El caso que involucra a la familia Ciccone y al vicepresidente Amado Boudou llegó al máximo Tribunal de Justicia. La Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario para la familia fundadora de la imprenta ya que «el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad».
La familia Ciccone reclama a la Policía Fedral una indemnización de 86,2 millones de pesos por bienes y equipos de la compañía que fueron utilizados para realizar pasaportes y cédulas de identidad. Luego de dos años, la Policía estableció que correspondía indemnizarlos con 13.203 pesos. Luego, con el ministro de Economía Hernán Lorenzino como interventor de la empresa, los Ciccone comenzaron a objetar la decisión de las fuerzas de seguridad.
En este marco, la Corte Suprema deberá afirmarse sobre el reclamo y decidir si declara inconstitucional a los funcionarios del Gobierno. Los Ciccone ahora exigen que el Poder Ejecutivo mejore el monto de 13 mil pesos ofrecidos.
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