Las fotocopias de los escritos que meticulosamente realizó Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta –secretario de coordinación del del ex Ministro de Planificación Julio De Vido– y que revelan un sistema de delivery de bolsos con coimas entre empresarios y funcionarios detonaron el escenario político nacional. Más allá de la sospechosa incineración de los cuadernos originales, las revelaciones realizadas por el periodista de La Nación, Diego Cabot, exponen la existencia de delitos graves contra la administración pública.
Sólo los muy fanatizados por la gestión que se inauguró en 2003 y terminó en 2015 niegan de manera terminante la existencia de corrupción en la obra pública y en áreas claves como energía y transporte, durante ese período. A ellos no los convencen ni las imágenes donde se lo ve a José López dejando en un convento bolsos con nueve millones de dólares. López fue durante doce años Secretario de Obras Públicas de la Nación.
En el país del blanco y negro las opiniones generadas por el descubrimiento periodístico van desde la euforia al escepticismo total. Más allá del debate serio y de las peleas en las redes, desde el punto de vista judicial se está ante una extraordinaria posibilidad de sancionar prácticas corruptas y endémicas en la argentina. Es conocido que las empresas que le cobran al Estado por trabajos o servicios –tanto en el ámbito nacional como en el provincial o municipal– “colaboran” con funcionarios o campañas (los aportes para Cambiemos en la provincia de Buenos Aires son un buen ejemplo). Quien no participa del mecanismo suele quedarse sin contratos y adjudicaciones. El sistema de recaudación ilegal es inmune a los cambios ideológicos.
Desde que hace una semana comenzaron los primeros allanamientos por las revelaciones de los cuadernos son 16 los detenidos y 18 ex funcionarios fueron citados a declaración indagatoria, entre quienes se destaca Cristina Kirchner, a quien el juez sindica como cabeza de una asociación ilícita. Según los escritos del chofer le llevaban plata a su casa y a la quinta de Olivos. Bonadío ya había utilizado esa figura contra la ex presidente. Lo que es más novedoso y trascendente es que entre los detenidos hay una decena de empresarios. En Argentina el poder económico no suele sufrir consecuencias por sus ilícitos. Basta recordar que no hubo banqueros presos en un país donde los bancos se quedaron con los ahorros de gran parte de la población. Tampoco los operadores judiciales que suelen garantizar estos negocios suelen sufrir consecuencias y hay un par en la mira. Esta es otra novedad positiva.
La peor noticia para la investigación es que el magistrado a cargo de la misma es Claudio Bonadío, uno de los jueces más cuestionados del fuero federal. No sólo por su parcialidad evidente sino por la comisión de múltiples y variadas operaciones incompatibles con su función. Para colmo, el juez se quedó con la causa de manera irregular. En lugar de mandarla a sorteo –los primeros datos surgieron en otra causa sobre la importación de gas licuado– como correspondía hacerlo, la capturó para sus dominios. No es la primera vez que el polémico juez aplica lo que se denomina en tribunales como forum shopping sin sufrir consecuencias por su accionar.
Bonadío tiene buena sintonía con varios miembros del gobierno nacional y se referencia con las principales espadas del Peronismo Federal. Es, además, uno de los jueces que mejores lazos tiene con la Embajada Norteamericana y este no es un dato menor. Hace unos días el editorialista Carlos Pagni enmarcó la investigación nacida en los cuadernos de Centeno en el enfrentamiento entre EEUU y China a nivel global que incluye el malestar manifiesto de los norteamericanos por el funcionamiento de una base china en la Patagonia. Pagni indicó además la ausencia de un cuaderno. ¿Lo tiene el juez o también fue a la hoguera? ¿Olvidaron hacerle fotocopias?
El chofer, que escribió con sorprendente nivel de detalle todo tipo de viajes y maniobras, terminó aceptando la eliminación de su tesoro en la parrilla del fondo. Con todo, reconoció ser el autor y anunció su deseo de “colaborar”. Eso le permitió ingresar el viernes pasado al programa de protección de testigos y obtener la libertad. Pero fue el ex-CEO de la empresa Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, quien le otorgó credibilidad a sus apuntes. Hasta ahora es el primer empresario en aceptar que pagó coimas para obtener contratos con el Estado. Veremos si hay más confesiones. Serán fundamentales para que la causa adquiera sustento. Aunque lo relativicen, tanto desde Comodoro Py como desde el periodismo más cercano al gobierno, es insólito que hayan desaparecido los originales de la principal prueba de cargo. Las pericias sobre los textos del chofer hubiesen dado certezas sobre la época en que se hicieron las anotaciones.
Cerca de Cristina Kirchner insisten en decir que se trata de una maniobra política del macrismo “una novela para distraer la atención de la crisis económica” y agregan “fue en la semana en que se conocen nuevos tarifazos y la caída de la actividad industrial”. Por ahora la ex presidenta se mantiene en silencio y solo aceptó que se exhiba una foto suya junto a Hugo Moyano. Para abonar la teoría de la conspiración indican que Centeno es un ex oficial de Arsenales del Ejército y su amigo Jorge José Bacigalupo, ex sargento de la Policía Federal Argentina, quien le entregó los cuadernos a Cabot, declaró en un blog alarmado porque los kirchneristas querían imponer “la patria socialista” cuando “en el campo de batalla fueron derrotados”. No alcanza. No importa quién hace una denuncia, lo trascendente es saber si es cierta.
En el gobierno celebraron el escándalo sin disimulo. Más allá que entre los detenidos figure Javier Sánchez Cavallero, ex Ceo de Iecsa, la empresa de la familia Macri. No creen que Bonadío llegue a ordenar la detención del primo del presidente. Ángelo Calcaterra que se cansó de hacer negocios con el Estado, por el momento, duerme tranquilo. Franco, el papá del presidente, fue el gran abrepuertas de los negocios con China. También sorprende que no esté detenido Paolo Rocca si es que, como dicen los cuadernos, el inefable Baratta fue varias veces a buscar dinero a la sede de Techint.
Por lo pronto, no sólo se complica el frente judicial de Cristina Kirchner, también sirve para profundizar la polarización y obligarla a “jugar” en 2019 lo que a esta altura es una necesidad para el gobierno. La investigación impacta, además, en el resto del peronismo. En especial a los que auspician algún tipo de unidad con internas abiertas. En el llamado Peronismo Federal van de la duda a la satisfacción. Hasta esta semana eran el único sector que no crecía en las encuestas con los errores del gobierno. Se entusiasman con cosechar algo gracias a los problemas de CFK en tribunales.
Desde ese sector de confort el senador Miguel Ángel Pichetto ratificó que no avalarán el desafuero de la ex presidente pero es posible que le den el ok a los allanamientos a sus domicilios de CABA y Santa Cruz. Al rionegrino le encanta tener las llaves que pueden afligir a sus rivales. Los allanamientos, por anunciados, tendrán poco valor probatorio pero habilitarán las fotos que tanto le gustan al juez.
Lo cierto es que la investigación judicial sobre los apuntes del chofer de Baratta puede convertirse en una bisagra en la lucha contra la corrupción o en un nuevo brulote. Es un juez sospechado de parcial y de corrupto el que investiga el mayor entramado de negocios espurios que se haya revelado hasta ahora en la Argentina. Una causa donde se entrecruzan intereses políticos nacionales y extranjeros en un escenario de creciente deterioro económico y debacle moral.
Analizar lo que está pasando con la lógica de la grieta es una torpeza en la que sólo se puede incurrir de manera deliberada. Retrucar con los cuadernos de Centeno a la estafa con el Correo o con los bolsos de López a los aportantes truchos en Buenos Aires es una actividad para militantes no para periodistas o intelectuales honestos.