El juez federal Norberto Oyarbide le envió ayer un oficio al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través del cual le informó sobre los últimos avances de la investigación y el allanamiento realizado en el Policlínico bancario. En el escrito le pide al Gobierno que considere la posibilidad de intervenir la obra social que preside Juan José Zanola.
El juez tiene a cargo la investigación de una supuesta mafia dedicada a la venta de medicamentos vencidos y truchos. El viernes ordenó una serie de allanamientos, entre ellos un operativo sobre el policlínico de La Bancaria, obra social que comanda Zanola.
En ese allanamiento se incautaron cajas de remedios, historias clínicas e importante documentación que liga al Policlínico con la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, uno de los principales acusados en la causa. En el operativo se registró la oficina de Paula Aballay, pareja de Zanola, y quien, según algunas fuentes, tendría a su cargo las contrataciones con los laboratorios.
Sobre el oficio elevado a Aníbal Fernández, Oyarbide explicó: «Esto se hace a los efectos de que por los intermedios de los canales que ellos consideren necesarios, se entiende oportuno la intervención de la obra social, y creo que así se debe proceder». El magistrado ya había adelantado que en breve podría tomarle declaración a Zanola y a Aballay.
La investigación por los medicamentos ilegales tuvo un importante avance el sábado pasado con la detención de Lorenzo. La causa se cruza con algunos asesinatos cometidos en los últimos meses y con otros negocios turbios en torno a los laboratorios y droguerías. Y hasta tiene extensiones de fuerte contenido político: en algunos puntos se mezcla con la financiación de la última campaña electoral.
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www.clarin.com/diario/2009/09/13/elpais/p-01997786.htm
www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1173993
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