¿Cómo son “los supremos”, esos hombres y mujeres que conforman un cuerpo colegiado que posee un poder omnímodo? Su palabra es la última siempre y puede hundir al país en un desastre económico o salvarlo de múltiples peligros. A partir de la renovación de Néstor Kirchner, los nuevos jueces fueron personajes visibles. Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti hablaban en público, mientras los viejos sobrevivientes Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda se resistían a perder protagonismo. Aquella Corte produjo fallos que fueron hitos. Pero en cierto momento se replegó sobre intereses propios. ¿Cuán independiente fue ese tribunal –y cuánto lo es el actual– de los intereses políticos y económicos que presionan a los gobiernos? ¿Cuál es la incidencia de Lorenzetti en el humor de la Corte? ¿A qué aspira?
La atrapante investigación de Irina Hauser corre el velo de un cuerpo de élite que conserva los modos y prácticas de la aristocracia palaciega, enigmático, intimidante y desconocido hasta ahora.
A continuación un fragmento, a modo de adelanto:
18 – Obsesión por los medios
María Bourdin era una de las caras bonitas del canal de cable C5N, donde trabajaba de notera y columnista de temas judiciales. Rubia, de piel tersa, ojos claros, se la veía caminar sobre tacos aguja con habilidad acrobática, en jeans ajustadísimos o minifaldas insinuantes. Cuando conoció por su trabajo a Ricardo Lorenzetti, logró tocarle una fibra sensible al hablarle de lo importante que sería para su presidencia suprema establecer una buena comunicación con los medios y, en especial, controlar el contenido de lo que se dice y se publica. Apenas desembarcó en la Corte, Lorenzetti estaba verdaderamente desorientado, y ella fue su guía. Se encontraban a tomar café por los bares de los alrededores de Tribunales y cada tanto en la oficina del supremo. Él la escuchaba con fascinación. Lo ayudaba a entender internas políticas, tejes y manejes que todavía le costaba decodificar.
A Bourdin le tomó un cariño tan intenso y especial que se la llevó a trabajar a la Corte en 2008, cuando ya llevaba más de un año de presidente supremo y otro tanto de asesoramiento en las sombras. A esa altura, el juez empezaba a manifestar desdén por el dúo que hacían Ricardo Arcucci y Albino Gómez, quienes lo habían ayudado a sacar las primeras papas del fuego y que habían alentado su idea de montar un centro de noticias judiciales, presentada en la primera Conferencia Nacional de Jueces, pero a los que criticaba por la espalda. «Ni saben usar Internet», se burlaba.
Arcucci intentaba armar una red entre las direcciones de prensa y comunicación de los superiores tribunales de todo el país, que por definición no acostumbraban a comunicar nada. Pero percibió la falta de apoyo que necesitaba. Su distancia con Lorenzetti se agigantaba a medida que se estrechaba la del juez y la periodista. Bourdin no solo impulsó a Lorenzetti a afeitarse. El supremo se puso a dieta y tomó como regla vestir solo trajes oscuros y camisas blancas. Arcucci concretó su jubilación.
La creación del Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias de la Corte Suprema, fue una idea del santafesino implementada por Bourdin. Resultó una iniciativa astuta y eficaz. Su inauguración fue celebrada por la prensa especializada, porque acortó el acceso a muchos fallos, que son publicados directamente en la web, lo que ahorra a los periodistas la necesidad de salir a rastrearlos como sabuesos por los tribunales, durante horas, a riesgo de fracasar. En sus inicios, la web ofrecía el texto de fallos que a la pareja BourdinLorenzetti le parecían trascendentes, no solo de la Corte sino de juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales orales, y un resumen didáctico. Más adelante una ley obligaría a una difusión amplia, no siempre respetada.
Pronto el CIJ mostró cuán frágil puede ser la línea divisoria entre la comunicación cristalina de una noticia y la posibilidad de darle un giro para que parezca otra cosa. No es menor, porque todo lo que sale publicado en una agencia de información es reproducido después en otros medios que la toman como fuente de materia prima periodística.
En poco tiempo, el CIJ se convirtió en un sitio de consulta diaria de cientos de personas relacionadas de algún modo con la vida judicial. El hecho de pertenecer a la Corte suponía que, además, la daba un plus de credibilidad y cierto aspecto de neutralidad. Por eso causó gran desconcierto el día de fines de septiembre de 2010 cuando por primera vez publicó una noticia que no era cierta.
«El Poder Ejecutivo recortó casi el 40 por ciento del presupuesto de la Corte», tituló. Así presentado, el tema tenía una sola interpretación posible: que el gobierno de Cristina Fernández de Kirch ner le había quitado dinero a la Corte. Pero no era verdad. No le había sacado nada, solo que no le habían dado lo que pedía. El tribunal reclamaba 1273 millones de pesos y por la Ley de Presupuesto le concedían 918 millones, que a la vez era más que el año previo, cuando había recibido 745 millones de pesos.
Esa noticia fue difundida en esos términos en un contexto particular: unas horas antes de una concentración que pediría la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Grupo Clarín intentaba frenar en tribunales (y en especial en la Corte) para no tener que desprenderse de licencias, y unas horas después de que Néstor y Cristina Kirch ner salieran a decir que los jueces eran dóciles al poder económico. Había una disputa en ciernes, flotando en el aire.
En mayo de 2011 el CIJ informó que la justicia suiza investigaba a Hugo Moyano y a sus hijos en una causa por lavado de dinero, y que el ex juez federal Norberto Oyarbide había recibido el exhorto que pedía información acerca de otras causas que los implicaran. Lo notable fue que la notificación de la justicia suiza decía que había abierto una causa contra personas desconocidas por blanqueo de dinero. No daba ningún otro detalle. Como no se cumplían los requisitos del tratado de cooperación internacional, el fiscal Jorge Di Lello dictaminó que Oyarbide solo podía responder el exhorto cuando Suiza agregara la información faltante. Pero el CIJ tituló: «El fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano». Al rato, esa información que no era tal desapareció de la página de la Corte. Además de que no era cierta, era la primera vez que el CIJ informaba sobre la supuesta decisión de un fiscal. Todas sus noticias aluden a decisiones de los jueces, no del Ministerio Público. Bajo la misma lógica, era una anomalía que informara sobre un exhorto de Suiza sobre el cual el juez no había decidido nada. El único objetivo evidente era político: anunciar que Suiza investigaba a Moyano, que en esa época conservaba cierta sintonía con el kirch nerismo.
Ambas noticias, la del exhorto y la de la fiscalía, tuvieron repercusión inmediata, primero en el portal de noticias de Infobae, de Daniel Hadad, donde Bourdin todavía tenía lazos, lo que generó quejas entre los periodistas judiciales que se veían en desventaja. Algo similar ocurría de vez en cuando con Clarín, donde la chica había estado becada.
Falsear una información y jugar con la connotación política de otra eran iniciativas que no tenían relación con los objetivos que se plantearon para el CIJ cuando fue diseñado. Esas metas, a la luz de los sucesos, parecían ingenuas: «El centro de prensa se encargará de promover la difusión de decisiones judiciales, resoluciones institucionales y educación jurídicolegal a fin de procurar una mejor comprensión del quehacer jurisdiccional por parte de la población […] crear un cuerpo de profesionales en comunicación, en los principales centros judiciales del país tanto en la justicia nacional como provincial», entre otras.
Bourdin nació el 27 de enero de 1974, es abogada egresada de la Universidad Católica de Santa Fe, hizo un posgrado en Opinión Pública y Medios en FLACSO y un máster en periodismo en la Universidad de San Andrés. Lorenzetti, que es un hombre gélido y cortante con la mayoría de su equipo, tenía debilidad por ella y soportaba que lo retara o gritoneara frente a terceros. Pero se le empezó a acabar la paciencia con la cuestión de Moyano y el día que definió como «madre adoptiva» a la apropiadora de un hijo de desaparecidos.
En noviembre de 2013, Bourdin alcanzó su máximo punto de fama cuando posó con un vestido negro escotado y agarrada de un caño para la revista Noticias, bajo el título «La guerrera de la Corte». En el primer acuerdo de los jueces supremos pospublicación, como de costumbre fue Fayt el que rompió el hielo. Sabía que en esos tiempos Lorenzetti y Maqueda funcionaban en bloque:
— Doctor Maqueda, ¿usted lee la revista Noticias? — preguntó con su voz cascada.
Maqueda, incómodo, tartamudeó y se explayó diez minutos sobre todas sus lecturas obligadas y favoritas, excepto la revista en cuestión. El resto aguantaba la risa en silencio.
La relación con los medios devino una gran obsesión para Lorenzetti. Estaba pendiente de cada cosa que decían o publicaban sobre él y la Corte. Cuando el tribunal empezó a tomar las medidas más innovadoras, como realizar audiencias públicas y firmar fallos de gran repercusión, el juez inauguró una instancia de diálogo con un grupo de periodistas que escriben a diario sobre temas judiciales. Los invitados pertenecían a diarios y agencias de noticias. El encuentro quedó bautizado como «el off de los martes». El nombre aludía a que lo que se conversaba era off the record: los medios recibían información de primera mano sin poder citar declaraciones de ningún juez supremo. Los martes es el día de acuerdo de los cortesanos, cuando suelen firmar sus sentencias. El off quedó institucionalizado, por lo que perdió algo de esa esencia reservada. Todo el mundo en el ámbito del periodismo judicial sabía cómo era la mecánica, pero lo que aparecía en los diarios parecía originado de fuentes periodísticas ultrasecretas, aunque casi todos los medios contaban lo mismo. Como fuera, era una instancia de gran utilidad para comprender y contextualizar algunos temas que se tramitaban en la Corte y las posiciones de los jueces.
Esa modalidad de información centralizada también tenía sus contras. Por lo general coincidía con la visión de Lorenzetti o con lo que él quería decir, pero no necesariamente era lo que opinaba el resto de sus colegas quienes, de todos modos, toleraban ese manejo. Uno de los factores de mayor irritación para el juez era que los periodistas intentaran conseguir información o análisis en otros despachos o que sacaran conclusiones personales, lo que en rigor hace a una tarea responsable por su parte.
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En un episodio sin precedentes, Lorenzetti le mandó a decir al periodista Néstor Espósito — un prestigioso columnista de Radio del Plata y del diario Tiempo Argentino— , a través de un emisario de la Corte, que quedaba expulsado de las reuniones de los martes. Espósito le pidió al enviado que le dijera al supremo que quería que le explicara las razones de semejante decisión. El juez lo esperó con una desgrabación escrita sobre la mesa. Era un tramo de programa de radio en el que Espósito había participado en Del Plata. Le leyó una frase en voz alta, que le había molestado. Justo esa no la había dicho él, aunque coincidía con el concepto.
— ¿Por qué no lee bien? —le dijo el periodista, en tono suave, para mostrarle la equivocación— . De todos modos usted es dueño de recibir a quien quiere.
— Está bien. Asunto cerrado — dijo el supremo.
A los grandes columnistas de los diarios que escriben para las ediciones dominicales los recibía por separado o se encontraba a comer. Con Joaquín Morales Solá de La Nación o Eduardo van der Kooy de Clarín nunca tuvo grandes peleas. Pero se ofendió con los que en algún momento hicieron un análisis crítico o revelaron información que pretendía mantener en las sombras, como con Mario Wainfeld y Horacio Verbitsky, de Página/12. También tuvo algunos encontronazos con Sergio Szpolski, del Grupo 23, y con el periodista Jorge Asís, aunque siempre se amigaba.
La manía de Lorenzetti de enviarle cartas a Verbitsky se intensificó a partir de 2013, en el momento más caliente de la discusión por la Ley de Medios, sobre la cual la Corte Suprema todavía no había emitido posición de fondo, y cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció una reforma judicial a gran escala. Después de leer un artículo del periodista que recapitulaba el discurso de la ex presidenta en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de ese año, donde había anunciado su proyecto de «democratización» judicial, el supremo le escribió con desagrado e ironía. Le daba cátedra y le pedía que diera marcha atrás con sus dichos, para lo que alegaba razones políticas:
«Estimado Horacio: he leído tu artículo del domingo en Página/12 y he decidido no enviarte una carta insultante. Creo, en cambio, que es necesario precisar algunos enfoques políticos, porque vos también tenés responsabilidades.» Así comenzaba. Enumeraba luego:
«I) Vos decís que mi cara en el acto fue de asombro como el de Bush (no podés negar la mala fe de esta afirmación); cuando vos sabés que yo era la única persona que sabía lo que iba a pasar. No hubo clima de confrontación conmigo, las propuestas fueron razonables, no agresivas hacia la CS (Corte Suprema) ni hacia mí; te habrás dado cuenta. Solo te pido entiendas que estamos haciendo un gran esfuerzo y no conviene el clima de confrontación; eso solo favorece a quienes quieren la crisis. Por eso, el primer punto es que la Corte no va a hacer oposición a las reformas, de manera que hay que hablar del Poder Judicial, no de la CS o de mi persona. Si se opta por esta última alternativa, vamos directo a un enfrentamiento muy grave. La presidenta lo entendió, espero que vos lo entiendas y lo aclares.»
Como el artículo periodístico aludía también al discurso de apertura del año judicial que Lorenzetti había dado antes del de Cristina, en el que mezcló el aniversario 150 de la Corte, la carta seguía:
«II) El discurso del martes [el del propio Lorenzetti] no fue ambiguo con un párrafo para cada audiencia. Te pido que lo leas y me digas en qué se aparta de la línea de principios de la Corte, que son los que he defendido a lo largo de mi vida (creo que vos también). No hubo especulación táctica, ya que la Corte se fundó en enero y comenzó a funcionar en octubre (como lo explicó Petracchi, no como vos lo decís). El planteo se concentró en el aniversario para dejar espacio a la discusión sobre las reformas del Poder Judicial. Me parece que sería interesante que también escribas, como lo hiciste otras veces, sobre la línea de principios constitucionales que defiende la CS (a diferencia tuya, la presidenta distinguió perfectamente esta corte de la anterior en varias oportunidades y a esta corte de la uruguaya, porque hemos coincidido en que hay que mantener estos valores).
»III) No es cierto que me recueste en lo más conservador del Poder Judicial; me extraña que digas eso cuando hemos apoyado numerosas iniciativas de modificación. Tampoco son ciertas las cifras que das en juicios de lesa; lo hemos corroborado.»
Verbitsky describía sus discursos ante la familia judicial como «homilías». Lorenzetti firma la carta como «el Obispo».
El texto completo tipeado en computadora permite ver el modo de dirigirse del juez al periodista y cotejar el contenido y sus afirmaciones con sus actos posteriores. Como se verá más adelante, la Corte Suprema derribó casi en su totalidad toda la reforma judicial impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirch ner, que había sido aprobada en un paquete de leyes en el Congreso. Los jueces supremos la declararon inconstitucional. De manera tajante impidieron su aplicación.
El CIJ se consolidó como lugar de difusión exclusiva de las organizaciones más tradicionales y conservadoras del Poder Judicial. Los comunicados, charlas y declaraciones de la Asociación de Magistrados y su presidente recurrente, el camarista civil Ricardo Recondo, quien ejerció la oposición política al kirchn erismo desde los tribunales, tienen un lugar predilecto en la agencia de noticias cortesana. El sitio se arriesgó incluso a publicar declaraciones de Recondo con expresiones de contenido político explícito, donde se jactaba de que entre los jueces y otros antikirch neristas lograrían «ser mayoría en el Consejo de la Magistratura», organismo que elige y sanciona a los jueces. El problema no era que los jueces se asumieran en una tesitura política, sino que después salían a decir que sufrían presiones políticas del Gobierno y que eso jaqueaba su preciada independencia judicial.
Otro inconveniente era que en el CIJ no caben matices ni opiniones encontradas. Es una postura coherente con la imagen que a Lorenzetti le interesó lograr del Poder Judicial, como si fuera una masa homogénea donde todos piensan igual, aunque no sea así. «Tenemos que estar unidos», ha sido una de sus frases favoritas en su prédica ante los magistrados. A la vez, siempre se jactó de reivindicar la libertad de ideas, de criterios y el intercambio de opiniones. Pero en la actividad cotidiana demostró baja tolerancia a la crítica y a las miradas heterogéneas.
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El espíritu controlador de Lorenzetti en la relación con los medios no se reflejó en el contenido de los fallos.
La Corte Suprema construyó una jurisprudencia estable y fuerte para proteger la libertad de expresión, de crítica y de acceso a la información pública. Algunas sentencias firmadas desde 2003 han sido de vital importancia y respetuosas de los estándares internacionales. Entre algunos pocos casos en los que el tribunal aplicó la «doble vara» y limitó la libre expresión, las personas que se sintieron agraviadas fueron jueces.
En los primeros años de la Corte renovada prevalecieron decisiones favorables a los medios de comunicación, basadas en la llamada doctrina de la real malicia. Si una figura pública se siente afectada por información falsa o inexacta, debe demostrar que el emisor conocía esa falsedad y obró con una mala intención. Si no, debe saber que es una persona expuesta a la crítica y las opiniones por su lugar en la sociedad.
La protesta de dos peritos del Cuerpo Médico Forense, José Ángel Patitó y Osvaldo Curci, que se sintieron aludidos y heridos por la publicación de un editorial del diario La Nación el 19 de octubre de 1998, fue discutida por la Corte diez años después. El texto cuestionado apareció en el diario en la época en que treinta peritos habían sido citados a indagatoria por irregularidades en las pericias que realizaban. Decía que la investigación demostraba que el desempeño de los peritos era «incoherente, temerario, negligente y no confiable», y que había una «estructura ilegal» en ese ámbito. Los peritos tienen un enorme poder: hacen autopsias, dictaminan si hubo mala praxis, pueden dar con las pruebas de un crimen y con su autor, revisan y evalúan a los imputados, entre muchas responsabilidades.
La Corte, con astucia, llevó el tema a una audiencia pública. El Cuerpo Médico Forense (CPF), además, depende del propio tribunal. De modo que los supremos hacían, a la vez, un gesto de revisar su propia estructura. De hecho, ese mismo año el tribunal le delegó a Carmen Argibay una investigación interna sobre el CPF que derivó en una reforma.
En la audiencia, el abogado de La Nación, Gregorio Badeni, se paró frente a los supremos y con solemnidad pidió que se aplique la doctrina de la real malicia. Los jueces le preguntaron a la abogada de los peritos qué enfoque pretendía usar: «¿Real malicia, culpa o responsabilidad objetiva?». La letrada, María Delia Pereiro, respondió con energía mínima y resignación: «Cualquiera». Reconoció también que sus representados ni le habían pedido derecho a réplica al diario.
«No puede haber responsabilidad alguna por la crítica o disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, el que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social», concluyó el fallo de la Corte, que eximió de responsabilidad al diario. Además evaluó que se basaba en «indicios razonables existentes al momento de su redacción» (aunque más adelante los peritos fueron desvinculados). Fue un fallo unánime.
Al dar un pantallazo por las sentencias que atañen a la libertad de expresión a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se observa que la Corte fue consecuente en proteger a los medios de comunicación por lo menos en dieciséis sentencias, en las que se advierte, además, que en primera o segunda instancia le daban la razón a los demandantes.
El diario Crónica salió indemne de una demanda de Hipólito Carmelo Barreiro, médico de Juan Domingo Perón, tras publicar declaraciones de un sobrino del ex presidente que decía que era «un curandero» y no un especialista en próstata. Reproducir lo que dice otro, sostuvo la Corte en agosto de 2003, no hace culpable al medio.
Silvia Baquero Lezcano, una jueza criticada por rehusar su designación en el tribunal que debía sustanciar el juicio por el caso María Soledad Morales, perdió la demanda contra el diario Río Negro. El tribunal dijo que la mujer era una persona pública que debía soportar la crítica. A los jueces se los debe tratar como «hombres con fortaleza de ánimo, capaces de sobrevivir a un clima hostil», afirmaron los supremos. También el ex juez penal económico Jorge Brugo perdió contra la revista XXI, que en una nota periodística había puesto en duda el origen de su patrimonio. La misma lógica siguió la Corte en un juicio que intentó el perito balístico Roberto Jorge Locles contra el periodista Rogelio García Lupo y el diario Clarín, al publicar que había sido inhabilitado y titular «Los dudosos peritajes de Locles». En mundo judicial también, el fiscal Norberto Quantín había conseguido una condena contra el ex diputado Enrique Benedetti y el periodista Guillermo Cherasny por llamarlo nazi, pero los supremos dieron vuelta el fallo.
La Corte revocó una condena contra la revista Tres Puntos en una demanda de Huberto Roviralta por su divorcio de Susana Giménez por no encontrar intención de perjudicar. Hubo un fallo a favor del diario La Mañana, acusado por el senador bonaerense Miguel Ángel Di Salvo. Otro respaldó al diario El Día, que publicó el caso de la muerte de una mujer tras un aborto, porque citaba el hecho de una fuente directa. También perdió, en Chaco, un funcionario del Instituto de Previsión Social que se quejó por una carta de lectores. El periodista Luis Majul fue liberado de una demanda que le hicieron los hijos de Leopoldo José Melo — socio originario del diario Ámbito Financiero— por información que dio en su libro Los nuevos ricos de la Argentina. Tiburones al acecho.
Dos sentencias abordaron campos novedosos: una, de 2013, equiparó las publicaciones en un blog de Internet con las de medios gráficos y protegió al periodista Jorge Warley, quien había descripto al ex subsecretario de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Sujarchuk, como «siniestro». En 2014 la Corte rechazó una demanda de la modelo María Belén Rodríguez contra los buscadores de Internet Google y Yahoo, donde su nombre aparecía en páginas ligadas a pornografía y oferta sexual.
Pero 2013 también fue un año de virajes, en coincidencia con el punto de mayor enfrentamiento entre la Corte y el Poder Ejecutivo.
Algunos de los fallos que marcan límites o restringen la libertad de expresión empezaron a aparecer en aquel momento. La empresa Artear fue condenada por la Corte por un informe de Telenoche Investiga que vinculaba a Juan Martín Barrantes y Teresa Molinas de Barrantes, propietarios de una empresa de turismo, con el turismo sexual que explota menores. Los supremos dijeron que el canal fue negligente y que solo busca «la preservación de un dogma acerca de la libertad de expresión».
Otras dos sentencias relevantes fueron en defensa de jueces. A contramano de fallos anteriores sobre funcionarios judiciales, la Corte decidió esta vez que a los jueces no se los puede criticar. En diciembre de 2015 confirmó la condena al ex fiscal Luis Moreno Ocampo a indemnizar a tres jueces federales de Mar del Plata (Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra) quienes habían juzgado el asesinato de Alfredo Pochat, un gerente de la Anses que investigaba corrupción en el organismo. Moreno Ocampo representaba a la querella y no quedó conforme con la condena impuesta. Opinó que los jueces «no actúan como deben actuar y lo que dicen en Mar del Plata es que esos jueces fueron designados por el gremialismo»; «en el ámbito de la justicia federal de Mar del Plata hay protección a gente que actuó en este caso», había dicho públicamente. Los jueces acusaron a Moreno Ocampo de usar su perfil mediático para «emitir calumnias e injurias» y los supremos les dieron la razón.
Otro juez que tuvo a la Corte de su lado fue Rodolfo Canicoba Corral. En una entrevista publicada por el diario Página/12 en 2004, el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, lo incluyó en un grupo de jueces a los que denominó «seres detestables» y «jueces de la servilleta». Canicoba obtuvo fallos favorables en todas las instancias. El máximo tribunal consideró que las expresiones eran insultantes, no eran una opinión crítica, y excedían el derecho a la libertad de expresión. La votación fue dividida. La sentencia fue considerada por especialistas como un retroceso.
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La aparición de fallos regresivos de la Corte sobre libertad de expresión en los últimos años de los gobiernos kirch neristas no fue casual ni aislada. El tribunal, en general, endureció algunas de las posturas con las que en sus inicios había ampliado derechos a medida que se hacía más factible la posibilidad de un cambio de rumbo político hacia un modelo conservador y neoliberal.
Hubo otras decisiones, también ligadas a la libertad de expresión, que encarnaron la paradoja de ser trascendentes y constructivas pero a la vez utilizadas en momentos específicamente elegidos para fogonear la crítica al poder político desde el aparato de prensa de la Corte.
Un grupo de fallos se refieren al reparto equitativo de la publicidad oficial. El primero, del año 2007, obligaba al Gobierno de Neuquén a restituir la publicidad estatal que le daba al diario Río Negro y que le había quitado como represalia por una nota que denunciaba hechos de corrupción. En 2011, la Corte obligó al Estado nacional a darle publicidad a la editorial Perfil, con el argumento de que no debe hacer diferencias con otros medios, de lo contrario se viola el principio de igualdad a través de decisiones discriminatorias.
En otra faceta del derecho a la libertad de expresión, la Corte falló sobre el Acceso a la Información Pública, en marzo de 2014. Otra vez, una resolución clave, vital, difundida de modo tal que colaboraba con la corrosión de la imagen del Gobierno. Dijo que el Estado nacional debía entregar a CIPPEC, una organización no gubernamental vinculada al empresario/político Francisco de Narváez, la información requerida sobre planes sociales que administraba el Ministerio de Desarrollo Social. Quería conocer los padrones de los beneficiarios y las entidades que también los recibían. Los supremos señalaron la libertad de información como un derecho humano fundamental, de acuerdo a estándares internacionales. La información, dijeron, pertenece a las personas, no es propiedad del Estado. Una gran definición, con capacidad de producir efectos secundarios sobre el humor social y la arena política.
