presidente mantiene un lucha sin cuartel contra los grupos de prensa, que ya incluyó el cierre de algunos canales de televisión opositores y la no renovación en numerosas licencias. Precisamente, el anuncio de la nueva ley llegó la misma semana en que el Gobierno anunció el cierre de 34 emisoras de radio que no estaban completamente en regla.
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www.clarin.com/diario/2009/08/01/elmundo/i-01969512.htm
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1157198
www.elpais.com/articulo/internacional/elpepuint/20090731elpepuint_12/Tes
