«Mentir es malo, muy malo para la persona que miente, pero peor es creerse su propia mentira». La frase de Sergio Berni les recordó a los periodistas que tomaban sus declaraciones –posteriores a la repudiable agresión recibida por el Ministro de Seguridad bonaerense– que ni la conmoción por la reacción violenta de los trabajadores, que lo recibieron a golpes y pedradas cuando fue a dialogar con ellos después del asesinato de Daniel Barrientos, le hizo olvidar al funcionario de Axel Kicilof su pelea con Aníbal Fernández.
Su par a nivel nacional, después de solidarizarse con Berni -«es una locura lo que le hicieron»- dijo que nadie desde la provincia «me pidió nunca un gendarme». Berni entonces lo trató de mentiroso. Como días atrás tildó de borracho e inútil al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Luego Aníbal aclaró que hace tres meses que no se hablan. Y es cierto, sólo se cruzan chicanas a través de los medios de comunicación. Lo inadmisible es que se trata de los dos funcionarios que deben coordinar las tareas de prevención contra el delito y, como si fuera poco, pertenecen al mismo partido.
La interna interminable dentro del Frente de Todos es la marca de identidad del gobierno creado por Cristina Fernández en 2019. La pelea intestina devino en gestión ineficaz y, por consiguiente, en incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de la población. En especial de los sectores a los que el peronismo siempre dijo representar: los de menos recursos. Son los más pobres quienes más sufren la inseguridad y el aumento constante de los precios.
La recesión, la deuda delirante tomada por Mauricio Macri con el FMI, la pandemia, las consecuencias de la invasión a Ucrania y la sequía complicarían la gestión de cualquier gobierno, pero uno cohesionado, eficiente y con ideas claras las hubiese enfrentado con mejor suerte. No hay a quien responsabilizar fuera de casa.
El asesinato a sangre fría de Quinteros fue la gota de sangre que colmó la paciencia de los choferes. En 2018 asesinaron también en Virrey del Pino a Leandro Alcaraz un colectivero de 26 años que trabajaba en la línea 620. El gobierno del Pro reglamentó entonces una ley aprobada un año antes que establecía la obligatoriedad de las cámaras de seguridad en los transportes de pasajeros. El entonces ministro Christian Ritondo anunció créditos del Bapro para que las empresas pusieran los equipos. El gobierno se comprometió a instalar centros de observación. Ni la gestión de María Eugenia Vidal ni la de Kicillof, lograron que las empresas cumplieran la disposición.
En octubre de 2020 fue asesinado, en la misma zona, Pablo Flores. Los delincuentes se acercaron a la ventanilla de su vehículo y le pegaron varios balazos. Cómo no entender la bronca de los laburantes. Toman el servicio cada noche bajo amenaza.
A esto se suman las promesas del actual Ministro de Seguridad: un plan integral con gran inversión, compra de equipos, patrulleros y tecnología; la incorporación de 10 mil nuevos agentes, refacción de 120 comisarías y la creación de seis módulos carcelarios, entre otros avances. También prometió paradas de colectivos seguras con cámaras y botón antipánico. Es en las paradas de colectivos donde suelen ser atacados los vecinos que salen o vuelven de trabajar o estudiar. Se cumplió poco y nada.
La derecha más recalcitrante reaccionó de forma previsible, tratando de obtener beneficios políticos. Patricia Bulrich evitó cuestionar la agresión al funcionario, se solidarizó con la familia del trabajador asesinado y habló de complicidad del gobierno con los delincuentes. En la misma línea, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy dijo: «años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces». Ambos son parte del problema, aunque disimulen elevando el tono. Igual que la policía bonaerense atravesada por la corrupción.
Hay un grupo de dirigentes que alienta un escenario de crisis social descontrolada con violencia en las calles. La explicación es obvia: sólo en esas condiciones podrían imponer, de llegar al poder, un ajuste todavía más duro que el que está en curso. Son los que creen que cuanto peor, mejor, aunque saben que para la población más desprotegida cuanto peor, sólo es mucho peor. Pero claro, en todo caso se tratará de daños colaterales.
Todo esto no disimula la ineludible responsabilidad de una fuerza política, el peronismo en todas sus variantes, que subvalora la cuestión de la seguridad desde hace dos décadas. Cristina recién habló del tema en noviembre de 2022 convocando a un pacto democrático para establecer políticas de seguridad y el 11 de marzo habló de la situación en Rosario diciendo que no se soluciona solamente mandando gendarmes. La vicepresidenta es el principal sostén de Sergio Berni, cuya permanencia en el gobierno es un misterio. Alberto, por su parte, nombró primero a Sabina Frederic y terminó designando a Aníbal Fernández, ambos con concepciones que aparecen como antagónicas. Los dos fueron blanco reiterado de las críticas públicas de Berni.
Mientras ellos se provocan por la tele, hacen gestos ampulosos, o no se hablan durante meses, hay gente en el conurbano que decide no salir después de las 21 por temor a los tiroteos o arriesga su integridad al salir a buscar un colectivo a las 6 de la mañana. Mientras traman zancadillas a sus rivales políticos, el narcotráfico crece y se ramifica en todo el país, más allá del paroxismo criminal que se vive en Rosario. Hace estragos en miles de chicos que se transforman en víctimas o en victimarios.
No es difícil entender por qué crece en adhesiones la estrambótica candidatura de Javier Milei, sólo gritando consignas contra el estado y proponiendo disparates. Es que no dejan de ayudarlo. Se parecen demasiado a la caricatura que suele trazar el libertario.