A casi un mes del accidente ferroviario de Once, en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, la Justicia todavía espera los resultados de los peritajes para poder determinar las responsabilidades correspondientes. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Con el fin de conocer por qué el 22 de febrero pasado la formación 3772 del ferrocarril Sarmiento no frenó y colisionó contra el parachoques de la terminal cabecera, el juez Claudio Bonadío había ordenado el mes pasado llevar a cabo un peritaje técnico, que luego la presidenta Cristina Fernández exigió terminar en un plazo de “quince días”. Si bien la fecha ha sido superada, los peritos ingenieros advierten que el primer informe se conocerá recién a fines de marzo.
Se espera poder determinar con esos resultados qué maniobras realizó el maquinista Marcos Antonio Córdoba para detener la formación y si los frenos estaban en condiciones. Si se comprueba que el tren no estaba en condiciones de circular, la Justicia deberá evaluar cuáles son las responsabilidades políticas por la falta de controles.
Los funcionarios que aparecen en primera línea de investigación son el ex secretario de transporte Juan Pablo Schiavi, el subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna y el interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro, quienes tiene prohibido salir de la Argentina.
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