La pelea por el quinto miembro de la Corte
La frase integra el top ten de las sentencias más utilizadas del refranero popular. Remite a aquellas personas que hablan demasiado o lo hacen sin saber. Hoy vamos a agregar otra variante: la de aquellos que hablan sobre algo que no saben si es cierto pero que leyeron o escucharon. Algo así como “la interpretación de la interpretación”. En los últimos días, el senador Ernesto Sánz y el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quedaron presos de sus frases apresuradas y sin sustento. La pelea política, la voracidad electoral, la lectura veloz de los diarios, los llevó a opinar sobre algo que no había ocurrido.
El tema fue la vacante que, en enero próximo, dejará Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Por los fallecimientos de Carmen Argibay y Augusto Petracchi, el Alto Tribunal quedará con cuatro miembros cuando debe tener cinco. Durante años funcionó con siete, la mayoría de ellos nombrados en la última década. La integración respondió al decreto de autolimitación 222, una de las normas más ponderadas por la clase política ya que contempla un riguroso proceso de selección, con audiencias públicas e impugnaciones, que desemboca en la aprobación por parte de las dos terceras partes de los senadores. Una curiosidad extra: algo anunciado reiteradas veces generó sorpresa. Zaffaroni cumplirá su palabra de retirarse a los 75 años el límite legal y racional para integrar el cuerpo. Tope que desafía cada mañana, a sus 96 años el doctor Carlos Fayt. Pero lo que tenía que haber sido rutina legislativa en Argentina se convirtió en feroz polémica.
Primero fue el presidente del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, quien torpedeó cualquier posibilidad de acuerdo con el gobierno para nombrar al sucesor de Zaffaroni. Dijo que la oposición no quería “trabajar ningún consenso con este Gobierno sobre la composición de la Corte Suprema” y pidió que el nombramiento sea facultad del gobierno que asumaen diciembre de 2015. Vale recordar que para nombrar a un miembro de la Corte el Senado debe prestar su acuerdo con una mayoría calificada de dos tercios (48 votos de los 72 senadores). El oficialismo, contando a sus aliados, tiene 38 miembros. Por lo cual un eventual nombramiento sólo puede ser producto de un acuerdo.
El titular del radicalismo, Ernesto Sánz, fue más lejos. No sólo rechazó cualquier designación (argumentando “el copamiento” de la justicia por parte del kirchnerismo) sino que citó supuestas afirmaciones del titular del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien habría dicho “que la Corte podría funcionar normalmente con cuatro miembros”. En realidad Sánz opinó en base a interpretaciones que hicieron de unos dichos del magistrado en la prensa. En menos de una semana, Lorenzetti, la vicepresidenta de la CSJ, Elena Inés Highton de Nolasco y el longevo Carlos Fayt se manifestaron a favor de nombrar al reemplazante de Zaffaroni.
En términos políticos el planteo de la UCR es sorprendente. El juez que deja el Tribunal, más allá de su enorme capacidad, es quien tuvo posiciones más cercanas al gobierno nacional. Su reemplazo por un jurista destacado y avalado por la mayoría de los partidos políticos tendría que ser una buena noticia para la oposición.
Pero no sólo Sánz se apresuró. El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, después de defender el derecho del gobierno a proponer un reemplazante de Zaffaroni, aseguró: “Pareciera que existe una especie de acuerdo tácito entre alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la oposición para impedir la designación de nuevos miembros”. Días después, Lorenzetti (a quién aludía el ex gobernador del Chaco) sugería, junto a sus colegas, el nombramiento de un nuevo integrante del Tribunal y dejaba aclarado que esa era una decisión de los otros dos poderes del Estado. Capitanich denunció una suerte de complot por lo que leyó en los diarios. Antes había machacado contra los mismos magistrados por un fallo que mantiene sin ejecutar un millonario reclamo impositivo del gobierno sobre el diario La Nación y otros medios.
Para el gobierno nacional, criticar a la Corte Suprema es como dispararse en un pie. La arquitectura del máximo estamento de la Justicia nacional fue imaginada por Néstor Kirchner, quien pobló de juristas una Corte que durante los noventa estuvo integrada por amigos del ex presidente Carlos Menem. Ese tribunal avaló las privatizaciones y el desmantelamiento del aparato productivo. Con sus idas y vueltas, aciertos y defecciones, esta Corte Suprema es la de mayor independencia y calidad de las que se sucedieron después de la dictadura militar. Supo ponerle límites tanto al Gobierno como al Poder Económico. Es, sin duda, lo más rescatable de un sistema judicial que se mueve, en sus instancias inferiores, con mayor lentitud, ineficacia y venalidad.
Debatir en este contexto de mezquindad y furia, la ampliación de sus miembros (a 7, 11 o el número que sea), la división en salas por tema o la necesidad de transformarlo en un órgano exclusivo dedicado al control de constitucionalidad para que trate un número de causas razonables (actualmente le llegan unos diez mil planteos), es una quimera.