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Milei y los guardavidas vascos

El grado de justicia social de una sociedad puede medirse de manera sencilla, analizando cómo esa sociedad trata a las personas más débiles. Pensé mucho en esto, cuando hace unas semanas en una playa del país vasco fui testigo de una escena conmovedora protagonizada por un grupo de guardavidas. Vivo en un país donde el gobierno de Javier Milei diseñó un fenomenal ajuste en los gastos del Estado para llegar al equilibrio fiscal. Hizo campaña con una motosierra, anunciando que castigaría a la “casta”, pero afectó especialmente a los más desprotegidos: jubilados, niños y adolescentes de familias pobres y, con especial crueldad, a las personas con discapacidad.

El calor de julio es agobiante en España y muchos apuestan al mar para eludirlo. En mi fin de semana libre y antes de viajar a Gijón para participar de la Semana Negra, con mi hijo Luciano, los imitamos. En una playa de Hondarribia, a 20 kilómetros al norte de San Sebastián, vimos como un grupo de guardavidas con chalecos rojos se dirigían hacia el mar, cargando en una silla especial con flotadores amarillos, a una persona con discapacidad motriz. Vienen de una gran carpa donde otro grupo se prepara para hacer el mismo recorrido con otros discapacitados.

La imagen era conmovedora, no sólo por el cariño y eficacia con que los trabajadores realizaban su tarea, sino por la alegría de las personas incapacitadas para pisar una playa cuando sus cuerpos tomaban contacto con el agua salada. Los vascos garantizan el derecho al mar. El mar es para todos, pensé.

Más tarde pude averiguar que el programa se denomina “Hondartzak Denontzat” (“Playas para Todos”, en euskera), impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con la Cruz Roja. No es simplemente la provisión de socorristas: es un servicio público específicamente diseñado para que personas con movilidad reducida puedan bañarse en el mar con seguridad y dignidad. El servicio es gratuito y consiste en que un equipo recibe y evalúa qué tipo de ayuda necesita la persona que llega con su familia; luego la acompañan desde la zona de acceso hasta la playa; la ayudan a cambiarse si es necesario y utilizan equipamiento adaptado para el ingreso al agua: sillas anfibias que flotan; sillas especiales para desplazarse sobre la arena; muletas anfibias; pasarelas rígidas hasta la arena, entre otros recursos.

El concepto es claro, el derecho al ocio es un derecho social. Poder bañarse en el mar no se considera un lujo sino una dimensión de la calidad de vida y requiere la participación plena en la comunidad.

Nunca la lejanía con la actualidad argentina me pareció mayor. Tuve la certeza que la escena me permitiría explicar con claridad el proyecto libertario a mis colegas escritores y periodistas en España que no perdían oportunidad de peguntarme. Una de las ideas que guía la gestión de Milei es que el Estado no debe asistir a nadie y para lograrlo trata de imponer el argumento de que los derechos son, en realidad, privilegios. Es una versión del ¨sálvese quien pueda” recargada.

El ajuste en el área de discapacidad fue atroz en los últimos dos años. Comenzó con el atraso del nomenclador de prestaciones, lo que hico que los aumentos quedaran muy por debajo de la inflación, poniendo en crisis la atención en centros de día, hogares, escuelas especiales y consultorios. En el caso de los transportes especiales los valores reconocidos por el Estado dejaron de cubrir los costos. Lo que determinó el corte o suspensión de servicios dado que algunos de los prestadores anunciaron que no podrían continuar trasladando a personas con discapacidad hacia escuelas y tratamientos.

Algo similar pasó con los acompañantes terapéuticos: honorarios depreciados y demoras en los pagos provocaron que muchos profesionales abandonaran la actividad, afectando la continuidad de tratamientos, especialmente de niños con discapacidad. Luego con la excusa de auditorías masivas para combatir irregularidades, demoraron trámites y suspendieron beneficios a personas que sí reunían los requisitos.

En medio de los recortes, el Presidente Milei se enfrentó públicamente a Ian Moche, un niño con síndrome del espectro autista que milita por los derechos de personas con capacidades especiales. El entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le dijo a Ian y a su madre que su “discapacidad no era un problema del Estado”. La frase generó gran repudio. Milei respaldó al funcionario -que ahora está procesado por un escándalo de corrupción- y lideró el ataque en redes al niño vinculándolo falsamente al kirchnerismo. Una canallada.

Spagnuolo, por su parte, sigue investigado por la justicia por presuntas coimas vinculadas con compras de medicamentos junto a lobistas y empresarios de laboratorios. La causa incluyó allanamientos, secuestro de teléfonos y grabaciones donde se habla de un circuito de sobornos que llegaría hasta la Secretaría General de la Presidencia. Los hermanos Milei, de todos modos, no parecen preocuparse por el frente judicial. El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está en pleno rediseño del Poder Judicial para garantizarles impunidad con el aval de los legisladores de la Unión Cívica Radical, los restos del PRO y los que responden a los gobernadores peronistas del norte.

Después de concurridas y reiteradas manifestaciones de familiares y personas con discapacidad, finalmente el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad destinada a actualizar aranceles y garantizar el financiamiento. El ejecutivo vetó en forma total la norma, argumentando que comprometía el equilibrio fiscal, ambas cámaras reunieron la mayoría especial necesaria para rechazar el veto y restablecer la vigencia de la ley, pero el Gobierno demoró su aplicación, y hubo que recurrir nuevamente a la justicia. Recién allí tuvo que reglamentarla, pero boicotea su cumplimiento.

Nunca estuvo tan claro. Quieren convertir derechos en supuestos privilegios. Se trata de dos modelos abiertamente contradictorios, el de los libertarios de Milei que entienden a las personas con alguna discapacidad como un peso inadmisible para el Estado y el de los guardavidas vascos que cada día, los ayudan a disfrutar del mar.