El presidente Mauricio Macri está decidido a cumplir sus objetivos sin detenerse demasiado en los modos. Con esa lógica nombró a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y sin pasar por el Senado de la Nación, le dio el ok al desalojo de los trabajadores de Cresta Roja que cortaban la autopista Ricchieri, anunció la revisión de 75.000 cargos públicos designados en los últimos años y decidió la intervención de la AFSCA. Con matices cada una de esas medidas provocó el rechazo de la oposición. Con su principal competidor electoral, el Frente para la Victoria, la ruptura es total. “Necesitamos mostrar autoridad”, aseguran cerca del Presidente. Con ese argumento cualquier costo político les parece menor.
En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el flamante presidente había llamado al diálogo y a la búsqueda de consensos. Sus primeros movimientos fueron en ese sentido: convocó a los candidatos opositores a la Casa Rosada y luego a todos los gobernadores a un almuerzo inédito. Sin embargo, sus interlocutores de esos cónclaves amables se enteraron de las decisiones más polémicas de los últimos días por la televisión.
Malquistarse con Sergio Massa o recibir críticas públicas de Margarita Stolbizer no amilanaron al Presidente. Sabe que contará con ellos en el Congreso de la Nación. Son sus aliados potenciales por fuera de la coalición gobernante. Por lo menos hasta la próximas elecciones legislativas. Sufrir las advertencias de Hugo Moyano que criticó la quita de retenciones sin un gesto equivalente para los trabajadores o, incluso, las impugnaciones de dirigentes radicales por obviar al Congreso tampoco son motivo de preocupación. Moyano siempre termina negociando y los radicales están en estado de completa subordinación.
Los nuevos inquilinos de la Casa Rosada aseguran que se trata de una cuestión de oportunidad: “hay que hacer los cambios más fuertes en las primeras semanas”. La idea es aprovechar el “romance” con gran parte del electorado que votó “el cambio” y el aval explícito de los grandes medios de comunicación.
En el gobierno consideran que la pulseada más difícil fue abrir el cepo y que la prueba fue superada con comodidad. El Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay cumplió con la principal promesa de campaña de Macri y el dólar se ubicó en el lugar deseado por las autoridades: entre 13 y 14 pesos. Los exportadores comenzaron a liquidar divisas y hasta se recuperaron reservas, dicen con entusiasmo desde el Palacio de Hacienda. Allí la libertad cambiaria funciona como la solución a todos los problemas.
El lado B del fin del cepo fue el aumento de los precios. “Deslizamiento” en la jerga oficial. La devaluación, anunciada casi un mes antes de las elecciones, generó brutales remarcaciones. El impacto en los salarios todavía no provocó ninguna reacción social importante. Apenas algunas movilizaciones aisladas. El episodio más complejo fue la protesta de los trabajadores de Cresta Roja, la empresa avícola que quebró por los desmanejos de sus dueños y el festival de subsidios otorgados por el gobierno kirchnerista sin ningún tipo de control. La justicia deberá determinar si no se está ante un grave caso de corrupción. El desalojo de la ruta por parte de Gendarmería dejó un saldo de agentes y trabajadores heridos. Más allá de las horas de máxima tensión, en el gobierno reivindicaron el procedimiento. Sirvió para demostrar que “no se tolerará los cortes totales de rutas y calles”. En unos días anunciarán un protocolo para actuar ante ese tipo de conflictos.
Aquí otra vez funcionó el doble estándar que atraviesa a la política y el periodismo nacional. Muchos de los que criticaban el uso de la fuerza para despejar los caminos durante el kirchnerismo ahora lo aplaudieron y los que exigían la intervención de Sergio Berni y la Gendarmería en la Panamericana ahora criticaron con dureza. La palabra represión estuvo en la portada de los diarios que antes la omitían y viceversa. Todo vuelve a ser según el cristal con que se mira.
Para mitigar los aumentos Macri anunció un incremento en la AUH y las jubilaciones mínimas de 400 pesos por única vez. Salvo los camioneros que lograron un bono de Navidad, el resto de los trabajadores no logró ayudas extras para paliar los aumentos. Los trabajadores avícolas, desamparados por el Sindicato del sector, lograron una compensación de seis mil pesos para enero después de la refriega. Apenas una tregua mientras se tramita una solución que contemple la continuidad de la empresa.
El Presidente disfruta cada batalla. A la ola de críticas por las designación de dos miembros de la Corte Suprema por decreto antepuso el argumento de la legalidad y sólo concedió que los abogados elegidos jurasen en febrero. Esta semana un juez federal suspendió ese acto por inconstitucional y, es posible, que la propia Corte tenga que decidir sobre la manera en que se quiso integrar a sus nuevos miembros. “Lo importante es que logramos frenar el lobby de los senadores para imponer otros nombres y se discute sobre las dos propuestas del Presidente”, confesó uno de los promotores de la jugada judicial.
Sin embargo, los senadores del PJ (difícil predecir cuántos de los 42 que conforman la bancada mayoritaria) anunciaron que no avalarán los dos nombramientos. No sólo cuestionan el método elegido por el presidente para hacerlos llegar al más alto tribunal del país, un grupo también impugna a Carlos Fernando Rozenkrantz por su tarea como abogado de Clarín. A ese grupo empresario le atribuyen influencia en la decisión de intervenir la AFSCA y desplazar a su presidente, Martín Sabatella, por decreto (tiene mandato hasta 2017).
La ley de Servicios Audiovisuales fue una norma ampliamente debatida en distintas organizaciones de la sociedad civil y en universidades de todo el país. Fue aprobada por una amplia mayoría. Tuvo numerosas impugnaciones judiciales hasta que logró un fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema. La semana pasada miles de personas se movilizaron frente al Congreso exigiendo su vigencia. Afirmar lo evidente no evita señalar la defectuosa aplicación de la ley que hizo el kirchenrismo que llegó al extremo de menoscabar por intereses mezquinos la norma que impulsó. La aplicó a medida de sus necesidades políticas.
El tema de fondo sigue siendo el mismo que en 1983 preocupaba a Raúl Alfonsín: la capacidad de regulación del Estado sobre un mercado como el audiovisual de tremendo impacto en la vida de los ciudadanos. En nombre de la libertad y los enchastres del gobierno anterior, el ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad –histórico enemigo de la LSCA– pretende limitar al máximo esa capacidad de regulación en beneficio de los grandes jugadores de siempre.
Modificar la ley por decreto y no por una nueva ley es una torpeza de impredecibles consecuencias para el anunciado objetivo de Mauricio Macri de “sacar el enfrentamiento del centro de la escena”.